En medio de mociones y testimonios, las vistas relacionadas al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continuaron esta semana ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el caso de Título III de Puerto Rico, con la expectativa de que culmine con un nuevo importante paso en el proceso de la reorganización de una deuda pública que ascendió a $72,000 millones.
Se espera que el Plan de Ajuste, resultado de estas vistas, marque la reanudación de los pagos del gobierno a los acreedores de la AEE, una situación que ha estado en suspenso durante casi una década. Esta circunstancia fue uno de los impulsores detrás de la aprobación de la ley federal conocida como Puerto Rico Oversight Management & Economic Stability Act (PROMESA) en 2016. Esta legislación estableció un mecanismo similar a la bancarrota, una herramienta que otros gobiernos en distintas jurisdicciones han tenido, pero que no estaba disponible para el gobierno de Puerto Rico.
Uno de los temas que se discute es el llamado «legacy charge», en el cual le impondrán a los consumidores de la AEE que paguen en su factura un cargo extra para pagar la deuda acumulada de la quebrada corporación pública.
Una vez finalicen las vistas, la jueza tendrá la facultad de aprobar o rechazar el Plan de Ajuste de la Deuda. Actualmente, se encuentra en el proceso de evaluar los documentos y testimonios presentados por escrito o discutidos durante las audiencias que tienen lugar en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ubicado en Hato Rey.
Swain ha estado activa no solo procurando el flujo adecuado del caso en la sala, sino también emitiendo órdenes de diversa índole. Por ejemplo, se informó ayer que desestimó las objeciones presentadas por varios participantes del proceso al testimonio ofrecido por el doctor en economía Jurgen Weiss en respaldo a la confirmación del Plan de Ajuste.
Los grupos ambientalistas
En las vistas ha habido testimonios sometidos por escrito, como personas que han comparecido a sala, como fue el caso en la vista de ayer de Agustín Irizarry Rivera, profesor de energía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, quien compareció como experto por los grupos ambientalistas Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Inc., Amigos del Rio Guaynabo, Inc., Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, Inc., Comité Diálogo Ambiental, Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., Enlace de Acción Climática, Mayaguezanos por la Salud y el Ambiente, Inc., Sierra Club Puerto Rico, Inc. en oposición al Plan de Ajuste.
«El Plan de Ajuste de la Deuda propuesto no analiza los datos actuales disponibles públicamente sobre la adopción de energía distribuida. El 29 de enero de 2024, LUMA Energy presentó un conjunto de datos actualizado, que muestra que la red eléctrica de Puerto Rico cuenta ahora con 110,496 sistemas solares en techos, que comprenden 765.13 MW, y 86.640 unidades de almacenamiento en la azotea, que comprenden 1.608 MWh…. El propuesto cargo legado aumentará la pobreza energética en Puerto Rico», expuso Irizarry.
Otros que declararon ayer, según una minuta de la vista, fueron el expresidente del senado, Eduardo Bhatia, el exsenador Ramón Luis Nieves, el economista Ramón Cao, el economista José I. Alameda Lozada, entre otros.
Previo a la reorganización de la deuda en AEE, la jueza aprobó en junio de 2022 el Plan de Ajuste de la Autoridad de Transportación y Carreteras. Mientras, en agosto de 2021 atendió la del gobierno de Puerto Rico, la del sistema de Retiro, y la Autoridad de Edificios Públicos.
Las próximas vistas públicas para los diversos procesos en el caso de la quiebra de Puerto Rico están pautadas para el miércoles, 22 de mayo, el miércoles, 24 de julio y el miércoles, 18 de septiembre.
