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COLUMNA – ¿Tiene el instrumento que ser uno perdido o robado?

Columna de opinión escrita por el licenciado José Gierbolini.

Por el Lcdo. Jose Gierbolini, Juris Zone Law Offices PSC

No existe abundante jurisprudencia o casos persuasivos que interpreten la Sección 2-305 (C) y (D) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, 19 LPRA sec. 605. Existe Sentencia de naturaleza persuasiva que hace alusión a la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, supra. Dicho caso es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones: Margarita López Rivera y otros v. William Torres Colón y otros, KLAN201000564 (7 de diciembre de 2010).

La Sentencia precitada del Tribunal de Apelaciones expresa, lo que se transcribe a continuación, sobre la Sección 2-305 (C):

Además, la Sección 2-305 (c) de la Ley 208, 19 L.P.R.A. sec. 605 (c), dispone que el deudor “no está obligado a pagar el instrumento si la persona que está exigiendo el cumplimiento del instrumento no tiene los derechos de un tenedor de buena fe y el deudor prueba que el instrumento es uno perdido o robado”. Esto es así, porque el tenedor de buena fe recibe el instrumento exento de reclamaciones, salvo las que atañen al instrumento mismo (citando a Silva v. D. G. S. T. Two, Inc., 113 D.P.R. 747, 749 (1983); M. Garay Aubán, Derecho cambiario, Ponce, Editorial Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, págs. 241-245. Margarita López Rivera y otros v. William Torres Colón y otros, supra, en las páginas 13-14.

Existen otras Sentencias del Tribunal de Apelaciones que, si bien aluden a varias secciones de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, no interpretan las Secciones 2-205 (C) y 2-305 (D) de la ley citada. Dichas sentencias son las siguientes: Caribbean Private Equity Fund LLC v. RJA Engineers PSC, KLCE202200674 ( 20 de septiembre de 2022); PR Recovery and Development JV, LLC, por conducto de su agente autorizado, Island Portfolio Services, LLC v. Nimsy Ruíz Cordero, KLAN202100019 (23 de abril de 2021); Sucesión Louis González Núñez y otros v. María Pagani Meléndez, KLAN201800913 (19 de marzo de 2019); Scotiabank de Puerto Rico v. Myriam Dee Fox Aguiar, KLAN201701024 ( 18 de septiembre de 2017) y Sánchez Betances, Sifre & Muñoz Noya v. Rodríguez International Investment Corp. Inc., KLAN201300811 (18 de febrero de 2015).

La Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada no se halla supeditada al texto de la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, supra. Una parte no tiene que probar que el instrumento negociable es uno perdido o robado conforme a la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA § 605 (c) porque el reclamo se ampara en la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA § 606 y dicha sección no requiere que el instrumento negociable se encuentre extraviado o robado. Es decir, la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, no está supeditada a la Sección 2-305 (C) de la referida ley, salvo que el reclamo esté sujeto a lo que dispone la Sección 2-305 (D).

El reclamo se ampara en el hecho que el acreedor no es tenedor de buena fe del instrumento negociable. Ello, cuando se adquiere el instrumento negociable a sabiendas de que está en mora y con pleno conocimiento del proceso de ejecución de hipoteca.

La Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, dispone lo siguiente:
(c) Salvo según se dispone en la subsección (d), en una acción para exigir el cumplimiento de la obligación que tiene una parte de pagar el instrumento, el deudor no podrá reclamar contra la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento una defensa, reclamación por resarcimiento, o reclamación contra un instrumento (Sección 2-306) de otra persona, pero la reclamación de la otra persona contra el instrumento podrá interponerse por el deudor si la otra persona se une en la acción y personalmente interpone el reclamo contra la persona con derecho a hacer valer el instrumento. Un deudor no está obligado a pagar el instrumento si la persona que está exigiendo el cumplimiento del instrumento no tiene los derechos de un tenedor de buena fe y el deudor prueba que el instrumento es uno perdido o robado. (Énfasis suplido).

La Sección 2-305 (D) de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, por su parte, expresa lo siguiente:
(d) En una acción para exigir el cumplimiento con la obligación contraída por una parte avalista de pagar un instrumento, la parte avalista podrá reclamar contra la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento toda defensa o reclamación por resarcimiento bajo la subsección (a) que la parte avalada pueda interponer contra la persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, excepto las defensas de relevo en procedimientos de insolvencia, minoría de edad y falta de capacidad legal. (Énfasis suplido).

La versión del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos (“UCC”) de la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, es la Sección 3-305 (c) del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, la cual se transcribe a continuación:

(c) Except as stated in subsection (d), in an action to enforce the obligation of a party to pay the instrument, the obligor may not assert against the person entitled to enforce the instrument a defense, claim in recoupment, or claim to the instrument (Section 3-306) of another person, but the other person’s claim to the instrument may be asserted by the obligor if the other person is joined in the action and personally asserts the claim against the person entitled to enforce the instrument. An obligor is not obliged to pay the instrument if the person seeking enforcement of the instrument does not have rights of a holder in due course and the obligor proves that the instrument is a lost or stolen instrument. (Énfasis suplido). https://www.law.cornell.edu/ucc/3/3-305

La versión del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos de la Sección 2-305 (D) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, es la Sección 3-305 (d) del citado código estadounidense, la cual se transcribe a continuación:

(d) In an action to enforce the obligation of an accommodation party to pay an instrument, the accommodation party may assert against the person entitled to enforce the instrument any defense or claim in recoupment under subsection (a) that the accommodated party could assert against the person entitled to enforce the instrument, except the defenses of discharge in insolvency proceedings, infancy, and lack of legal capacity. (Énfasis suplido). Íd.

La versión del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos de la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, es idéntica a la sección antedicha y que la versión del citado código estadounidense de la Sección 2-305 (D) es bastante similar a la sección precitada.

Las secciones citadas del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos son idénticas a las secciones correspondientes del equivalente del Título 28 del Código de Washington D.C. Véase https://code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/28:3-305.

Dichas secciones del equivalente del Título 28 del Código de la ciudad capital de los Estados Unidos aparecen en la sección, que se identifica a continuación: § 28:3–305. Defenses and claims in recoupment y que se transcriben a continuación:

(c) Except as stated in subsection (d) of this section, in an action to enforce the obligation of a party to pay the instrument, the obligor may not assert against the person entitled to enforce the instrument a defense, claim in recoupment, or claim to the instrument (section 28:3-306) of another person, but the other person’s claim to the instrument may be asserted by the obligor if the other person is joined in the action and personally asserts the claim against the person entitled to enforce the instrument. An obligor is not obliged to pay the instrument if the person seeking enforcement of the instrument does not have rights of a holder in due course and the obligor proves that the instrument is a lost or stolen instrument. https://code.dccouncil.gov/us/dc/council/code/sections/28:3-305.

(d) In an action to enforce the obligation of an accommodation party to pay an instrument, the accommodation party may assert against the person entitled to enforce the instrument any defense or claim in recoupment under subsection (a) of this section that the accommodated party could assert against the person entitled to enforce the instrument, except the defenses of discharge in insolvency proceedings, infancy, and lack of legal capacity. Íd.

El hecho que el equivalente de las Secciones 2-305(C) y (D) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, en el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos resulten idénticas en el equivalente de las secciones del Título 28 del Código del Distrito de Colombia ( equivalente del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos), es interesante porque hay unas interpretaciones legales del código washingtoniano que permiten colegir que la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, no se halla supeditada a la Sección 2-305 ( C) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra.

En las anotaciones que aparecen en el Título 28 del Código del Distrito de Colombia que remite a los instrumentos negociables, se informa lo siguiente sobre sus secciones 3-305 (c ) y 3-305 (d):

4. Subsection (c) concerns claims and defenses of a person other than the obligor on the instrument. It applies principally to cases in which an obligation is paid with the instrument of a third person. For example, Buyer buys goods from Seller and negotiates to Seller a cashier’s check issued by Bank in payment of the price. Shortly after delivering the check to Seller, Buyer learns that Seller had defrauded Buyer in the sale transaction. Seller may enforce the check against Bank even though Seller is not a holder in due course. Bank has no defense to its obligation to pay the check and it may not assert defenses, claims in recoupment, or claims to the instrument of Buyer, except to the extent permitted by the “but” clause of the first sentence of subsection (c). Buyer may have a claim to the instrument under Section 3-306 based on a right to rescind the negotiation to Seller because of Seller’s fraud. Section 3-202(b) and Comment 2 to Section 3-201. Bank cannot assert that claim unless Buyer is joined in the action in which Seller is trying to enforce payment of the check. In that case Bank may pay the amount of the check into court and the court will decide whether that amount belongs to Buyer or Seller. The last sentence of subsection (c) allows the issuer of an instrument such as a cashier’s check to refuse payment in the rare case in which the issuer can prove that the instrument is a lost or stolen instrument and the person seeking enforcement does not have rights of a holder in due course. (Énfasis suplido). Íd.

5. Subsection (d) applies to instruments signed for accommodation (Section 3-419) and this subsection equates the obligation of the accommodation party to that of the accommodated party. The accommodation party can assert whatever defense or claim the accommodated party had against the person enforcing the instrument. The only exceptions are discharge in bankruptcy, infancy and lack of capacity. The same rule does not apply to an indorsement by a holder of the instrument in negotiating the instrument. The indorser, as transferor, makes a warranty to the indorsee, as transferee, that no defense or claim in recoupment is good against the indorser. Section 3-416(a)(4). Thus, if the indorsee sues the indorser because of dishonor of the instrument, the indorser may not assert the defense or claim in recoupment of the maker or drawer against the indorsee. Íd.

Section 3-305(d) must be read in conjunction with Section 3-605, which provides rules (usually referred to as suretyship defenses) for determining when the obligation of an accommodation party is discharged, in whole or in part, because of some act or omission of a person entitled to enforce the instrument. To the extent a rule stated in Section 3-605 is inconsistent with Section 3-305(d), the Section 3-605 rule governs. For example, under Section 3-605(b), discharge under Section 3-604 of the accommodated party does not discharge the accommodation party. As explained in Comment 3 to Section 3-605, discharge of the accommodated party is normally part of a settlement under which the holder of a note accepts partial payment from an accommodated party who is financially unable to pay the entire amount of the note. If the holder then brings an action against the accommodation party to recover the remaining unpaid amount of the note, the accommodation party cannot use Section 3-305(d) to nullify Section 3-605(b) by asserting the discharge of the accommodated party as a defense. On the other hand, suppose the accommodated party is a buyer of goods who issued the note to the seller who took the note for the buyer’s obligation to pay for the goods. Suppose the buyer has a claim for breach of warranty with respect to the goods against the seller and the warranty claim may be asserted against the holder of the note. The warranty claim is a claim in recoupment. If the holder and the accommodated party reach a settlement under which the holder accepts payment less than the amount of the note in full satisfaction of the note and the warranty claim, the accommodation party could defend an action on the note by the holder by asserting the accord and satisfaction under Section 3-305(d). There is no conflict with Section 3-605(b) because that provision is not intended to apply to settlement of disputed claims. Another example of the use of Section 3-305(d) in cases in which Section 3-605 applies is stated in Comment 4 to Section 3-605. See PEB Commentary No. 11, dated February 10, 1994 [Uniform Laws Annotated, UCC, APP II, Comment 11]. Íd.

Nada de lo dicho en los párrafos antes transcritos y que forman parte del Título 28 del Código del Distrito de Colombia (Washington D.C.) remite directa o indirectamente a la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales. El reclamo de la parte demandada consiste en ejercer su derecho de posesión sobre el instrumento negociable porque hubo una cesión onerosa, ya sea por venta u otro procedimiento similar de una institución financiera a otra de su crédito evidenciado, claro está, en un instrumento negociable. Y la sección de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, que permite gestionar el reclamo de la parte demandada es la Sección 2-306.

La Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, lee como sigue:
Una persona que toma un instrumento, que no sea una con derechos de tenedor de buena fe, está sujeta a una reclamación de derecho de propiedad o de posesión sobre el instrumento o su producto, incluyendo una reclamación para rescindir una negociación y recuperar el instrumento o su producto. Una persona con derechos de un tenedor de buena fe toma el instrumento libre de reclamaciones sobre el mismo. (Énfasis suplido).

La Sección 2-302 (a)(2) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, 19 LPRA sec. 602, complementa la Sección 2-306 antes transcrita, al dar cuenta de quién es un poseedor de buena fe de un instrumento negociable. Dicha sección dispone lo siguiente:

2) el tenedor [que] tomó el instrumento (i) por valor, (ii) de buena fe, (iii) sin tener aviso de que el instrumento estuviese en mora o hubiese sido desatendido o de que existiese un incumplimiento no subsanado respecto al pago de otro instrumento emitido como parte de la misma serie, (iv) sin tener aviso de que el instrumento contiene una firma no autorizada o ha sido alterado, (v) sin tener aviso de la existencia de una reclamación contra el instrumento de las descritas en la Sección 2-306, y (vi) sin tener aviso de que una parte tenga una defensa o reclamación de resarcimiento de las descritas en la Sección 2-305(a). (Énfasis suplido).

Cualquier atisbo de duda, con relación al derecho de propiedad o de posesión sobre el instrumento negociable, se disipa al leerse la Sección 2-302 (c) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, la cual expresa lo siguiente:

(c) Salvo en la medida que un cedente o predecesor en derecho tenga los derechos de un tenedor de buena fe, una persona no adquiere derechos de tenedor de buena fe de un instrumento adquirido (i) mediante procedimiento legal o por compra en una ejecución, quiebra o venta por el acreedor u otro procedimiento similar, (ii) por compra como parte de una venta a granel hecha fuera del curso ordinario de los negocios del transmitente, o (iii) como sucesor en derecho en una sucesión o en otra organización. (Énfasis suplido).

La cesión onerosa no requiere que el instrumento negociable haya sido robado o extraviado, a la luz de la Sección 2-306 y las otras secciones previamente transcritas de la citada ley que la complementan, supra.

Las secciones previamente transcritas de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, 2-306, 2-302 (c) y 2-302(a)(2), supra, constituyen una traducción de las respectivas versiones en inglés de dichas secciones del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Así se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, que lee en su parte pertinente lo siguiente:

Aunque está basada en los Artículos 1, 3, 4 y 4A del UCC (texto oficial-1990), esta Ley no es una mera traducción de dichas fuentes. Esta Ley se divide en cinco capítulos. El primero es el equivalente del Artículo 1 del UCC adaptado a nuestro derecho y provee las reglas de interpretación y aplicabilidad. El segundo capítulo cubre el tráfico de los instrumentos negociables, las órdenes y promesas de pago que son el mayor componente del cambio económico. Este capítulo es equivalente al Artículo 3 del UCC. (Énfasis suplido).

Lo dicho anteriormente es sumamente importante porque revela que la Sección 2-306, así como las secciones 2-302( c) y la 2-302(a)(2) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, tienen sus equivalentes en el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos y el equivalente de la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, ha sido objeto de interpretación judicial en los Estados Unidos.

El equivalente de la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, es la Sección 3-306 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos que lee como sigue:
A person taking an instrument, other than a person having rights of a holder in due course, is subject to a claim of a property or possessory right in the instrument or its proceeds, including a claim to rescind a negotiation and to recover the instrument or its proceeds. A person having rights of a holder in due course takes free of the claim to the instrument. (Énfasis suplido).

La sección transcrita en el acápite anterior es prácticamente idéntica a la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra.

La sección 3-306 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos fue objeto de interpretación en Fine et. al. v. Sovereign Bank ,671 F. Supp. 2d. 219 (D. Mass. 2009), el cual resulta de naturaleza persuasiva en esta jurisdicción. El tenedor de un instrumento negociable sujeto al reclamo de la sección 3-306 tiene el peso de la prueba de demostrar que es un tenedor de buena fe del instrumento en cuestión. El caso precitado expresa textualmente lo siguiente:

Generally, the holder of an instrument attempting to defend against a plaintiff’s claim under section 3-306 bears the burden of proving that she qualifies as a holder in due course. See Bowling Green, Inc. v. State St. Bank Trust Co., 307 F.Supp. 648, 653 n. 4 (D.Mass. 1969) («[O]ne claiming to be a holder in due course has the ultimate burden of proof when the action is not on the instrument but for conversion of it.»). However, the First Circuit in Jelmoli Holding seemed to suggest that the claimant, not the holder, has the burden of proving the holder’s knowledge of a fiduciary breach. See Jelmoli Holding, 470 F.3d at 19 («The plaintiff must . . . show knowledge by the taker, and not just warning clues, that the person tendering the check is a fiduciary.»

(emphasis added)). This issue regarding the burden of proof is interesting but need not concern the Court here. Since the Court concludes that plaintiffs are entitled to a new trial even if they bear the burden of proof on the notice issue, they would obviously be entitled to a new trial if the burden rested on defendant’s shoulders. Nota al calce 9, en la página 227.

La Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de los Estados Unidos reconoció que el tenedor de un instrumento negociable, conforme al Código de Comercio de Nueva York, que también incorpora el texto de la Sección 3-306 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, le compete demostrar que, en efecto es el tenedor de buena fe del mismo. El caso de dicha corte se identifica como A.I. Trade Finance, Inc v. Laminaciones de Lesaca, 41 F.3d 830 (2d Cir. 1994), que también resulta de naturaleza persuasiva en esta jurisdicción. Dicho caso expresa textualmente lo siguiente:

If the maker of a negotiable instrument has shown the existence of a defense, a holder who wishes to cut off that defense by claiming holder-in-due course immunity has the ultimate burden of establishing by a preponderance of the total evidence that he purchased the instrument for value, in good faith, and without notice. See NYUCC § 3307(3) cmt. 3. The holder’s initial burden on the issues of notice and good faith, however, is «a slight one» that may be satisfied by his affidavit disclaiming any knowledge of the maker’s defense when the notes were negotiated. First International Bank, Ltd. v. L. Blankstein Son, Inc., 59 N.Y.2d 436, 444, 465 N.Y.S.2d 888, 892, 452 N.E.2d 1216, 1220 *837 (1983). Such an affidavit, «[w]hile necessarily conclusory in form,» may nevertheless be enough to place on the maker the burden of coming forward with evidence sufficient to raise a genuine issue as to the holder’s notice of defenses. Id. Since documentary proof as to notice will ordinarily be in the hands of the maker, the holder will be entitled to summary judgment based on such an affidavit unless the maker proffers evidence of facts that, if accepted, would establish the holder’s notice of a valid defense. See id.

The purchaser of a note has notice of a claim or defense if, at the time he purchases the instrument, he has «knowledge of the claim or defense or knowledge of such facts that his action in taking the instrument amounts to bad faith.» NYUCC § 3-304(7). In determining whether a party had notice, the New York Court of Appeals has held that this section, a nonuniform provision of the pre-1990 version of the UCC, requires application of «`a subjective test of actual knowledge rather than an objective test which might involve constructive knowledge.'» See Carrefour U.S.A. Properties Inc. v. 110 Sand Co., 918 F.2d 345, 347 (2d Cir. 1990) (quoting Hartford Accident Indemnity Co. v. American Express Co., 74 N.Y.2d 153, 162, 544 N.Y.S.2d 573, 578, 542 N.E.2d 1090, 1094-95 (1989)). «Holders in due course are to be determined by the simple test of what they actually knew, not by speculation as to what they had reason to know, or what would have aroused the suspicion of a reasonable person in their circumstances. . . .» Id. at 163, 544 N.Y.S.2d at 578, 542 N.E.2d at 1094; see also Carrefour U.S.A. Properties Inc. v. 110 Sand Co., 918 F.2d at 348-49; Chemical Bank v. Haskell, 51 N.Y.2d 85, 93, 432 N.Y.S.2d 478, 481, 411 N.E.2d 1339, 1341-42 (1980), en las págs. 836-837.

An equivalent standard governs the Code’s requirement of «good faith.» That term is defined as «honesty in fact in the conduct or transaction concerned.» NYUCC § 1-201(19). In evaluating a party’s good faith, «the inquiry is what [the holder] actually knew.» Chemical Bank v. Haskell, 51 N.Y.2d at 92, 432 N.Y.S.2d at 480, 411 N.E.2d at 1341. If a holder «did not have actual knowledge of some fact which would prevent a commercially honest individual from taking up the instruments, then its good faith [is] sufficiently shown.» Id, en la pág. 837.

La definición de buena fe del Código Uniforme de Comercio del Estado de Nueva York es una copia al calce de la definición del término buena fe de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra. Por lo tanto, la interpretación que hace la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito de los Estados Unidos respecto a la buena fe del Código Uniforme de Comercio de Nueva York es altamente persuasiva para probar la buena fe del tenedor de un instrumento negociable bajo la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra.

La buena fe de acuerdo con el acápite (19) de la Sección 1-201 la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 451, “significa honestidad de hecho en la conducta o transacción que corresponde” mientras que, tenedor es definido en dicha ley como sigue:

respecto a un instrumento negociable, significa la persona en posesión del mismo si el instrumento es pagadero al portador o, en el caso de un instrumento pagadero a una persona identificada, si la persona identificada está en posesión del mismo. «Tenedor», respecto a un documento de título, significa la persona en posesión si los bienes son entregables al portador o a la orden de la persona en posesión. Véase acápite (20) de la Sección 1-201 de la Ley de Transacciones Comerciales, supra.

Otro caso sobre el Código Uniforme de Comercio de Nueva York que es altamente persuasivo que requiere que se demuestre la buena fe del tenedor de un instrumento negociable (teniendo la parte demandante el peso de la prueba) bajo la Ley de Transacciones Comerciales no siendo necesario demostrar que el instrumento negociable es uno perdido o robado es Williams v. Aries Fin., LLC, No. 09-CV-1816, 2009 WL 3851675 (E.D.N.Y. Nov. 18, 2009):

“As an assignee of the WSMB mortgage, DLJ is liable for all claims that Williams can bring against WSMB. N.Y. U.C.C. § 3-306 («Unless he has the rights of a holder in a due course any person takes the instrument subject to all valid claims to it on the part of any person.»). If, however, DLJ is a holder in due course, Williams cannot assert any of her claims against it, see United States v. Autorino, 381 F.3d 48, 55 (2d Cir. 2004), except for her claim for rescission under TILA, see infra § C.

The parties agree that the New York Uniform Commercial Code («UCC») governs this transaction. UCC § 3-305 establishes the rights of a holder in due course. The provision dictates that, except in certain situations that are not invoked by Williams here, a holder in due course takes an instrument free from «all claims to it on the part of any person.» N.Y. U.C.C. § 3-305. In order to be a holder in due course, DLJ must have taken a negotiable instrument «(a) for value; and (b) in good faith; and (c) without notice that it is overdue or has been dishonored or of any defense against or claim to it on the part of any person.» Id. at § 3-302.

The parties disagree about whose burden it is to establish DLJ’s status (or lack thereof) as a holder in due course. The UCC anticipates the use of the holder in due course doctrine by a plaintiff; it states that once a party demonstrates that a defense to payment exists, «a person claiming the rights of a holder in due course has the burden of establishing that he or some person under whom he claims is in all respects a holder in due course.» N.Y. U.C.C. § 3-307. More specifically, once a defense to a party’s claim as holder of a negotiable instrument is established by a preponderance of the evidence, the burden shifts back to the plaintiff to establish, by a preponderance of the evidence and with «affirmative proof,» that he or she is a holder in due course. Official Comment to the N.Y. U.C.C. § 3-307. Here, however, it is the defendant, DLJ, who is claiming to be a holder in due course.

DLJ claims that in order to survive a motion to dismiss, Williams must allege in her complaint that DLJ is not a holder in due course in order to survive a motion to dismiss, which she has failed to do. Williams alleges that DLJ must prove its status as a holder in due course. The case law on this issue is not clear. DLJ cites two cases requiring the plaintiff to allege that the defendant is not a holder in due course. Transglobal Mktg. Corp. v. Derfner Mahler, LLP, 246 A.D.2d 482, 483 (1st Dep’t 1998); Wilson v. Toussie, 260 F. Supp. 2d 530, 544 (E.D.N.Y. 2003). However, there are several other cases that require proof by the party claiming the rights of the status. Crossland Sav., FSB v. Foxwood S. Co., 202 A.D.2d 544, 545 (2d Dep’t 1994); Countrywide Home Loans, Inc. v. St. Louis, 290 B.R. 1, 8 (E.D.N.Y. 2003); Windy City Metal Fabricators Supply, Inc. v. CIT Tech. Fin. Servs., Inc., 536 F.3d 663, 672 (7th Cir. 2008).

I conclude that it would be unfair to require Williams to allege in her complaint that DLJ is not a holder in due course. Under the motion to dismiss standard as clarified by the Supreme Court in Iqbal, in order to state a claim for relief, a plaintiff must provide, in her complaint, «sufficient factual matter, accepted as true, to state a claim to relief that is plausible on its face.» Iqbal, 129 S. Ct. at 1949 (citation and internal quotation marks omitted). If DLJ is correct, Williams’s complaint would be facially plausible only if Williams alleges facts that plausibly established that DLJ is not a holder in due course. There are no doubt instances in which a plaintiff can make such an allegation in good faith, including when the instrument, on its face, is not a negotiable instrument. However, in cases where the facts in dispute are whether the defendant took the instrument for value, or whether the defendant took it «in good faith» and «without notice . . . of any defense against it or claim for it,» it would often be impossible for the plaintiff to allege «sufficient factual matter» to state such a claim in her complaint; the documents and other information detailing the events of the transfer are often peculiarly within the knowledge of the defendant who claims holder in due course status, and the plaintiff’s access to them is only through the tools of discovery.

Furthermore, the determination of holder in due course status requires the evaluation of evidence, which is not appropriately done at the motion to dismiss stage (and indeed no evidence has been presented to me on this motion). The determination of whether DLJ is a holder in due course is thus more appropriate for a motion pursuant to Rule 56. See Countrywide Home Loans, 290 B.R. at 9-13. If Williams can establish a defense to DLJ’s claim for payment of the mortgage loan, then the burden of proof will shift to DLJ to prove it is a holder in due course. Through a motion for summary judgment, after discovery has been completed, DLJ can challenge Williams’s defense to DLJ’s status as holder of the loan or it can «cut off that defense by claiming holder-in-due-course immunity.» A.I. Trade Fin. v. Laminaciones de Lesaca, S.A., 41 F.3d 830, 836 (2d Cir. 1994) (stating that immunity must be proven by the holder to a preponderance of the evidence).

DLJ makes other arguments in its reply papers regarding its status as a holder in due course. First, it asserts that the mortgage is a negotiable instrument. Although DLJ is accurate that a mortgage note can be a negotiable instrument, Wilson, 260 F. Supp. 2d at 542-43, there are instances in which it is not, including when the mortgage contains an additional promise in the agreement, P K Marble, Inc. v. La Paglia, 537 N.Y.S.2d 682, 683 (3d Dep’t 1989). Second, as to the requirements that a holder in due course take the instrument in good faith and without notice of any defense, DLJ correctly argues that the burden of establishing these elements is «a slight one.» First Int’l Bank, Ltd. v. L. Blankenstein Son, Inc., 465 N.Y.S.2d 888, 892 (1983). However, the burden still exists. The party claiming holder in due course status must provide some evidence that it has taken the note in good faith and without notice. As the case cited by DLJ establishes, an affidavit submitted by DLJ would be sufficient for these purposes. Ecoban Capital Ltd. v. Ratkowski, 712 F. Supp. 1120, 1122-23 (S.D.N.Y. 1989) («According to [Ecoban’s] unrebutted affidavit, Ecoban had no knowledge of any claims or defenses against the Note.»); A.I. Trade Fin., 41 F.3d at 836-37 («Such an affidavit, `while necessarily conclusory in form,’ may nevertheless be enough to place on the maker the burden of coming forward with evidence sufficient to raise a genuine issue as to the holder’s notice of defenses.»). (Énfasis suplido).

Por otro lado, y cónsono con lo expresado en los casos citados de naturaleza persuasiva de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso en Cruz Consulting Group, Inc. v. El Legado De Chi Rodríguez Golf Resort (S.C.), S.E., 191 DPR 499 (2014), lo siguiente:

Conforme a la obra del tratadista Miguel Garay Aubán, el principio fundamental del derecho cambiario es el de la incorporación del derecho al título. Garay Aubán, op. cit., pág. 9. Este principio significa que “un instrumento negociable no es una mera evidencia de una obligación que existe, se modifica o se extingue fuera del instrumento”, sino que “la obligación representada en el instrumento está inseparablemente unida a éste y se transmite mediante la transmisión del instrumento mismo”, siempre y cuando el instrumento se encuentre en manos de un tenedor de buena fe. [citas omitidas] pág. 9, citando a R. Uria, Derecho mercantil, 4ta ed., Madrid, Imprenta Aguirre, 1964, pág. 911. Del principio fundamental se derivan otros principios del derecho cambiario, entre los cuales se encuentra el principio de literalidad. [citas omitidas] citando a A. Ruiz de Velasco, Manual de derecho mercantil, 4ta ed., Bilbao, Ed. Deusto, 1992, pág. 441. (Énfasis suplido).

En el caso antes citado, el máximo Foro Judicial puertorriqueño reiteró el requisito de tenedor de buena fe de un instrumento negociable, circunstancia que no se cumple en el caso de marras, en lo que respecta a la parte demandante.

Cónsono con lo anterior, amerita traer a colación que hay instituciones financieras cuyas solicitudes judiciales de ejecuciones hipotecarias han fracasado porque no han podido demostrar que ostentan legítimamente el instrumento negociable en el que basaban dichas solicitudes. Véase, Chad J. Pomeroy, Well Enough Alone: Liability for Wrongful Foreclosure, 68 Ala. L. Rev. 943, 956-957 (2017).

Nos añade el profesor Gregory E. Maggs que es difícil que se apliquen en la realidad las disposiciones del UCC y da como uno de los ejemplos las reclamaciones a un tenedor que no es de buena fe:
“But section 3-305(b) really is a half-truth. In saying that a holder in due course takes an instrument free from defenses, the section conveys the idea that the assignees of promises to pay money who are not holders in due course of negotiable instruments take their assignments subject to ordinary contract defenses. Sometimes that is true. Yet very often the reality is different.” Gregory E. Maggs, A Complaint about Payment Law Under the U.C.C.: What You See is Often Not What You Get, 68 Ohio St. L.J. 201, 208 (2007).

Por otro lado, el reclamo de la parte demandada al amparo de la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, es afín con lo resuelto por el Honorable Tribunal Supremo en DLJ Mortgage Capital, Inc v. Santiago Martínez, 202 DPR 950 (2019).

Dicho caso sentó el precedente de que en toda transacción que implique la cesión de un instrumento negociable, no es de aplicación la figura del retracto de crédito litigioso del Artículo 1425 del Código Civil derogado, 31 LPRA sec. 3950; que es de aplicación a tales transacciones la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, porque goza de primacía. Cónsono con lo anterior, el reclamo de la Parte Recurrente se ampara precisamente en una disposición de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, la cual tiene primacía de acuerdo al caso DLG Mortgage Capital Inc. v. Santiago Martínez, supra.

Además, como bien señala el Profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Andrés Córdova Phelps, DLJ Mortgage Capital, Inc v. Santiago Martínez, supra, no discute “las disposiciones aplicables de [La Ley de Transacciones Comerciales] referentes a las protecciones que se le reconoce al deudor frente a un adquiriente de un instrumento cuando no es un tenedor de buena fe”. Véase, Andrés Córdova Phelps, Las ejecuciones de hipoteca y el retracto de crédito litigioso, (25 de septiembre de 2021) en https://aldia.microjuris.com/2021/09/25/las-ejecuciones-de-hipoteca-y-el-retracto-de-cosa-litigiosa/.

La Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, y otras secciones de la referida ley, supra, forman parte de la lista de secciones dirigidas a proteger al deudor con relación a un tenedor que no es de buena fe de un instrumento negociable. Véase, Íd.

Por lo tanto, el reclamo al amparo de la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra, constituye un reclamo válido que no se encuentra supeditado a lo que dispone la Sección 2-305 (C) de la Ley de Transacciones Comerciales, según enmendada, supra.