- La Ley Núm. 76-2022 hace obligatoria la pena de restitución en casos de corrupción.
- Aplica a bienes presentes y futuros del funcionario condenado por apropiación ilegal.
- Cubre pérdida de fondos o propiedad pública por varios delitos vinculados a la función pública.
- Objetivo: reforzar el estado de derecho y la responsabilidad en la administración de fondos públicos.
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El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estampó su firma en el Proyecto del Senado 771, que enmienda el Código Penal para hacer mandatoria la imposición de la pena de restitución en casos de corrupción.
Lee aquí la ahora Ley Núm. 76-2022
La ley aclara que la pena de restitución será con los bienes presentes y futuros del funcionario o funcionaria que sea encontrado culpable de apropiación ilegal cuando incluya propiedad o fondos públicos, cuando se pierda propiedad o fondos públicos por los delitos de influencia indebida, incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.
Según la exposición de motivos, la pena de restitución es discrecional en algunos delitos. Al convertirse en ley, la pena se convierte en obligatoria con el propósito de construir un estado de derecho en donde la persona con acceso a fondos públicos se le imponga el más alto grado de responsabilidad y pulcritud en su administración.