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Reclaman derecho a no ser registrados durante la SanSe 2023

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La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola) demandó al alcalde del municipio de San Juan, Miguel A. Romero, y al comisionado de la policía municipal, Juan José García, para que se garantice el derecho a no ser registrados ilegalmente en las tradicionales Fiestas de la calle San Sebastián.

Lee la demanda aquí.

El juez Anthony Cuevas Ramos había señalado una vista por videoconferencia para hoy jueves, 19 de enero de 2023 a las 10:00 a.m. para atender el litigio, y en dicha vista el juez Cuevas Ramos determinó que no se violan los derechos constitucionales al no permitir armas en guaguas contratadas, como alegaba la demanda de Codepola.

La corporación explica en su demanda que recientemente advino en conocimiento sobre e la intención del alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, de establecer puntos de cotejo «para el registro irrazonable de toda persona que interese obtener acceso a través del uso de trasportación publica y/o provista por el Municipio de San Juan con fondos públicos, a las calles, aceras, plazas y demás espacios públicos del Viejo San Juan, durante los días 19 al 22 de enero de 2023, del presente año».

La corporación sostiene que este tipo registro altera el derecho a la intimidad y la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Codepola, además, sostiene que advino en conocimiento de que los demandados «han realizado expresiones verbales y escritas indicando que «no [se] le proveerá transportación pública, a personas que estén legalmente autorizadas a portar armas de fuego«.

«CODEPOLA está aquí haciendo valer los derechos constitucionales de sus miembros y, además, el derecho fundamental de personas con las licencias armas expedidas y debidamente autorizadas por el Negociado de la Policia de Puerto Rico, quienes se ven afectados adversamente por la práctica ilegal de un registro sin orden, en los puntos de abordajes de autobuses y trasportación publica provista por el Municipio de San Juan», sostiene la demanda de la organización.

Solicitudes al tribunal

Principalmente, la corporación solicitó al tribunal:

  1. una sentencia declaratoria donde se establezca la inconstitucionalidad e improcedencia del registro de ciudadanos que utilicen transportación pública provista por el municipio de San Juan, así como la de cualquier ordenanza, plan, protocolo y/o reglamento de los demandados
  2. que emita un injunction preliminar y permanente en contra de los demandados, para impedir la implementación de cualquier tipo de registro irrazonable de las personas y pertenencias, de los ciudadanos que utilicen transportación publica provista por el municipio de San Juan
  3. que se emita una orden prohibiendo que el municipio de San Juan, cualquier agente, representante o persona contratada por este, que implemente o ejecute cualquier registro de ciudadanos que utilicen transportación pública provista por el municipio de San Juan