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COLUMNA – La importancia de una política institucional hacia la argumentación oral en el Tribunal Supremo

Por el Lcdo. Orlandy Cabrera Valentín

En los pasados cinco años, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha emitido, en promedio, un total de cuarenta y cuatro Opiniones sobre distintas áreas del Derecho que afectan no tan solo las normas procesales de nuestro andamiaje jurídico, sino también las relaciones sociales entre los y las habitantes de la Isla. En cambio, la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) ha emitido, en promedio, un total de sesenta y seis Opiniones. Para cada una de sus opiniones, SCOTUS celebra una Vista Oral en la cual los abogados de las partes exponen sus posiciones y los jueces tienen la oportunidad de preguntar y expresar sus preocupaciones. Sin embargo, según surge de los Informes Estadísticos Anuales que publica el TSPR, esta Ilustre Corte no celebra vistas orales en ninguna de sus opiniones. Tal vez, este curso decisorio tiene su raíz en el cúmulo de trabajo asignado a los jueces, pero si lo comparamos con la cantidad de trabajo, tareas y funciones de los jueces de SCOTUS, nos daremos cuentas que esta no sería una buena contención.

La implementación de una política institucional, dirigida a calendarizar y a celebrar vistas orales, en al menos aquellos casos de alto interés público y constitucional, incentivaría a que los abogados desarrollen mejores habilidades de persuasión y convencimiento a nivel apelativo. Promovería una mayor trasparencia pública y una mejor percepción de la labor de los Honorables Jueces del Tribunal Supremo hacia el público en general. Además, captaría y cautivarías la formación de más juristas comprometidos con la justicia, como también alentaría y motivaría a los estudiantes de Derecho a mejorar y reforzar sus habilidades intelectuales.

Si nos remontamos al 16 de noviembre de 2018, podemos confirmar y corroborar el gran impacto que causó en la comunidad jurídica la celebración de la vista oral en Consejo de Titulares del Condominio Condesa del Mar v. Eduardo Chamah Martínez. Una sala llena de juristas, estudiantes y de medios de comunicación fue el escenario propicio para escuchar y apreciar una de las controversias jurídicas más importantes en los últimos años. El centro de atención era la dinámica de preguntas, respuestas y análisis entre los jueces del más Alto Foro Judicial y de prestigiosos y respetados letrados de la profesión jurídica. Aunque las consecuencias directas de dicha vista, no culminaron en una opinión formal del TSPR, debido a aspectos jurídicos no relacionados al tema que nos ocupa, las consecuencias indirectas fueron inmensas y se cristalizaron inmediatamente en la comunidad jurídica.

Lo que ocurrió en la vista oral de Condesa del Mar y Chamah Martínez fue el catalítico de un afloramiento sistemático en el sentir de los espectadores, en imitar el intelecto jurídico desplegado aquella mañana. La Competencia Miguel Velázquez Rivera adquirió más auge y prestigio del alcanzado hasta ese momento, la comunidad jurídica empezó a mejorar y perfeccionar sus habilidades de oratoria y persuasión verbal para lograr alcanzar o asemejar el grado de proyección que habían presenciado.

En tal sentido, toda oportunidad de fomentar, aumentar y asegurar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial y sus representantes es beneficiosa, independientemente del caso o del litigante. El Derecho que se desarrolla, a partir de estas argumentaciones, puede ser muy importante. Las argumentaciones orales conducen a una decisión legal detallada, refinada y vinculante en nuestro ordenamiento.

Aunque la celebración de vistas orales parece ser un asunto de menor importancia, la realidad parece ser otra. Existe un dicho famoso que, adaptado a esta discusión, podría leer como sigue: “Hacer un buen trabajo (redactar la opinión) no es todo el trabajo. Parte del trabajo, es entender que los asuntos de menor importancia (argumentación oral) importan, aunque la mayoría crea que no”.

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