Nota de la editora: ¿quieres estar al día con noticias laborales? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
A pocos días de finalizar la tercera Sesión Ordinaria, tanto el Senado de Puerto Rico como la Cámara de Representantes, aprobaron el Proyecto de la Cámara 1133, que busca aumentar el salario base de las personas que reciben propinas a 50% del salario mínimo estatal vigente y dispone que, de haber cambios futuros en el salario mínimo de Puerto Rico, las personas sujetas a ingresos por concepto de propinas nunca recibirán menos del 50% del salario mínimo como salario base.
A partir del 1ro de enero de 2022, el salario mínimo estatal en Puerto Rico aumentó a $8.50 la hora. Sin embargo, este aumento no cobija a las personas que reciben propinas como parte de su ingreso, quienes tendrían que esperar que la Comisión de Salario Mínimo emita un decreto mandatorio.
Curso relacionado – Ley de salario mínimo: ¿Compensación justa y adecuada?
La propuesta legislativa, que primero fue aprobada en Cámara con 40 votos a favor y 4 votos en contra, y contó luego en el Senado con 22 votos a favor y 3 en contra de la misma, busca aumentar el salario mínimo de quienes reciben propinas a 50% del salario mínimo vigente al momento. Esto llevaría el salario base para estas personas trabajadoras a unos $6.37 la hora.
El nuevo salario sería vigente a partir del 1 de enero de 2023.
Además, de ser convertido en ley, la medida dispone para que, de haber cambios futuros en el salario mínimo, las personas que reciban propinas no podrían recibir menos del 50% del nuevo salario.
Originalmente, el proyecto buscaba que, eventualmente, las personas que reciban propinas tengan el mismo salario que el resto de las personas trabajadoras.
Según la exposición de motivos, desde hace 26 años, el gobierno federal estableció en $2.13 la cuantía del salario base de las personas empleadas de industrias de servicios que reciben propinas.
Los patronos deben compensar la diferencia cuando las propinas no son suficientes para alcanzar el salario mínimo federal. La medida explica que, en la práctica, se denuncia recurrentemente el incumplimiento de los patronos con esta disposición legal.
