- La OIG celebró el primer debate estudiantil de derecho administrativo en Puerto Rico para integrar academia y práctica y fomentar análisis crítico sobre fiscalización gubernamental.
- Estudiantes simularon una vista administrativa aplicando la Ley 15-2017 y la LPAU para debatir el alcance jurisdiccional y principios de debido proceso.
- El Programa de Prácticas Supervisadas ofrece experiencia laboral real y la OIG promueve formación, transparencia, eficiencia y prevención del fraude en la administración pública.
La Oficina del Inspector General (OIG) celebró el primer debate estudiantil sobre derecho administrativo organizado por una entidad fiscalizadora en Puerto Rico, con el propósito de crear un espacio que integre al sector académico y jurídico para fomentar el análisis crítico de controversias que impactan la fiscalización gubernamental.
El debate estuvo compuesto por dos equipos integrados por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, quienes forman parte del Programa de Prácticas Supervisadas de la OIG.
“Esta iniciativa marca un hito en la oferta de espacios dirigidos al desarrollo integral de estudiantes interesados en fortalecer destrezas de argumentación y análisis crítico sobre temas que inciden en el trabajo que realizamos las agencias fiscalizadoras. A través de esta actividad, quedamos esperanzados con las nuevas generaciones comprometidas con el servicio público ejercido desde el rigor, la integridad y la vocación”, destacó la inspectora general durante la actividad.
El debate contó con un panel de jueces integrado por el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Luis Estrella Martínez; la decana de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Lcda. Lin Collazo Carro; y el abogado y profesor universitario Lcdo. Víctor Rivera Hernández. Asimismo, el Lcdo. Javier J. Dilán Pérez fungió como juez administrativo en la vista adjudicativa que recibió los argumentos de ambos equipos litigantes.
La actividad se desarrolló mediante una simulación de vista administrativa que permitió a los estudiantes argumentar una controversia sobre el alcance jurisdiccional de la Ley Núm. 15-2017, conocida como la Ley de la Oficina del Inspector General, que faculta a la entidad para fiscalizar el uso de fondos públicos, evaluar la gestión gubernamental y promover la transparencia en el servicio público.
Los estudiantes también aplicaron las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico (LPAU), integrando destrezas de análisis sobre derecho sustantivo, interpretación de normas procesales y principios del debido proceso de ley.
Tras presentar sus argumentos, el panel reconoció al equipo compuesto por las estudiantes Yolarisse M. Torres Nales y Melanie A. Molina Méndez como el mejor equipo de la competencia. Asimismo, los jueces reconocieron a Torres Nales como la mejor litigante del encuentro. De igual forma, el panel resaltó la participación de los estudiantes Gamaliel A. Colón Collazo y Julio Sellés López, quienes también realizaron una destacada labor al presentar sus respectivas argumentaciones.
El Primer Debate Estudiantil del Programa de Prácticas Supervisadas se enmarca en el compromiso institucional de la OIG con la formación de talentos comprometidos con el servicio público y el fortalecimiento de los esfuerzos de fiscalización en Puerto Rico.
El Programa de Prácticas Supervisadas les ofrece a los estudiantes participantes una experiencia real de empleo en las diversas áreas programáticas que componen la agencia fiscalizadora. La OIG es una entidad encargada de promover la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos en el Gobierno de Puerto Rico.
Sobre la Oficina del Inspector General
La Oficina del Inspector General de Puerto Rico es un organismo gubernamental comprometido con la promoción de una administración pública eficiente y transparente en Puerto Rico. La organización se rige por la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico.
Su objetivo principal es prevenir y detectar el fraude, así como promover una sana administración gubernamental. La OIG realiza estudios, exámenes y evaluaciones dirigidos a medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Además, asesora a las agencias en el desarrollo de procedimientos gerenciales que promuevan la economía y la eficiencia en la administración pública.
