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CAAPR radica medidas de justicial social a favor del notariado

Estas medidas son el broche de oro de la gestión de la presidenta del Colegio, quien se ha destacado por haber logrado un aumento en matricula y por su ardua lucha social en beneficio de abogados que han sido víctima de querellas infundadas.

La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño López anunció la radicación de dos importantes medidas legislativas de justicia social para el pueblo consumidor y los notarios y notarias.

La Lcda. Calcaño López explicó que la primera es el Proyecto de la Cámara 1472 presentado por el Colegio y el vicepresidente de la Cámara de Representantes José Varela Fernández. Esta medida establece un arancel fijo en las escrituras autorizadas por notarios con el fin de evitar incertidumbre y estabilidad en los mercados evitando, así como la especulación. El arancel va desde una cantidad fija de $500 hasta 3% del monto de la cuantía en algunos casos. “Este arancel no se ha revisado significativamente desde su aprobación original en 1987 por lo que es imperativo su revisión. La revisión es necesaria por el nivel de responsabilidad del notario y el alto nivel de inflación, entre otros factores”, añadió.

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La presidenta del Colegio enfatizó que en Puerto Rico los notarios son abogados licenciados y el ajuste de aranceles es necesario para remunerar en sus méritos el servicio notarial de la calidad que nuestro sistema exige. El proyecto explica que el notario “tiene una función preventiva similar a la del Juez, encaminada a reducir los litigios, en la que actúa como asesor imparcial”.

Añadió la letrada que “el propósito de esta Ley es reafirmar una política pública de retribución fija por los servicios notariales, a fin de que el Estado sea quien establezca las tarifas de aranceles notariales en protección a las partes y a la seguridad del tráfico jurídico en general, así como la necesaria igualdad del ciudadano ante el acceso a los servicios notariales. La existencia de un arancel fijado por autoridad competente elimina la incertidumbre por el costo del servicio notarial y obliga a su cumplimiento a todas las partes que intervienen en las transacciones, así como a los integrantes de la profesión notarial. Además, permite al consumidor evaluar las cualidades del notario tales como la calidad del servicio profesional, la preparación jurídica, la capacidad de trabajo, la rapidez, la diligencia, la organización de la notaría y los antecedentes profesionales y personales, entre otros valores subjetivos”. En definitiva, el Arancel fijo funciona en beneficio del consumidor que sabe de antemano el costo del servicio profesional a recibir, el que está fijado siempre sobre la base de un precio justo”.

Por otra parte, la presidenta también anunció la radicación por petición del Colegio del Proyecto de la Cámara 1473 radicado por el representante Ángel Fourquet Cordero. Dicho proyecto tiene como propósito enmendar el Artículo 34 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”, a los fines de ordenar al Departamento de Estado certificar la vigencia tanto de la licencia como de la firma, rúbrica, signo y sello del notario, para efectos de la validez del instrumento cuando ocurra omisión de la firma del notario(a) en la otorgación de escrituras, actas, testimonios, y otros documentos; y para otros fines relacionados” .

La licenciada explicó que “este proyecto lograra evitar muchas injusticias tanto para los notarios como a las partes envueltas en una escritura y lograra que nuestros Tribunales no tengan que intervenir en los casos donde la ausencia de firma del notario sea la causa de nulidad de un instrumento público”.

“Confiamos en que la Asamblea Legislativa y el Honorable Señor Gobernador conviertan estos dos proyectos en ley para beneficio de todos los consumidores y en justicia a los notarios que están luchando día a día por continuar laborando en favor del pueblo. Los estudios demuestran que cada día son menos los abogados que se dedican a la práctica de la profesión. El éxodo de estos profesionales continua en aumento y la viabilidad de las oficinas de abogados prácticamente se complica cada vez más por lo que estas medidas son necesarias para proteger y apoyar la profesión”, culminó, expresó Calcaño López.

Estas medidas son el broche de oro de la gestión de la presidenta del Colegio quien se ha destacado por haber logrado un aumento en matricula y por su ardua lucha social en beneficio de abogados que han sido víctima de querellas infundadas. En su récord tiene más de 230 casos donde ha actuado en defensa del colegiado que está amenazado por una querella.