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¿Qué recursos legales tiene la Junta para frenar la Reforma Laboral?

Si la Junta de Supervisión Fiscal demanda al gobierno para evitar la implementación de la Reforma Laboral, sería la primera vez que presentan un recurso legal para frenar una legislación que afecta directamente al sector privado.

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Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tiene ante su consideración desde la semana pasada el proyecto de la Cámara de Representantes 1244, que le daría paso a una Reforma Laboral, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), podría estar presentando un recurso legal para frenar la legislación debido a que es contraria al plan fiscal certificado y a la Ley federal PROMESA.

Junta de Supervisión rechaza la Reforma Laboral

El abogado laboral y exsecretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra Gutiérrez, destacó que de ocurrir, esta controversia legal seria histórica porque significaría la primera vez que la Junta va en contra del gobierno por una legislación que impacta principalmente al sector privado.

“Son básicamente dos secciones de la Ley PROMESA que la Junta de Supervisión Fiscal puede activar para frenar una ley. Son la sección 204 y la 108. Básicamente, lo que se establece es que, si el ente establece que una ley es inconsistente con el Plan Fiscal, la Junta le puede ordenar al gobierno que no la implemente”, destacó el exsecretario del Trabajo. “Nunca han demandado al gobierno por una ley que afecte al sector privado”, agregó.

Actualmente, la Junta de Supervisión ha presentado alrededor de diez demandas en contra del gobierno porque ciertas legislaciones incumplen con las disposiciones de la Ley federal PROMESA, como lo ha sido, por ejemplo, la Ley de Retiro Digno.

“Todas esas leyes, la Junta le envía una misiva al gobierno informándole que la legislación es inconsistente con el Plan Fiscal. La Junta está invicta en estas demandas. No han perdido ni una. La jueza Laura Taylor Swain, básicamente, ha establecido que el gobierno tiene que demostrar que la conclusión de la junta es caprichosa e irrazonable. Eso es un estándar bien bajito. Mientras, la junta solo debe evidenciar un incumplimiento con el plan fiscal, y con eso es suficiente”, agregó.

Particularmente, el tema es aún más interesante cuando se habla sobre las enmiendas a la Reforma Laboral, porque para el abogado hasta ahora las demandas que ha llevado la Junta han sido con leyes que están relacionadas directamente con el fisco, término que hace referencia al Estado como persona jurídica que tiene la facultad de hacer recaudos.

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“Siempre han sido leyes que, para la Junta, ha sido fácil identificar el incumplimiento como impacta el presupuesto del gobierno. Pero, ellos lo atan a que -si se implementa la Reforma Laboral- vamos a tener pérdidas de empleo. Aunque yo aun encuentro eso un poco esotérico. Lo único que yo veo concreto es el Crédito al Trabajo, porque el Plan Fiscal presume que cierta cantidad de ese crédito al trabajo va a estar fluyendo en la económica. Ese crédito depende de la cantidad de personas que trabajan”, dijo.

Ayer la Junta de Supervisión a través de una misiva se opuso al proyecto de la Cámara de Representantes 1244 porque es contrario al plan fiscal certificado y a la Ley federal PROMESA.

“El Proyecto de la Cámara de Representantes 1244 (P. de la C. 1244) propone derogar ciertas partes de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (LTFA, por sus siglas en inglés) para restablecer muchas de las onerosas restricciones laborales que existían antes de la aprobación de la LTFA, y crear nuevas restricciones laborales”, reza la misiva firmada por el presidente, David Skeel.

Mediante esta legislación se restituirán y ampliarán los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, luego de que la Cámara de Representantes y el Senado concurrieran con las enmiendas a la medida, se espera que se convierta en ley lo antes posible.

Con esta medida se aumenta a 1.25 día por mes de vacaciones a empleados de jornada completa; se crea un nuevo beneficio de mediodía por mes de vacaciones y un día por enfermedad a empleados de jornada parcial; se reduce la acumulación para el bono de navidad de 1,350 horas a 700 horas y a 900 horas las Pymes; el periodo prescriptivo se aumenta a tres años; se revierte la presunción del despido a favor del empleado o empleada; se reduce el periodo probatorio a tres meses con posibilidad de extenderse tres adicionales previa notificación; se pagará las horas extra en exceso de las diez horas a tiempo doble en acuerdos de flexitime y sin acuerdo de flexitime a tiempo y medio; entre otros beneficios.

El gobernador tiene hasta el martes, 21 de junio para firmar o vetar la medida. A partir de esa fecha, tiene siete días para demostrar que la legislación no es inconsistente con el Plan Fiscal.