Los profesiones del derecho que atienden casos penales en el tribunal federal bajo la ley de Justicia Penal (CJA, por sus siglas en inglés) podrían ver retrasos en sus pagos de ocurrir un cierre del gobierno federal, indicó mediante un memorando el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
El memorando se emitió el viernes en la tarde, cuando parecía inminente el cierre. Sin embargo, 24 horas después, los cuerpos legislativos federales aprobaron una medida que extendía el presupuesto por otros 45 días, hasta mediados de noviembre.
En el documento con las firmas del juez presidente del tribunal Raúl M. Arias-Marxuach y con el de la jueza que preside el comité de CJA, Aida M. Delgado-Colón se indica que ya la rama judicial federal ha identificado fondos para operar sin interrupciones «hasta finales de octubre de 2023».
«Si la judicatura se queda sin dinero, aquellos desempeñando tareas esenciales como el personal del Defensor Público federal y los abogados del panel (de CJA) seguirán recibiendo designaciones para nuevos casos, pero los pagos se retrasarán hasta que el Congreso asigne fondos», reza la comunicación.
Los abogados del CJA y del defensor público tienen la obligación de representar libre de costo a ciudadanos que no tienen recursos para pagar una representación legal privada.
Se aclara que las medidas presupuestarias que se tomen no deben incluir reducir costos de servicios de programas para representar judicialmente a ciudadanos acusados de delito y que ciertos recortes están prohibidos por las Políticas de Conferencia Judicial para «cuadrar» presupuestos.
El cierre del gobierno se debe en parte a pugnas internas políticas en el Congreso y podría afectar a unos 4 millones de empleados.
Conocedores consultados por Microjuris dicen que podría ser un cierre extenso porque no se ha aprobado ni uno de los 12 proyectos necesarios para aprobar un presupuesto, y que esto llevará a muchas agencias federales a cerrar, aunque esto no afectará a persona y agencias de funciones críticas.
En el caso de la judicatura, el memorando de los jueces Marxuach-Arias y Colón Delgado subraya que los empleados de la judicatura federal «continuarán trabajando y avanzando la misión y el compromiso del tribunal de imponer justicia».
El memorando indica que en ocasiones anteriores se ha logrado una solución a días o pocas semanas del cierre del gobierno federal.
«Confiemos que los miembros del Congreso prontamente encontrarán alternativas o una solución final al actual clima presupuestario», indican los jueces.
