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Dos profesores de derecho evaluaron la posibilidad de que el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Clarence Thomas, enfrente un proceso de residenciamiento ante recientes revelaciones de carácter ético en su contra.
Bajo el título «Clarence Thomas y el billonario», que incluye fotos del juez sacadas de redes sociales, el grupo de periodismo investigativo independiente Pro Publica reveló en días recientes que el juez de mayor con mayor longevidad en el alto foro recibió por años lujosos viajes de placer de un multi millonario donante de causas conservadoras, Harlan Crow.
Mientras Pro Publica resaltaba que el juez nunca reveló en sus informes financieros esos viajes, como se suponía que hiciera por disposición federal, otros portales como Yahoo han revelado que su amigo multimillonario tiene gustos particulares como cuadros pintados por Adolf Hitler y estatuas de dictadores como Joseph Stalin.
Los actos imputados a Thomas son preocupantes, indican. Los más recientes en relación a jueces del alto foro que amerita establecer mecanismos disciplinarios para los jueces del más alto foro judicial del país, porque actualmente no están regulados por un código de ética.
«La única salida para disciplinar a un juez del supremo es el residenciamiento. Ellos no están regidos bajo el Código de conducta que regula a los otros jueces federales. Al igual que en Puerto Rico, a los jueces del Tribunal Supremo no les aplica el código de ética judicial que rige a los otros jueces», dijo el profesor de Ética de la escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Guillermo Figueroa Prieto.
El residenciamiento de funcionarios federales está contemplado bajo el Artículo II, Sección 4, de la Constitución federal, que dice: «el presidente, el vicepresidente y todos los oficiales civiles de Estados Unidos, deben ser removidos de su cargo por residenciamiento por, y condena de, traición, soborno y otros altos crímenes y delitos».
Los viajes secretos y no revelados son una actuación deplorable y violatoria de una ley federal que obliga la divulgación de regalos después de cierto valor, dijo el profesor de Ética.
Recalcó que el juez no divulgó los viajes por recomendación de alguien que él no identifica y no se sabe si es un experto en asuntos éticos.
Quizá no hay causa para residenciar, según Figueroa Prieto, pero ha quedado en evidencia fallas morales del juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Cabe destacar que, en la actualidad no son directamente procesales porque no hay regulaciones éticas para esos magistrados.
«El juez (presidente John) Roberts ha dicho «no nos aplican, pero funcionamos como si nos aplicaran». Mentira. Esto es un ejemplo”, mencionó Figueroa Prieto.
«¿Qué remedio hay?, solamente el residenciamiento y no creo que eso sea motivo para residenciarlo. Ciertamente, refleja su falta de principios morales y cualquiera que recibe esa cantidad de atención, de esa naturaleza, cualquiera con sentido común sabe que lo está haciendo mal, que su criterio está mal. No basta decir «no tiene casos de personas antes mi». El problema es que ellos cuando se reúnen no se reúnen ellos solos… no hay duda que es una inmoralidad», añadió el profesor.
Agregó que en años recientes ha habido esfuerzos infructuosos, incluyendo desde el Senado de Estados Unidos, para que las regulaciones éticas apliquen a los jueces y juezas del Supremo federal, esto en especial desde las diversas controversias que han rodeado a los jueces durante los últimos meses.
Mientras, el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Moreno Orama, dijo que el incidente de Thomas es el más recuente de los actos aparentemente impropios de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, recordando que no hace mucho se filtró el borrador de una opinión, la que derogaría el precedente protector del derecho al aborto, Roe V. Wade.
Aunque el residenciamiento es legalmente posible, Moreno descartó que ese sea el camino a seguir.
«Como sabemos, por disposición constitucional, los jueces federales nombrados bajo el Artículo III servirán en sus cargos mientras demuestren buena conducta y sólo serán removidos mediante el proceso de residencia. Tal proceso de remoción de jueces tiene una naturaleza inherentemente política, por lo que en lugar de sancionar los actos antiéticos lo más probable es que el proceso se convierta en un evento partidista», dijo el decano.
«Para una institución como el Tribunal Supremo federal es importante mantener cierta distancia con las ramas políticas del gobierno y una apariencia de neutralidad ante los asuntos partidistas. Por tal razón, actualmente la Corte se encuentra ante un gran dilema pues, si bien no conviene un proceso político, también es cierto que como cuerpo colegiado no tiene las herramientas para atender este tipo de faltas internamente», sostuvo el profesor.
Moreno Orama entiende que lo que procede es un mecanismo ético para los altos jueces federales que sea eficiente, o como el profesor lo describió, que no sea «un ornamento».
«Sin lugar a dudas es necesario algún sistema de rendición de cuentas de los magistrados federales para evitar señalamientos como los que han surgido sobre el juez Thomas. A corto plazo debe establecerse, bien sea por legislación o por iniciativa de la propia Corte, un código de ética con los canales administrativos e investigativos adecuados para que no sea sólo un ornamento sino una herramienta anticorrupción efectiva y que ayude a mantener la confianza de la gente en el poder judicial», sostuvo Moreno Orama.
