Tras el Comité de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos impulsar un proyecto de ley que busca exigir al Tribunal Supremo de Estados Unidos adoptar un código de ética, el licenciado Manuel Quilichini expresó que la importancia de la medida recae en la transparencia.
Aunque destacó que considera que es poco probable que el Supreme Court Ethics, Recusal, and Transparency Act of 2023 pase del cedazo congresional, catalogó como «un problema serio» el que los cánones de ética no se apliquen a jueces y juezas del máximo foro judicial federal.
«Durante las últimas dos décadas la confianza del pueblo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ido erosionando al punto de que una encuesta pone al tribunal en lo más bajo de la opinión pública», indicó.
Explicó que existen dos formas de hacer que el Supremo federal siga un código de ética, que los jueces lo creen o el Congreso les imponga uno.
De igual forma, mencionó que la American Bar Association pide en una resolución que el Tribunal Supremo redacte reglas y normas uniformes porque ahora mismo no las hay.
«En este momento los jueces cada uno interpreta con qué tiene que cumplir y con qué no tiene que cumplir», agregó.
«Toda la información que ha salido sobre asuntos medio turbios, que arrojan sospechas, han salido por terceros grupos. No han salido porque el mismo tribunal hace la divulgación. De hecho, dos de los jueces han dicho que los regalos y los favores que han recibido ellos no tienen que divulgarlos», comentó.
Además de requerir que el Tribunal Supremo federal adopte un código de ética, el proyecto de ley SCERT busca establecer procedimientos para la presentación de quejas y que esas denuncias se envíen a un panel de investigación judicial de cinco jueces de tribunales inferiores seleccionados al azar.
Según la medida, el panel haría conclusiones y recomendaciones, y tendría que publicar un informe. También el proyecto de ley exige que se adopten normas para la divulgación sobre obsequios, ingresos y reembolsos.
En Puerto Rico
A diferencia de Estados Unidos, en Puerto Rico existe un código de ética que abarca a toda la judicatura. El licenciado señaló que la normativa aplica a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Sin embargo, contó que los cánones de ética judicial proveen que sea el Tribunal Supremo de Puerto Rico el ente disciplinario, pero no proveen un método para poder disciplinar a los jueces del Supremo si violan las normas éticas.
«No ha habido ningún esfuerzo hacia eso. Quizás en gran medida porque nuestro código de ética judicial es bastante riguroso. Como le aplica a los jueces del Tribunal Supremo, han hecho lo posible por honrar todos sus preceptos», sostuvo.
Quilichini agregó que entiende que en Puerto Rico, la situación que se ha dado en Estados Unidos, es poco probable que se de porque hay más transparencia.
«La transparencia hace que la gente cumpla. El hecho de que no haya un proceso disciplinario definido, aunque sería ideal que lo hubiese, no creo que sea necesario porque en toda la historia del Tribunal Supremo no hemos tenido un caso que amerite recurrir a ese sistema», puntualizó.