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La directora de un programa salubrista criticó un reciente proyecto de ley que propone hasta 15 años de cárcel a médicos que administren a menores de edad tratamientos hormonales que son utilizados por la comunidad trans para su proceso de afirmar el género con el que se identifican.
«Me gustaría saber si cuando van a hacer alguna ley, toman en consideración a la población a la que van a impactar. Es lo primero que llega a mi mente. ¿Le preguntaron a la población que va a ser afectada?», dijo la doctora Maribel Acevedo Quiñones, directora médica de la Clínica Translucent by Centro Ararat, con oficinas en Ponce, Arecibo y San Juan.
Acevedo Quiñones sostuvo que actualmente en su clínica deben ser alrededor de 10 los menores de 21 años que participan de estos programas de hormonas.
Comentó que todos lo hacen con el consentimiento de sus padres, y que solo atienden a personas de 18 años en adelante que son parte del colectivo de experiencia transgénero y genero diverso.
Explicó que este tipo de prohibición de ley puede ser peligrosa porque fomenta que algunos se automediquen con hormonas sin supervisión médica y que atenta contra la salud mental de esos menores que ven cómo se castiga hasta con la cárcel estos procesos de transición hacia el género con el que se identifican.
«Cuando hacemos estas leyes lo que hacemos es atentar contra la salud de nuestros participantes: ‘bueno, si hacen esto menos le digo a mis papás… cuando no tengo ni protección de la ley’», mencionó.
El tema de los menores trans y sus derechos ha estado recientemente en la palestra pública por varios flancos.
En Puerto Rico en octubre se presentó el Proyecto de la Cámara 1889, que además de las posibles penas de cárcel -que incluye tres años de prisión a personas que no sean médicos y que sean hallados culpables de esta práctica-también propone multas que van entre $10,000 a $50,000 a los profesionales médicos y las entidades que administre estos tratamientos hormonales «con el propósito de realizar cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico».
Pero, además del proyecto local, a principios de noviembre el Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró una vista oral en la que se discutía la legalidad de una ley similar a la propuesta en el Proyecto de la Cámara 1889.
Uno de los cuestionamientos en la vista ante el Supremo federal era precisamente cómo queda el rol de los padres cuando el estado interviene en lo que ellos creen es el mejor bienestar de los menores. En este caso, los padres de los menores apoyan el deseo de su menor trans a usar tratamiento de hormonas para asistirle en su transición.
La doctora Acevedo Quiñones expresó que para ella es una alegría ver a los padres con sus menores trans porque ve en esa familia un elemento importante de solidaridad. Expresó que esos progenitores tienen derecho a velar por sus hijos que deben ser protegidos.
«Me es tan sorprendente una ley que no protege a los menores, impacta su identidad, su bienestar y eventualmente su salud mental. Y sí, son los padres los que tienen derecho a decidir algo tan sencillo como cuando una persona que nace con pene le hacen una circuncisión, los padres, pues una cosa tan importante como esta, el cuidado y afirmación de género, por qué no van a poder decidir», indicó.
La medida no da la opción de tratamientos hormonales con el consentimiento de los padres.
Indicó que una prohibición a los tratamientos de menores puede también ser contraproducente médicamente porque hay personas que podrían procurar entonces medicarse sin supervisión de un profesional de la salud, obteniendo los fármacos por Internet o de otros países, en cantidades que no son adecuadas.
«Si toman hormonas en dosis no adecuadas, puede aumentar el riesgo cardiovascular, cambios drásticos en sus emociones, y tampoco sabemos la integridad del producto, porque no sabemos cómo la consiguen, si la obtienen en línea, si son aprobadas por la FDA, si llevan semanas en un baúl de un carro», mencionó.
Acevedo Quiñones explicó cómo funcionan los programas de Ararat para esta comunidad. La organización existe hace 22 años, con oficinas en San Juan, Ponce y Arecibo. En San Juan cuentan con una división que atiende específicamente a la comunidad trans, que se llama Translucent y opera desde hace ocho años.
Cuentan con diversos profesionales para atender a este grupo, desde enfermeros, internistas, infectólogos, psicólogos, una generalista, consejeros, nutricionista, y farmacia, entre otros. También tiene un proyecto de alcance comunitario. Atienden a unas 500 personas.
Conforme a parámetros establecidos por organizaciones salubristas globales, como la World Professional Association of Transgender Health (WPATH, por sus siglas en inglés), los solicitantes en Ararat son evaluados y se revisa lo que están buscando en términos de su identidad de género.
Argumentó que hay personas que desean tratamientos de hormonas, para lo que se usan medicamentos aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para reemplazo hormonal adecuado de una persona. Acevedo Quiñones explicó que, aunque no está aprobada por la FDA para afirmación de género, es la única medicina que se puede usar mundialmente con ese propósito.
También hay personas que no desean fármacos, y que buscan otras formas para asumir su identidad como cirugías, afirmación legal, que es cuando en todo documento aparece su nombre y marcador de género escogido, la afirmación social o la psicológica.
«Esto no es un movimiento experimental. Esto lleva años y años de estudios científicos, de evidencia, guías basadas en análisis exhaustivos, de expertos a nivel mundial», indicó la doctora Acevedo Quiñones, quien no es miembro de la comunidad trans.
Siempre se ausculta ese deseo, el consentimiento de las personas, y en el caso de los menores de 18 años que atienden, el aval de los padres, sostuvo.
«Aquí nada se hace sin su consentimiento, no se obliga a nadie, no se mutila a nadie. Las personas deciden que quieren afirmar su género y busca ayuda, y por las guías se hace un «assesment» (evaluación) médico y un equipo multidisciplinario acompaña a estas personas», expresó Acevedo Quiñones, quien lleva siete años en el centro.
Aseguró que el reto mayor de esta comunidad es conseguir que los validen, en la escuela, en la casa, en la comunidad; conseguir que les respeten los pronombres y el nombre escogido, o sea «conseguir la validación de los que ellos quieren ser».
Actualmente se desconoce el tamaño de la población trans en Puerto Rico. En Estados Unidos se cree que es el 0.6% de la población, según Acevedo Quiñones. Portales de Internet colocan este porcentaje en 1.4 millones de personas.
El Proyecto de la Cámara 1889, de la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, se presentó el pasado 11 de octubre.
La legislación aún se encuentra en una etapa preliminar en el trámite legislativo, puesto que solo ha sido referida a la Comisión de lo Jurídico de ese cuerpo, que es presidida por el presidente cameral, Rafael «Tatito» Hernández Montañez.
Acevedo Quiñones dijo que si se citan vistas públicas para este proyecto considera solicitar un turno para deponer en contra de la medida.
«Esta Asamblea Legislativa tiene la alta responsabilidad de resguardar a nuestros menores de edad de cualquier tendencia y/o práctica que atente contra la integridad física, emocional, psicológica, espiritual y sexual de los más pequeños y vulnerables», reza la exposición de motivos.
Por su parte, la representante Burgos Muñiz, en entrevista con Microjuris, sostuvo que la intención del proyecto es proteger a los menores de «mutilar» y «dañar su cuerpo».
«No existen niños trans. Lo que existen son niños confundidos», sostuvo. Afirmó que hay casos documentados de personas que incluso han presentado demandas porque cuando eran menores comenzaron a transicionar y hoy están arrepentidos. «A mí nadie me protegió de mí mismo», es lo que han dicho algunas de estas personas arrepentidas, dijo Burgos Muñiz.
«Son vidas quebradas, están arrepentidos». Cuando se le cuestionó por qué se le priva a los padres del poder de consentir en el caso de sus hijos menores que desean transicionar, Burgos Muñiz respondió: «porque los padres tienen la responsabilidad de velar a sus hijos, proteger su integridad física, que nadie les haga daño, que nadie los mutile».