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Por Alex Ortiz (2L, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico)
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Puerto Rico cuenta con una rica tradición militar. Sus hijos e hijas han luchado junto a sus compatriotas estadounidenses en campos de batalla en todo el mundo. Han luchado valientemente, con algunos ofreciendo el último sacrificio para la nación americana. Sin embargo, muchos de los veteranos de Puerto Rico se enfrentan a enormes desafíos cuando se trata de acceder a la justicia y los beneficios que se han ganado legítimamente.
Uno de los obstáculos más importantes es la necesidad de contar con más representación jurídica. De conformidad con la Ley Núm. 79, de 24 de julio de 2013, según enmendada, la Oficina del Ombudsman de Veteranos (El Procurador del Veterano) tiene la responsabilidad de defender los derechos y beneficios de los veteranos a nivel estatal y federal. Sin embargo, la insuficiencia de fondos para esta oficina ha dejado a muchos veteranos vulnerables. Esta falta de fondos se ve agravada por las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal bajo la Ley PROMESA. Las estrictas limitaciones financieras han impedido la capacidad de financiar adecuadamente los servicios esenciales, incluida la Oficina del Procurador del Veterano.
Los veteranos, especialmente aquellos que han experimentado traumas de combate o discapacidades relacionadas con el servicio, podrían lidiar con un sin número de problemas legales. Estos incluyen beneficios por discapacidad, atención médica, vivienda, quiebras y empleo. Los veteranos pueden carecer de los recursos y el apoyo esenciales que merecen sin una representación legal adecuada. A pesar de la creciente necesidad de servicios legales para veteranos en Puerto Rico, más abogados necesitan ser entrenados en esta área. Solo 14 abogados en Puerto Rico están certificados para ejercer ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para Reclamos de Veteranos. Este número es asombrosamente bajo, especialmente considerando el número de veteranos que viven en la isla.
Esta escasez pone de relieve la falta de recursos y la necesidad apremiante de invertir en la capacitación y certificación de más abogados en esta esfera especializada. La falta de representación legal no debería obstaculizar la lucha por la justicia para los veteranos.
Reconociendo los desafíos que enfrentan los veteranos, especialmente cuando enfrentan problemas con la ley, el Congreso de EE.UU. dio un paso significativo en la promulgación del «Veteran Treatment Court Coordination Act of 2019«. Esta legislación subraya la intención de ayudar a los veteranos a lidiar con problemas legales, asegurando que reciban el apoyo necesario. Los Tribunales de Tratamiento para Veteranos son programas judiciales especializados que proporcionan recursos, tutoría y opciones de tratamiento para veteranos, haciendo hincapié en la rehabilitación sobre el castigo. La ley demuestra la intención federal de priorizar el bienestar de los veteranos, pero con la ejecución local y una representación adecuada, su impacto podría ampliarse.
Además, el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de hacer más cambios positivos. Al enmendar el Título 2 Sec. 201 de la Ley PROMESA, pueden asegurar que los servicios para veteranos a nivel estatal sean financiados junto con los servicios públicos esenciales bajo el Plan Fiscal. Tal enmienda garantizaría que los fondos federales asignados para los veteranos, como el «Jobs for Veterans State Grant» y las protecciones de quiebra bajo el Honoring American Veterans in Extreme Need (HAVEN Act) sean efectivamente supervisados por la Oficina del Procurador del Veterano, según lo dispuesto por la ley núm. 79, de 24 de julio de 2013.
Reconocer y abordar las barreras únicas que enfrentan los veteranos de Puerto Rico es crucial. A menudo, los veteranos se sienten marginados o ignorados debido al estatus territorial de Puerto Rico. A pesar de servir con el mismo valor y compromiso que sus homólogos del continente, se enfrentan a desafíos adicionales al regresar a casa. El acceso a la justicia es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Los veteranos, habiendo defendido ese mismo puesto en el campo de batalla, merecen el mismo acceso cuando regresen a casa. Sin embargo, la falta de recursos y de una representación adecuada amenaza este acceso.
Los líderes dentro del poder judicial y políticos de Puerto Rico deben tomar medidas inmediatas para abordar esta grave deficiencia. Asignar los fondos adecuados para la Oficina del Ombudsman para los Veteranos es fundamental para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los veteranos. Además, debe haber un esfuerzo apremiante en invertir en la educación y formación de más abogados en materia de derecho de los veteranos.
Esto no es solo una cuestión de justicia sino también de reconocimiento. Un reconocimiento de los sacrificios hechos por los veteranos, su servicio y su lugar único en la sociedad puertorriqueña. A medida que la isla continúa recuperándose de los desafíos naturales y económicos, el bienestar y la justicia de sus veteranos debe ser una prioridad. La situación actual es insostenible. Cada veterano sin representación legal adecuada es un testimonio de un sistema que ha fallado a aquellos que han dado tanto. La sociedad puertorriqueña, sus líderes políticos y legales, y todos los ciudadanos son responsables de abogar por el cambio.
Es hora de que la comunidad legal en Puerto Rico se reúna y aborde este tema de frente. Podemos empezar a cambiar el rumbo a través de asociaciones con escuelas de derecho, programas de capacitación y certificación, y fomentar una mayor conciencia pública.
Puerto Rico debe priorizar el acceso a la justicia para sus veteranos. El financiamiento adecuado para la Oficina del Procurador de Veteranos y la formación de más abogados con conocimiento sobre los derechos de veteranos no son solo necesidades sino imperativos morales. Cada veterano que luchó por la justicia en el campo de batalla merece esa justicia en casa.
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