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La Cámara de Representantes aprobó la propuesta del Proyecto de la Cámara 1568 para establecer la Ley para la evaluación y concesión de permisos para atender situaciones relacionadas al manejo y control de inundaciones, restablecimiento de ecosistemas y erosión costera en Puerto Rico subvencionados, en todo o en parte, con asignaciones federales y estatales.
La medida, que tuvo un informe positivo de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, dispone nueva política pública a los fines de eliminar cualquier prohibición que exista de construcción y que pueda interpretarse, aplicarse, impedir u obstaculizar la realización de los proyectos de construcción relacionadas exclusivamente al manejo y control de inundaciones, restablecimiento de ecosistemas y erosión costera.
Surge de la exposición de motivos de la medida que si bien las asignaciones federales son una gran ayuda para planificar y financiar los proyectos necesarios para mitigar las inundaciones, y las consecuencias que ellas provocan, de nada sirven si existen prohibiciones o impedimentos legales para llevar a una realización dichas iniciativas. Se afirma que en ocasiones existen leyes que expresamente prohíben, o presentan limitaciones marcadas a la realización de construcciones en determinadas áreas geográficas.
Se plantea que aunque estas prohibiciones tienen justificaciones, no deberían impedir u obstaculizar el desarrollo de proyectos de construcción que están dirigidos para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía así como la protección de la infraestructura necesaria para mantener la prestación de los servicios esenciales.
También se menciona que los fondos federales para dichas iniciativas podrían perderse si no se flexibiliza adecuadamente dichas legislaciones, por lo que se requiere actuar proactivamente.
El proyecto de ley declara como la política pública establecer, como una prioridad del Estado, la consecución de las obras descritas debido al impacto directo que tienen en la calidad de vida de la población en general.
Se establece como objetivo primordial de esta ley el tramitar con prontitud todo aquel proyecto que esté subvencionado, en todo o en parte, con fondos federales y estatales a fin de asegurar que la infraestructura, la prestación de los servicios esenciales de agua potable, electricidad, comunicaciones, entre otros, así como la seguridad de las viviendas de la ciudadanía, pueda protegerse en caso de situaciones de emergencia y desastres naturales.
