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Gobernador autoriza estudio sobre el impacto del COVID-19 en la Isla

Será un esfuerzo entre el gobierno y el sector privado e incluye el impacto en la salud, los pequeños y medianos empresarios, el turismo, los bienes raíces, entre otros.

El gobernador  Pedro Pierluisi convirtió en ley el Proyecto de Administración 17 (Resolución Conjunta del Senado 71) que ordena a varias agencias del Gobierno, en conjunto con el sector privado, a realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la Isla.

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Por parte del Gobierno el estudio será dirigido por la Junta de Planificación (JP) en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda (DH). También, participarán el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y los Departamentos de Salud y de Educación.

En representación del sector privado estarán la Cámara de Comercio (CCPR), la Asociación de Industriales y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM).

«Por más de dos años la pandemia del COVID-19 ha trastocado la vida de todos y a pesar de que las estadísticas del desempleo son las más bajas en la historia, y de que nuestra industria turística se ha ido recuperando positivamente, así como otros sectores de nuestra economía, es importante que contemos con un estudio y datos puntuales sobre el impacto de la pandemia en Puerto Rico. Las recomendaciones del sector público y privado ayudarán a que continuemos estableciendo estrategias de desarrollo económico y de calidad de vida en la Isla», sostuvo el gobernador en comunicación escrita.Curso en línea de interés – Responsabilidad profesional en tiempos de emergencia 

Las agencias y entidades privadas deberán someter el estudio al gobernador y la Asamblea Legislativa en un término no mayor de 180 días. En el documento, entre otras cosas, deberán analizar los efectos de la pandemia en la salud, el comercio, los pequeños y medianos empresarios, el turismo, los bienes raíces, la agricultura, servicios, construcción, entre otros.

Asimismo, tendrán que emitir recomendaciones sobre posible legislación y medidas reglamentarias que garanticen la recuperación económica.

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