Supremo reconoce discreción de la Oficina Municipal de Permisos Urbanísticos al emitir decisión sobre uso de terrenos

Partes: Arq. Daniel Frías – The Sembler Company of Puerto Rico, Recurridos v. Gobierno Municipal Autónomo de Carolina; Oficina Municipal de Permisos Urbanísticos, Peticionarios

Este caso trata sobre la Ley de Municipios Autónomos y la discreción de la Oficina Municipal de Permisos en la otorgación de permisos de uso, anteproyectos y permisos de construcción a la luz de las políticas de ordenación territorial establecidas en legislación y reglamentos.

“El presente recurso nos brinda la oportunidad de expresarnos en torno a las facultades concedidas a las Oficinas Municipales de Permisos, en virtud de la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), para atender asuntos concernientes a permisos de uso, anteproyectos y permisos de construcción, entre otros, dentro de sus lindes territoriales.  Específicamente nos corresponde determinar si al evaluar una Consulta sobre Conformidad con el Reglamento de Zonificación de Puerto Rico (Reglamento de Zonificación) aprobado por la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de Planificación) con el fin de establecer un comercio en un área de facilidades vecinales de una urbanización, dichos organismos municipales tienen la discreción de tomar en cuenta factores y políticas de ordenación territorial según establecidas mediante legislación, así como reglamentación promulgada por la Junta de Planificación, por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.)y por el propio municipio; o si vienen obligadas a otorgar los permisos de forma ministerial por el mero cumplimiento de la parte concernida con los criterios del distrito del que se trate.”

“Por consiguiente, erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Resolución recurrida mediante la cual la JACL revocó la denegatoria de la OMPU y autorizó una Consulta sobre Conformidad que no está acorde con la normativa estatutaria y reglamentaria, y las políticas públicas sobre ordenamiento territorial desarrolladas por el Municipio y aplicables al predio en cuestión. ”

Lea el documento completo: [2012TSPR98]

El abogado de la parte peticionaria fue el Lcdo. Ramón Bauzá Higuera y el abogado de la parte recurrida fue el Lcdo. Daniel Martínez Oquendo.

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