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Aclaran la jurisdicción Comisión Apelativa del Servicio Público en casos municipales

La CASP tiene jurisdicción exclusiva para entender todo caso sobre acciones disciplinarias o de personal en los casos de empleados municipales.

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La nueva Ley 24-2023, enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para aclarar la jurisdicción exclusiva de la Comisión Apelativa del Servicio en los casos de reclamaciones sobre decisiones de personal.

La enmienda de ley reafirma que las reclamaciones judiciales en las cuales se soliciten remedios de índole laboral o se incluyan alegaciones de daños y perjuicios fundadas en decisiones de personal podrán presentarse ante los tribunales una vez se haya agotado el trámite ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, incluyendo la revisión judicial. Si el caso se presenta ante los tribunales para interrumpir cualquier término prescriptivo, el proceso judicial se suspenderá hasta que concluya el proceso ante la referida Comisión.

La Comisión Apelativa de Servicio Público es la agencia adjudicadora que atiende las apelaciones de los empleados públicos sobre aquellas decisiones de personal que emiten los administradores, gerenciales o, en el caso de los municipios, la autoridad nominadora. Esta agencia, tiene la jurisdicción exclusiva para entender todo caso sobre acciones disciplinarias, incluyendo despidos, ascensos, remuneraciones, sueldo, clasificación del personal, entre otros asuntos de índole laboral según dispuesto en la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico.

En ese aspecto, cuando la autoridad nominadora toma una decisión, ya sea sobre un empleado en específico, o una determinación de carácter general, que afecte el estatus laboral del empleado o empleada municipal, el remedio que tiene es acudir en apelación a la Comisión Apelativa del Servicio Público.

El texto de la ley expone que a pesar de que la doctrina municipal es clara y existe vasta jurisprudencia para reafirmarla, muchas decisiones a nivel de instancia han reconocido la jurisdicción del tribunal, contrario al Derecho Municipal vigente.

Descarga la Ley 24-2023

Se afirma que la mayoría de las veces las reclamaciones judiciales de empleados municipales basadas en determinaciones de personal vienen acompañadas de alegaciones de daños y perjuicios. En esos casos el Tribunal Supremo ha determinado que cuando la acción comience en la esfera administrativa, si es que se pretende reclamar daños y perjuicios, la parte debe acudir al foro judicial dentro del término prescriptivo, quedando la acción judicial suspendida hasta que el dictamen administrativo sea final y firme.  No obstante, ante la insistencia de algunas determinaciones judiciales de proseguir el caso, muchos municipios han tenido que acudir al foro apelativo.

El Proyecto del Senado 313, de la autoría de la senadora Migdalia González Arroyo, fue firmada por el Gobernador Pedro Pierluisi el 13 de enero.