Un informe trabajado por la Comisión de Derechos Humanos, Civiles y Constitucionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expuso diversas fallas en la protección del derecho a la salud dentro de la pandemia del COVID-19.
«Puerto Rico carece de los mecanismos y el compromiso que requiere la promulgación de la política pública dirigida al acceso al derecho a la salud. Si bien es cierto que se ha creado legislación con la intención de atender las necesidades en la prestación de servicios de salud en el país, estos no han tenido resultados positivos y significativos en el trato a los y las puertorriqueñas que tienen la necesidad de atender su bienestar físico, mental y emocional», reza parte del documento titulado «Informe sobre vistas públicas posibles violaciones al derecho a la salud en Puerto Rico en el contexto del COVID-19«.
El trabajo de 57 páginas es del 18 de agosto de 2022, pero fue divulgado la semana pasada por el Colegio.
El informe fue encabezado por el presidente de esa Comisión, y ex presidente del Colegio, Lcdo. Edgardo Román Espada, quien falleció dos meses después de la fecha del informe.
Además, el informe también fue trabajado por las comisionadas, Vivian M. Pellicier Quiñones, LLM, la Lcda. Nylca J. Muñoz Sosa, DrPH y la Lcda. Alba López Arzola, PhD.
Tanto para personas con plan médico o con el plan del gobierno, o sin plan, para todas hubo diversas situaciones lamentables relacionadas al manejo del COVID-19 como:
- El cierre de oficinas médicas durante el confinamiento
- Limitación en la coordinación de servicios médicos -los médicos redujeron la cantidad de clientes atendidos por día-
- Las limitaciones de servicios médicos para las consultas con especialistas
- El miedo de los pacientes y familiares al contagio por la falta de información suficiente sobre la enfermedad por lo cual no buscan atención médica
- Falta de información que llevó a desconfianza en la vacuna, adaptación a servicios de telemedicina y consulta virtual que fue sumamente difícil para los de la tercera edad sin cuidadores
- Pérdida de citas médicas por no estar vacunados
- Los médicos exigieron la vacunación compulsoria lo que ocasionó muchos pacientes perdieran sus citas médicas
- Limitación en los referidos
En lugares como las islas municipios, la crisis tenía niveles adicionales porque se redujeron sustancialmente los viajes marítimos que le permitían a enfermos de condiciones como cáncer recibir el tratamiento médico que necesitaban y protocolos ineficientes en los terminales de lanchas.
Confinados
Respecto a los confinados del país, el informe de la comisión resalta que se entiende que Departamento de Corrección y Rehabilitación , no contempló medidas específicas de cernimiento para identificar a la población penal de mayor riesgo ni dirigió esfuerzos para descongestionar las instalaciones correccionales.
Esto a pesar que datos preliminares indican que el 80% de los presos sufre alguna condición seria de salud. Mientras, el 69% tiene al menos una de las condiciones médicas identificadas por el CDC como de alto riesgo ante el COVID-19; y el 25% de los que tienen condiciones de alto riesgo ante el COVID-19, sufren de más de una de esas condiciones.
Además, había escasez de equipo protector y hasta de pruebas para detectar contagios.
Por otra parte, el gobierno emitió un toque de queda que afectó los procesos criminales, teniendo que extender el periodo para que las personas sumariadas permanecieran restringidas de libertad.
Asimismo, se aprobó a finales de marzo el Protocolo de Prevención y Manejo de Infecciones por Coronavirus COVID-19.
No obstante, este documento no contaba con medidas específicas para atender contagios en la población que se consideraba de alto riesgo, como lo son pacientes con asma, afecciones pulmonares, diabetes y obesidad.
Entre las medidas recomendadas está reducir la población penal y distribuir equipo de limpieza.
Diversidad funcional
De otra parte, para las personas con diversidad funcional, la epidemia del COVID-19 le representó enormes retos por diversas razones: no se proveyó material educativos para esa población de inmediato, el tener que usar mecanismos virtuales o tecnológicos era algo muy limitado y limitante para esos ciudadanos, el toque de queda limitó el acceso a hospitales o incluso a transportación para recibir esos servicios y la ayuda de médicos y farmacias estaba limitada por las leyes, que luego fueron cambiando para permitir la telemedicina y el envío de recetas por correo electrónico.
En el sector de las personas adultas mayores, los hallazgos de las vistas públicas apuntan a en periodos de la pandemia hubo fallas en el proceso de vacunación de esas personas, así como el poco acceso a información sobre las vacunas, y de incidentes de que llegaban a un sitio a vacunarse para encontrar que estas se habían agotado. Parte de estos problemas mejoran con el tiempo.
Asimismo, se denunció que muchos adultos mayores se vieron desconectados de sus médicos y eso los llevó a estar periodos de tiempo sin los referidos y medicamentos necesarios. También se vieron afectados porque en medio de la pandemia cobro que el pago con métodos electrónicos y muchos adultos mayores no tienen ese mecanismo, y hubo casos aún más severos como los residentes de las islas municipio
Salud sexual y reproductiva
De forma similar, en las personas necesitadas de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva se vieron afectados por no tener acceso a las medicinas y servicios médicos necesarios para sus condiciones.
«Un Puerto Rico para todos y todas donde el acceso a la salud no se piense como una quimera, sino que se muestre como una realidad en la que todos y todas, ante los embates y padecimientos, podamos refugiarnos y vivir dignamente», expone el informe.
