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El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, tiene ante su consideración un proyecto de ley presentado por el representante José «Quiquito» Meléndez Ortiz, que propone enmendar la Ley del Departamento de Seguridad Pública.
Se trata del Proyecto de la Cámara 245, que busca autorizar que la División de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) establezca un grupo de trabajo o «task force» con otros negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y con otras agencias del gobierno estatales, federales e internacionales, dirigidas a desarrollar estrategias para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de menores y adolescentes.
La medida que recibió el aval de ambos cuerpos legislativos durante el pasado cierre de sesión legislativo, y que ya se encuentra ante la evaluación del primer mandatario para su posible firma o veto, define la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes como una «forma de esclavitud y un crimen de lesa humanidad», por lo que propone destinar los recursos necesarios que permitan establecer dichas alianzas con otros negociados del DSP y con otras agencias públicas, estatales, federales e internacionales, para lograr erradicar esta problemática en Puerto Rico.
A su vez, mediante esta ley se establece que los objetivos específicos de estas alianzas (task force), con el NIE serán los siguientes:
- Garantizar atención integral que permita la restitución y reparación de los derechos vulnerados a las víctimas de la explotación sexual y comercial en todas sus formas.
- Tener conocimiento de las características y dimensiones del fenómeno, que contribuya a identificarlo y a generar estrategias para su intervención a nivel estatal.
- Prevenir el problema, aumentando y fortaleciendo los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo tanto en la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, como en la sociedad en general.
- Incluir la participación activa e informada de niños, niñas y adolescentes y sus familias en los procesos de formulación, ejecución y evaluación del problema, así como en todas las políticas, proyectos y programas relacionados con la problemática.
- Articular esfuerzos entre las instituciones y organizaciones no gubernamentales, entidades de cooperación internacional, así como el sector privado y la sociedad civil, para generar políticas públicas y trabajar por la erradicación del problema.
- Contar con normas que regulen la protección integral de los derechos de la población afectada o en riesgo, así como con herramientas normativas específicas, en materia penal, administrativa y policial, que respondan a las características actuales de la problemática.
Además, se autoriza al Secretario para que, a nombre del DSP y del gobierno de Puerto Rico, concierte convenios con el gobierno de los Estados Unidos con el fin de aunar esfuerzos u obtener ayuda técnica sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y a que adopte las medidas administrativas necesarias para hacer posible el adecuado funcionamiento de las alianzas aquí autorizadas a crearse.
