La delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) radicó una medida de administración para crear la Ley para la Integración Tecnológica entre el Poder Judicial y la Rama Ejecutiva para proteger a las víctimas de Violencia Doméstica en Puerto Rico.
La propuesta establece la política pública para fomentar la integración tecnológica entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con el fin de brindar mayor seguridad a toda parte peticionaria y para lograr mayor acceso a la justicia.
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El Proyecto de la Cámara 2022 enmienda la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica con el propósito autorizar, como prueba acreditativa suficiente sobre el cumplimiento de haber diligenciado cualquier petición o citación de una orden de protección ex parte o citación o extensión de una orden de protección, una copia electrónica de la certificación de diligenciamiento emitida por un agente u oficial del orden público o un alguacil.
De igual forma, estas enmiendas tienen el objetivo de requerir a la persona peticionaria y peticionada que provean su información de contacto y cualquier otro dato e información que permita contactar a la persona, mediante la plataforma electrónica administrada por el Centro de Operaciones y Procesamientos de Órdenes de Protección del Negociado de la Policía.
En el caso de la parte peticionada, la información contacto será provista una vez haya sido citada a comparecer a una vista a celebrarse por virtud del Artículo 2.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, mejor conocida como la «Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica».
Asimismo, todo dato o información de contacto que sea recopilado de la persona peticionaria y peticionada debe ser compartido entre el Poder Judicial y el Negociado de la Policía.