Puerto Rico, el archipiélago conocido por su exuberante belleza natural, se enfrenta a una creciente preocupación: los crímenes ambientales.
Estos actos representan una amenaza significativa para el medioambiente, las comunidades y la sostenibilidad a largo plazo del archipiélago.
Analizan el alegado crimen ambiental en Bahía de Jobos en Salinas
La licenciada Verónica González Rodríguez, abogada ambientalista y profesora universitaria, conversó con Microjuris sobre el tema y señaló que Puerto Rico es una jurisdicción de avanzada con relación a la protección del medioambiente, pero indicó que el gobierno debe ser «juicioso» a la hora de imponer sanciones penales.
«Lo primero que tenemos que tener presente es que no todas las acciones son crímenes ambientales ni ilegales o que impliquen algún delito. Usualmente, los delitos ambientales implican los daños más severos al medioambiente, que es como usualmente funcionan los estados de derecho porque el sistema penal es el brazo más fuerte del sistema», comentó González Rodríguez.
Desde el 2004, se han integrado delitos ambientales al Código Penal.
La abogada destacó que en Puerto Rico se reconoce que los delitos ambientales y las leyes sobre el tema incluyen un «lenguaje bastante genérico», indicando que las violaciones al estatuto constituyen un delito menos grave. «La mayoría de las acciones se atienden de manera civil o con mayor frecuencia administrativa, a través de una multa».
«En Puerto Rico no hay jurisprudencia de delitos ambientales por violaciones a leyes estatales. Sí ha ocurrido que lo hace el gobierno federal. Me atrevería a decir que la mayoría de las acciones han sido por contaminación de aguas», abundó.
Recientemente, la Fiscalía Federal anunció la creación de un Grupo de Trabajo sobre Delitos Ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, que está compuesto por casi una veintena de agencias federales, entre ellas la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
¿Qué es un crimen ambiental?
Las transgresiones a las leyes ambientales tienen varias modalidades. Algunas se realizan intencionalmente y pueden ser criminales.
Los crímenes ambientales son graves, ya que afectan negativamente los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana y el bienestar de las comunidades. Estos crímenes implican la violación de leyes y regulaciones ambientales destinadas a proteger los recursos naturales, la biodiversidad y la salud humana.
Aquí hay un resumen del proceso:
Denuncia
Si observas un crimen ambiental, puedes denunciarlo a través de varias vías.
La primera opción es comunicarte con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que es la agencia principal encargada de proteger el medio ambiente en la isla.
Otra agencia llamada a fiscalizar es la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la Oficina de Gerencia y Permisos.
Querella
Puedes radicar una querella ante el DRNA completando un formulario que provee el departamento.
«A nivel federal y estatal, en principio la Policía de Puerto Rico tiene jurisdicción para aplicar cualquier delito. Ese es su trabajo. Sin embargo, también se puede hacer a través de las agencias en virtud a las leyes vigentes. A nivel federal es bien parecido».
Bahía de Jobos en Salinas
Uno de los casos más recientes fue el alegado crimen ambiental en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos (JBNERR, en inglés) en Salinas.
El Estuario de la Bahía de Jobos en el Barrio de las Mareas está formando por islotes y cayos, y es una de las 27 reservas que forman la NOAA del Sistema de Reservas Nacionales de Investigación del Estuarinas. Cabe destacar que la reserva es operada en conjunto con el DRNA.
A principios de este mes, la fiscalía federal radicó cargos contra dos contratistas por violaciones a leyes ambientales, por construcción ilegal y depósito de materiales en los humedales y aguas estadounidenses en el área. Ambos presuntamente violaron la Ley de Agua Limpia y Ley de Ríos y Puertos.
Los cargos están relacionados a construcción ilegal y depósito de materiales en los humedales y aguas estadounidenses en el área de la Reserva y la comunidad Las Mareas.
En el informe de la NOAA, publicado en octubre de 2018, se señala que la invasión de desarrollos privados en tierras que son propiedad del gobierno de Puerto Rico, así como el incumplimiento con regulaciones de navegación y pesca en la zona, están afectando la implementación de las protecciones y las operaciones de la reserva.
La agencia aseveró que este problema está ocurriendo hace años y que ha sido objeto de varias evaluaciones federales.
¿Cómo Puerto Rico está posicionado con relación al derecho ambiental?