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Tras la aprobación de la medida en la Cámara de Representantes, el gobernador de Puerto Rico tendrá ante su consideración el Proyecto del Senado 865, que busca enmendar la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, conocida como la «Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica«, con el propósito de reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica y establecer acciones afirmativas para combatirla.
Específicamente, el proyecto de ley busca enmendar los Artículos 1.3, 2.1 y 3.1 de la Ley Núm. 54. Estos artículos se refieren a la definición de violencia doméstica, la obligación de las agencias gubernamentales de tomar medidas para prevenir la violencia doméstica y la difusión de la política pública contra la violencia doméstica.
Con estas enmiendas se busca reconocer y abordar la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica.
Según la medida, la violencia económica se refiere a situaciones en las que una persona ejerce control o poder sobre otra mediante la manipulación de los recursos económicos, lo que puede incluir restricciones financieras, negación de acceso a recursos económicos o daño intencional a la estabilidad económica de la víctima.
Además, el proyecto de ley ordena a varias agencias gubernamentales, como la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Salud, el Negociado de la Policía y el Instituto de Estadísticas, que tomen acciones afirmativas para garantizar la difusión y el cumplimiento de la política pública contra la violencia doméstica en todas sus manifestaciones.
La exposición de motivos destaca la urgente necesidad de abordar la violencia de género y reconocer la violencia económica como una forma de violencia doméstica en Puerto Rico. Se menciona que desde el 2013 hasta el 2021 se han registrado más de 130 feminicidios íntimos en el país, y otras 57 muertes sospechosas están bajo investigación. Ante esta crisis, se han implementado diversas respuestas por parte del Estado, incluyendo la declaración de un Estado de Emergencia.
Se señala que el abuso económico ha sido identificado como una forma de abuso y maltrato en las relaciones de pareja, y se describen diferentes manifestaciones de la violencia económica, como el control de recursos financieros, la amenaza de desalojo o el corte de servicios esenciales. El proyecto de ley se fundamenta en el reconocimiento de que la violencia económica es una forma de violencia doméstica que afecta negativamente a las mujeres y sus familias. Se hace referencia a estudios y análisis académicos que resaltan la importancia de abordar el abuso económico como estrategia para perpetuar la violencia de género.
Además, se menciona el ejemplo de la Ley federal contra la violencia contra las mujeres (VAWA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 2022, que reconoce y sanciona la violencia económica como forma de discriminación en el contexto de la violencia doméstica.
La medida fue presentada por petición de Ayuda Legal, Inc.
