Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en los tribunales de Puerto Rico? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
El Primer Circuito de Apelaciones en Boston revocó la sentencia impuesta por un juez federal por no ofrecer explicaciones para imponer una sentencia de 30 años en un caso en el que las guías de sentencia, según el informe del oficial Probatorio, recomiendan que la condena máxima fueran 10 años.
De acuerdo a la opinión apelativa, el acusado Jadnel Flores Nater, apodado Potro, hizo alegación de culpa por delitos relacionados a participar en el 2018 del secuestro de un sujeto en un residencial público, para llevarlo en auto a un lugar del barrio Barrazas de Carolina, y entonces asesinarlo de un disparo en la cabeza con un rifle.
Otros miembros de su pandilla también dispararon.
En el 2020 un gran jurado federal acusó a varias personas por el crimen, incluyendo a Flores Nater, quien originalmente se declaró inocente pero posteriormente llegó a un acuerdo con las autoridades, y admitió su culpa por un cargo de usar un arma de fuego para cometer un delito de violencia, mientras que fiscalía archivaba otros dos cargos y desistió de acusarlo por otro caso separado, según el documento.
¿Cómo se dicta una sentencia a nivel federal?
El funcionario federal que preparó el informe presentencia de este cargo, evaluó los cargos por los que se declaró culpable a la luz de las guías de sentencia, y expuso en el documento que le correspondía una sentencia «mínima mandatoria» de 120 meses o 10 años.
Pero, tanto la fiscalía federal como la defensa, argumentaron que estaban de acuerdo que la sentencia fuera mayor a esa, y solicitaron al juez 25 años de prisión contra Flores Nater, según la opinión apelativa.
Entonces, el juez Francisco Besosa en la vista de sentencia se expresó insatisfecho con la pena propuesta en el acuerdo.
«La sentencia recomendada por las partes no refleja la gravedad de la ofensa, no promueve el respeto a la ley, no protege al público de nuevos crímenes cometidos por el Sr. Flores, y no aborda las cuestiones de disuasión y castigo», resolvió el juez.
Acto seguido y, según Boston, «sin dar más explicaciones, el tribunal impuso una sentencia de encarcelamiento, que reflejaba un aumento (a lo recomendado en las guías de sentencia) de veinte años».
En un análisis «de abuso de discreción» en el que el acusado sostiene que «la sentencia es sustancialmente irrazonable», el tribunal apelativo indica que cuando un juez impone una sentencia «más alta (a la recomendada por guías de sentencia) debe explicar sus razones para hacerlo» y que «la obligación de la corte en explicarse ‘aumenta en proporción a la extensión de su desviación de las guías'».
La frase que usó el juez parece un intento de recoger los lineamientos mínimos expuestos en el Congreso, pero eso no satisface la obligación de un juzgador de hechos a indicar qué lo llevó a tomar su decisión, aun cuando se pueda inferir que tiene algo que ver la gravedad de los hechos imputados y que la fiscalía y la defensa proponían también una desviación de las guías de sentencia de 15 años (de 10 años de cárcel recomendado por el informe del oficial probatorio a los 25 que proponían la defensa y la fiscalía).
«Cuando al imponer una variación significativa, un tribunal de sentencia debe dejar claro qué hechos específicos del caso motivaron su decisión y por qué esos hechos llevaron a su decisión. El tribunal a continuación no cumplió con este estándar”
Boston también indica que no es la primera vez que este juez incurre en este tipo de sentencia mas alta sin proveer explicaciones.
