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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el Ministerio Público debe incluir expresamente en el pliego acusatorio los hechos que justifican la duplicidad de la pena bajo el Art. 7.03 de la Ley de Armas, pues su omisión impide imponer el aumento punitivo por razones constitucionales de debido proceso y notificación adecuada.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que los tribunales inferiores están obligados a cumplir los mandatos de los foros revisores y revocó una determinación que se apartó de instrucciones previas del Tribunal de Apelaciones en un litigio laboral sobre honorarios de abogado.
El Lcdo. Rafael Mojica López analiza la brecha entre las resoluciones favorables emitidas por DACO y la dificultad que enfrentan los consumidores para cobrar los remedios adjudicados, particularmente ante la falta de uso de mecanismos reglamentarios para incentivar el cumplimiento.
La Lcda. Daisy Calcaño López analiza la proporcionalidad de las sanciones económicas impuestas a abogados litigantes en Puerto Rico y plantea la necesidad de parámetros uniformes que armonicen la disciplina procesal con la justicia económica.
La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría notificó enmiendas a las tablas de especificaciones aplicables a los exámenes de reválida general y notarial, con vigencia inmediata.
En esta columna, la Lcda. Daisy Calcaño López examina los cambios introducidos por la Ley 82-2026 al régimen de permisos, la legitimación activa y los requisitos para solicitar la paralización de proyectos en Puerto Rico.