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CAAPR aboga por la abolición de las leyes de cabotaje

La coalición fue creada en el año 2015 durante la presidencia del Lcdo. Mark Anthony Bimbela.

Ante la situación surgida tras el paso del huracán Fiona y la inseguridad creada ante la escasez de diésel y suministros para atender las necesidades urgentes del país en hospitales, comercios y residencias, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Lcdo. Manuel Quilichini, ha reactivado la coalición denominada Junte de Voluntades para exigir que se exima a Puerto Rico de la aplicación de la Ley Jones, conocida como Ley de Cabotaje.

Lupa desde la academia a las leyes de cabotaje

La coalición fue creada en el año 2015 durante la presidencia del Lcdo. Mark Anthony Bimbela, integrada por representantes de la comunidad legal, sindicatos, empresarios, navieros, líderes religiosos, comunidades, comerciantes, ciudadanos en su carácter personal, organizaciones políticas y agrupaciones de juristas puertorriqueños en los Estados Unidos, entre otros.

El Junte de Voluntades manifestó en conferencia de prensa que la recién exención temporal de las leyes de cabotaje es una oportunidad perfecta para que el Gobierno de Puerto Rico reclame de una manera más contundente la eliminación de las leyes de cabotaje en el País.

Las leyes de cabotaje imponen que toda mercancía proveniente por vía marítima de puertos estadounidenses, tengan que trasladarse a Puerto Rico en barcos de construcción, tripulación y bandera estadounidense. Esta realidad nos impone un sobreprecio en los productos que consumimos de más de $1,500 millones al año, dado el hecho de que el 85% de los productos que consumimos no se producen en Puerto Rico. Lo anterior contrasta con la realidad de las Islas Vírgenes estadounidense, a las cuales tal imposición no les aplica.

Uno de los puertos principales para el transporte de mercancía a Puerto Rico es el puerto de Jacksonville en Florida. Situaciones de emergencia como las creadas por Fiona en Puerto Rico y el huracán Ian en Florida, colocan a Puerto Rico en riesgo de confrontar no solo inseguridad alimentaria, sino escasez de otros productos de primera necesidad como son los medicamentos, el combustible y materiales para la industria de construcción, al momento de llevar a cabo labores de reconstrucción y salvamento, luego de emergencias como huracanes y terremotos.

“Hacemos un pedido urgente a la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González, a promover en el Congreso de los Estados Unidos la derogación de la Ley Jones.

“Si como muestra un botón basta, la urgencia de la derogación de esta ley la vemos en las dificultades que enfrentó el país para la descarga de 300 mil barriles de diésel, equivalentes a 12.6 millones de galones, que permanecieron por días estacionados en una barcaza anclada en aguas internacionales a 4 millas náuticas de Puerto Rico,” manifestó el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Mark Anthony Bimbela.

En el año 2018 la American Bar Association reclamó, en su resolución 2018-10B, que se eximiera de forma permanente a Puerto Rico de la aplicabilidad de la Ley Jones. Igual reclamo hizo la abogada Carmen Pacheco,expresidenta de la Puerto Rican Bar Association de la ciudad de Nueva York, quien se ha mantenido vinculada a este esfuerzo desde el impacto de los huracanes Irma y María en 2017”, enfatizó el Licenciado Bimbela, portavoz del Junte de Voluntades.

Independientemente, se haya producido temporalmente el levantamiento de las restricciones que impone la Ley, el Junte de Voluntades manifestó su propósito de mantenerse activo en una campaña educativa hacia el País, como también su compromiso de participar y promover acciones concertadas con otros sectores de la sociedad civil en aras de alcanzar la derogación de la aplicación de la Ley Jones a Puerto Rico.

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