Celosías de casa antigua: las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906

por Silvia Álvarez Curbelo Ph.D.
publicado en la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación

“Creemos que la Cámara de Delegados, compuesta por los únicos genuinos representantes del pueblo de Puerto Rico, debe reunirse a lo menos una vez cada año, para vigilar los intereses de su pueblo, concurrir a la formación de su propuesto, proveer a las necesidades públicas y elevar al Congreso la perseverante demanda del derecho que se nos debe”.

“En la Unión de Puerto Rico”, La Democracia, 23 de diciembre de 1905

Celosías de casa antigua: las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906Los libros de Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico correspondientes a los años 1905 y 1906 registran los rumbos que toma la legislación pública como también perfilan las diferencias entre los partidos representados, entre los poderes de gobierno y entre entes socio-culturales, Puerto Rico y Estados Unidos, recién integrados políticamente, a partir de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Acogen también la práctica normal en las operaciones legislativas: los a menudo secos trámites de asignación de fondos para obras públicas y servicios a la ciudadanía e insinúan los fuegos, muchos de ellos fatuos, de la oratoria parlamentaria. Si de ellas nos separa ya más de un siglo, es algo que pronto se olvida.

Entremezcladas con las gestiones más propias del cuerpo, encontramos en esta bitácora legislativa peticiones ciudadanas directas, algunas de ellas con algún grado de extravagancia. En los años analizados, un médico de Ponce de apellido Torres exige que se le paguen 16 autopsias realizadas a soldados muertos en la guerra a razón de $10 por cadáver. Otro ciudadano pide que se expulse a todos los mexicanos residentes en Puerto Rico y algún otro que se le otorgue poder a los cónsules norteamericanos para que puedan casar a puertorriqueños aunque no fuesen aún ciudadanos de Estados Unidos. Mientras Ramón Frade, el pintor cayeyano, solicita fondos para irse a estudiar pintura a Roma, abundan las peticiones de familias para que se asignen fondos para la educación de alguno de sus hijos. Para nada excéntrico, el gesto confirma la valoración de la educación como medio de movilidad social para los puertorriqueños, idea arraigada en nuestro liberalismo decimonónico que se ampliaba en el nuevo escenario político.

En las Actas que nos ocupan, un gran número de las incidencias se dedica a resarcir errores de traducción en ambas direcciones lingüísticas. Por supuesto, se trata de dolores de adaptación a nuevos regímenes de lenguaje – los del invasor y el de los invadidos- , pero pienso que la gran cantidad de correcciones a la letra de la ley, constituye un índice, un síntoma, cuya reiteración apunta a desencuentros de mayor calado. Remite a lo que me parece ser la gran trama legislativa de esos años: la traducción, en su sentido más profundo de traslación simbólica de estructuras sentimentales, de marcos referenciales, de sentidos de pertenencia, y no menos de intereses de clase y de poder, que marcaron–y de muchas formas continúan haciéndolo- de manera intensa a Puerto Rico a partir de 1898. Como dato iluminador, las Actas consignan los nombres de sus dos intérpretes, Juan Báez, por la mayoría y Francisco Amy, por la minoría.

Por su naturaleza de relación puntual de los trámites legislativos, las Actas no se adentran en los recovecos de los debates. Sin embargo, proporcionan, aparte de la información de los trascurrido, ese conocimiento que el historiador italiano Carlo Ginzburg[1] ha tildado de indiciario. Con su lectura atisbamos ese país a medio cocer, entre dos soberanías, entre lenguajes y tradiciones legales distintas, con regímenes de comportamiento cercanos a la hacienda pero con afanes de modernidad material y cultural.

Seguirle el paso a lo que se dijo, cuándo y quién lo dijo anima la curiosidad del historiador y del lego. Pero también puede provocar que despachemos a la ligera a los protagonistas de entonces con motes de oportunista y cortoplacista, de idealista y elitista, desde marcos interpretativos de superficie. Esa lectura denotativa es algo natural pero conviene recordar que, a final de cuentas, todo proceso de significación exprés reditúa poco si se soslaya el más elusivo pero más rico reino de las connotaciones donde no todo es como suena y donde es muy frecuente perderse en las traducciones.

En estas notas introductorias identifico algunos contextos puntuales y marcos conceptuales desde los cuales podemos ubicar los asuntos públicos discutidos y legislados durante las jornadas 1905 y 1906 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico. Me anima, en particular, rebasar la lectura plana de los trámites o la lectura en función de las enrevesadas y a la larga efímeras disputas partidistas para aportar claves en el entendimiento de las transacciones de cultura política y de cultura legal que, a mi entender, constituyen el corazón de este ejercicio parlamentario. En segundo término, hago un listado breve de los debates que suscitaron en mi mucho interés, no menos porque lucen tan actuales como en aquel complicado tiempo de entresiglos y de entresoberanías.

I Los contextos

La Unión

Las Actas de 1905 y 1906 representan el inicio de un largo período de dominio legislativo por parte de una nueva colectividad: el partido Unión de Puerto Rico. En su nacimiento en 1904 y en su éxito político por más de dos décadas intervinieron procesos, coyunturas históricas y lideratos diversos, tanto locales como metropolitanos. Desde sus años fundacionales, la vida de la Unión estuvo marcada por debates en torno a la americanización, el estatuto del país y sus ciudadanos dentro del nuevo imperio norteamericano, el desplazamiento de una economía cafetalera a una de predominancia azucarera y el peso de la clase política puertorriqueña vis a vis los administradores coloniales, entre otras cuestiones.

De manera conspicua, sobre todo en los primeros años, las codificaciones legales, mezclas inestables de viejos y nuevos regímenes que organizaban los nuevos mapas de propiedad, de tributación, de procedimiento penal, de contiendas electorales y muchos más, ocuparon gran parte del escenario contencioso. Los abogados, el vocabulario de las leyes, de los precedentes, de las instancias y jurisdicciones asumieron un protagonismo cuyas repercusiones se advierten todavía tras más de un siglo después de la asamblea en febrero de 1904 que dio lugar a la Unión.

Rubén Nazario Velasco[2] ha planteado la centralidad del discurso legal en la comprensión de los procesos socio-históricos de trasvase que caracterizaron al entresiglos 19-20 en Puerto Rico. Más aún, el historiador y abogado afirma en su libro la participación del discurso legal en la constitución y delimitación de las relaciones y prácticas de poder durante esa transición. Lejos de suscribirse a la propuesta generalizada de la absorción pasiva por parte de los nativos de las estructuras, legislaciones y lenguajes imperiales, Nazario establece un escenario dinámico y polifónico de americanización que se extiende hasta 1905, el año en que asume el control de la Cámara de Delegados el recién fundado partido Unión de Puerto Rico.

Para Nazario, en esos años, especialmente a partir de la instalación del primer gobierno civil y de la propia Cámara de Delegados en 1901, se habría dado un acelerado proceso de reforma del derecho de Puerto Rico en el que cohabitaron la recepción de normas y códigos estadounidenses con una resignificación de la americanización desde criterios que antecedían a la invasión de 1898. En las arenas movedizas del cambio de soberanía, el abogado criollo se habría posicionado entonces como traductor, asegurando con ello su intermediación política entre el régimen y los nuevos súbditos a la vez que veía cumplidas expectativas de modernización civil que no logró satisfacer bajo el antiguo régimen. El asunto es que esa americanización traducida para favorecer, al menos en algo al subalterno, no duró mucho. Pronto se agotó, según Nazario Velasco, “el presupuesto de ilusiones” del nuevo régimen colonial. La razón profunda que explicaría la fundación del nuevo partido, Unión de Puerto Rico, residiría en el hecho de que el proceso de hegemonía no dio cabida a la diversidad de los intereses criollos sino a un grupo de incondicionales.

La interpretación de Nazario Velasco difiere en énfasis de la sostenida por Cayetano Coll y Cuchí, quien fue autor de una historia del Partido Unión y testigo excepcional de sus momentos iniciáticos.[3] En el texto de 1930, que dedica a Luis Muñoz Rivera, Coll y Cuchí – al igual que los fundadores de la nueva colectividad, Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel Zeno Gandía- significa a la Unión como un depósito moral extraordinario del país. Durante las jornadas de fundación –nada fáciles- sus principales proponentes habrían defendido una superioridad patriótica en muchos sentidos espiritual y moral por encima de los sectarismos y los personalismos. En un discurso pronunciado en 1902, Matienzo Cintrón, aún afiliado al Partido Republicano, había preconizado que: “Si no sabemos ser puertorriqueños, debemos aprenderlo pronto”.[4] La era de la Unión es vista por Coll y Cuchí como un alto a la política de los pequeños intereses para tornarse en el desarrollo de una idea – la de Puerto Rico como pueblo distinto- y la voluntad de culminarla. En esos momentos – afirmaba Muñoz Rivera- de lo que se trataba era de “afirmar la personalidad puertorriqueña en el seno de la nacionalidad americana”.[5] El referente moral- no desprovisto de hipérbole- era el período 1887-1989 bajo la soberanía española durante el cual “el país fue dueño del país”.[6]

La superioridad moral de Puerto Rico fue un tropo retórico que se inscribió en aquellos años en el discurso político y cultural de amplios sectores de la ciudad letrada y de la ciudad política. Lo nutría, por supuesto, la decepción que representó primero un incomprensible régimen militar y luego el anacronismo de la Ley Foraker, una especie de salto para atrás con respecto a la Carta Autonómica extendida por España en 1897. También, una ideología cultural que se articuló en América Latina a partir de 1900 con la publicación del Ariel de José Enrique Rodó y que contraponía el materialismo de Estados Unidos a la espiritualidad y altura humanista de las culturas latinas.[7] El efecto Ariel, del que habla Diógenes Céspedes con relación a la República Dominicana, estuvo presente en la fundación misma del Partido Unión y distinguió el liderato de Rosendo Matienzo Cintrón en la Cámara de Delegados tras las elecciones de 1904.

La figura de Matienzo Cintrón – estudiada con finura por Luis Díaz Soler- es central en la idea de la unión en tanto plataforma de identidad puertorriqueña. Siendo miembro republicano del Consejo Ejecutivo, sus ideas sobre la “realidad del país” incomodaban con frecuencia a su partido que había asumido una defensa sin matices de la americanización. En una conferencia dictada en el Ateneo a inicios de 1902, Matienzo insistió en que “una cosa era que nos americanicemos nosotros mismos y otra que nos americanicemos a la fuerza”.[8] Pronto, desde las páginas del periódico El Águila de Ponce y en las asambleas internas del Partido Republicano entró en un camino de colisión con José Celso Barbosa. En un famoso intercambio, Matienzo Cintrón apostrofó al indiscutido líder del republicanismo con una frase que se convertiría en un dicho popular que aún sobrevive: “Usted no sabe la hora que es”.

Igualmente, la idea de la unión entre los dos partidos de entonces representó para sus defensores federales y para Matienzo una manera distinta de hacer política. Si se cancelaba la vitriólica rivalidad entre los federales y los republicanos, que había obligado a Muñoz Rivera al exilio en Nueva York, se evitaba –según Matienzo- la seducción de la vanidad (“nos creemos aptos para todo”)[9] y la inclinación a la humillación (“así como no te conviene la vanidad, menos te conviene la humillación”).[10] Es indudable la influencia notable que tiene la filosofía espiritista cultivada por Matienzo en la propuesta de una nueva cultura política que enfocaba en la armonía de los contrarios y la superación mediante la síntesis. En efecto, Díaz Soler enfatiza en su biografía del prócer la red de apoyo a la idea de una unión puertorriqueña que representaron las asociaciones espiritistas y teosóficas de la época.

En su indispensable Historia Constitucional de Puerto Rico, José Trías Monge propone otro abordaje para dar cuenta de la fundación del Partido Unión. Si bien el surgimiento de la nueva colectividad es una respuesta al agravio que supone el régimen institucional organizado por la Ley Foraker, el jurista aprecia a la Unión como otra manifestación de una constante en el autonomismo puertorriqueño: el pluralismo. Mediante un análisis de sus bases constitutivas, particularmente de la base Quinta, y de otros textos iniciales, Trías Monge advierte una serie de consensos o entendidos políticos que vertebraron a la Unión y que fueron responsables de sus triunfos electorales consecutivos: el “self-government”, el consentimiento de los gobernados, el Senado electivo, nombramiento local de los altos funcionarios, entre otros. Todos ellos habían formado –con las modificaciones obvias en nomenclatura- parte del inventario autonomista del siglo 19.[11]

Por otro lado, para el historiador constitucional, al igual que para Nazario Velasco, la americanización que experimentó Puerto Rico en los primeros años de la nueva soberanía no puede considerarse como un ejercicio craso de dominación vertical por parte de Estados Unidos. Para explicar a la Unión, Trías plantea un nivel de complicidad entre los administradores coloniales más ilustrados y ciertos elementos locales en torno a un particular proyecto de modernidad. Dentro de esta propuesta el nuevo orden colonial es un híbrido, producto de dos corrientes ideológicas que condicionaban a la sociedad norteamericana de aquella época: de un lado, el imperialismo; del otro, el progresivismo. A pesar de los retrocesos que el régimen norteamericano representó sobre todo en lo tocante al gobierno propio, se dio una evolución positiva con relación al período anterior en muchas de las políticas públicas que afectaban la cotidianidad de las personas. El elenco de prioridades de gobierno tras 1898 incluyó la salud, la educación pública y laica, la construcción de obras públicas, la red de caminos, renglones atendidos precariamente durante el dominio español. Es una llamada de atención valiosa cuando examinamos las Actas de la Cámara de Delegados para los años 1905 y 1906.

La regeneración progresivista

En su excelente texto, Rebirth of a Nation. The Making of Modern America (1870-1920), el historiador Jackson Lears articula la convergencia, hacia el último tercio del siglo 19, de las lógicas violentas del mercado y las armas con la vieja tradición misionera del país y los postulados de una moralidad reformista empeñada en la redención del tejido social desde la higiene, la educación, los rituales cívicos y políticas redistributivas controladas que evitarían una temida fragmentación o, peor aún, la lucha de clases.[12] Sólo desde esta cohabitación se pueden explicar con suficiencia figuras como Teodoro Roosevelt y Woodrow Wilson que exhiben combinaciones políticamente exitosas de reformismo, militarismo e impulso capitalista. Lears lo describe de manera magistral: es cuando el imperio se convierte en un modo de vida, en una conducta, en una misión.

En el caso específico de Puerto Rico, se ha analizado poco cómo esos paradigmas de regeneración social que distinguen el proceso hegemónico de Estados Unidos a partir del fin de la Guerra de Secesión hasta la década de los treinta con el Nuevo Trato se imbricaron con el proyecto de expansión militar y absorción capitalista para la nueva colonia. Mucha de la historiografía puertorriqueña contemporánea tiende a subsumir de manera muy rígida la aplicación de políticas progresivistas a los dictados de la militarización, de la cañaveralización de Puerto Rico o a designios biopolíticos. Abundan las interpretaciones que explican dichas políticas sólo en función de la necesidad de Estados Unidos de poblaciones subalternas medianamente alfabetizadas y saludables como mano de obra, etc. Estipuladas las lógicas de rentabilidad colonial que son evidentes, propondría rebasar los ámbitos de la falsa conciencia y abrir un poco el lente pues me parece que es la única manera de explicarnos la rapidez y la profundidad de la afiliación de mucho del país a Estados Unidos y sus políticas públicas.

El programa reformista se vertió en instituciones y prácticas valiosas como la escuela pública, orfanatorios, escuelas de enfermería, ampliación de la franquicia electoral, clínicas de salud pública, etc. y en el trabajo, en muchas ocasiones ejemplar, de funcionarios, misioneros, maestros, que proveyeron un escenario inédito de servicio público. Se trataba de un redentorismo secularizado que impactó incluso prácticas culturales como la arquitectura colonial donde se popularizaron tendencias como la de “City Beautiful”. Un ejemplo de ello es la gran calzada cívica que se extiende desde la Escuela Pública #1 (hoy José Julián Acosta) a la salida del Viejo San Juan y concluye en el Parque Luis Muñoz Rivera. Se pretendía con los edificios monumentales y con el parque o jardín que concluía el tramo, alentar en los transeúntes la admiración estética y moral que conducía a ser mejores ciudadanos.[13]

Cuando revisamos las Actas, advertimos la influencia decisiva de esta agenda de modernización cívica. Sin embargo, sería un error achacarla sólo a la imposición de modelos provenientes de Estados Unidos. El mismo examen revela la presencia de continuidades programáticas con las mejores aspiraciones de modernización institucional y regeneración social planteadas por los partidos criollos y otras asociaciones cívicas antes de 1898. Muchas de las ideas y proyectos sostenidos por intelectuales y profesionales criollos en las últimas décadas del dominio español cristalizaron al fin con la entrada de corrientes progresivistas norteamericanas tras el cambio de soberanía.

Ahora bien contenidos emergentes como la protección a los derechos de los trabajadores sí son productos más directos de las luchas de reivindicación social en Estados Unidos, aunque se puedan identificar activismos y fermentos organizacionales obreros en Puerto Rico previo a 1898.[14] Por un acuerdo alcanzado en 1904, los candidatos afiliados a un primer Partido Socialista y miembros de la Federación Libre de Trabajadores que presidía Santiago Iglesias, participaron en las elecciones y ocuparon seis escaños en la Cámara. A esta concordia contribuyó en gran medida la intermediación de Samuel Gompers, cabeza de la American Federation of Labor (AFL) quien se encontraba en Puerto Rico a inicios del año y que a instancias de Muñoz Rivera accedió a recibir a una delegación de los proponentes del nuevo partido Unión. En dicha reunión que desembocó en la concertación electoral entre unionistas y socialistas participó Ramón Romero Rosa que descollaría como parlamentario y cuya capacidad analítica y de escritor político se volcó en numerosos textos reivindicativos que escribió en defensa de la justicia obrera. En la sesión inaugural de la Tercera Asamblea Legislativa y por indicación de la Presidencia se dio lectura al Mensaje que la Federación Libre de Trabajadores dirigía a la Cámara en el que pedía “protección para las clases desheredadas, mostrando a la vez, las necesidades que de algunos trabajos tienen los obreros de Puerto Rico para cubrir sus gastos más perentorios”. Esa traducción a lenguaje formalista y morigerado de lo que eran exigencias públicas mucho más desafiantes se replicaba en la respuesta: “La Cámara saluda a la Federación Libre, agradeciendo su cortesía y le promete su protección”.

Sin embargo, después de esos buenos votos inaugurales, los lectores de estas Actas habrán de notar los frecuentes choques entre Romero Rosa y José de Diego, uno de los portavoces más fogosos del Partido Unión. De manera consistente, de Diego se opuso a las propuestas y proyectos presentados por el socialista dejando en evidencia sus afiliaciones con el capital criollo, en particular, con los intereses cañeros. En estas divergencias, marcadas por distingos de clase social y educación formal, Romero Rosa llevó a menudo la peor parte no por faltarle argumentos sino capital político. Durante la sesión de 1906, su proyecto para modificar los límites de la jornada laboral fue fustigado con vehemencia por de Diego hasta que fue retirado.

Los diferendos entre Romero Rosa y líderes como de Diego fragilizaron desde un primer momento el entendido electoral entre socialistas y unionistas. Claro está, no era sólo una disputa parlamentaria. Tanto en 1905 como en 1906, varias huelgas convocadas por la Federación Libre de Trabajadores en zonas cañeras importantes como Ponce y Arecibo pusieron en jaque el arreglo. [15] El malestar obrero-patronal podía afectar las pretensiones unionistas de captar mayor adhesión del sector cañero en distritos claves como Ponce, bastión republicano, por lo que para evitar una crisis política con sus socios, la mano férrea de Santiago Iglesias se impuso sobre los elementos más activistas. Por otro lado, resulta irónico constatar que ciertos proyectos radicados por de Diego trasladaban al ámbito de Puerto Rico otros formatos y procedimientos de la cultura política e institucional de Estados Unidos sin mayor empacho pero esas incorporaciones eran de corte más conservador. Por ejemplo, su propuesta al inicio de la sesión de enero de 1906, de implantar en la isla el sistema de condados (“counties”) o su insistencia por esos mismos días de que el Regimiento Provisional Puertorriqueño de Infantería se convierta en un regimiento regular del Ejército de Estados Unidos.

En términos generales, la gestión parlamentaria de de Diego y de otros barones del partido se decantaron más hacia la aprobación de medidas proteccionistas de sectores que constituían su base electoral como era el caso de los propietarios del café y en la obtención de mayores cotas de poder político frente al Consejo Ejecutivo que detentaba una doble fortaleza: eran el cuerpo legislativo superior y a la vez, el gabinete del gobernador. Las actas de 1905 y 1906, en el inicio del dominio parlamentario unionista que se extendería hasta 1924, exhiben ese estira y afloja en el cual el gobernador de turno podía ser la pieza pivote.

Lo local y lo metropolitano

Otra modalidad de traducción que podía ser exitosa o un terrible fiasco involucraba la relación entre el gobernante norteamericano y los lideratos locales. Esto no tenía necesariamente que ver con la afiliación partidista del gobernador. Durante el siglo 20 se dieron compatibilidades que cruzaron “líneas de partido”, por ejemplo la relación que hubo entre Blanton Winship, nombrado por el demócrata Franklin Delano Roosevelt y la Coalición, aliada natural de los republicanos en Estados Unidos. A los unionistas les fue particularmente bien con gobernadores como Beekman Winthrop que no se plegó al incondicionalismo republicano que mantuvo el control de la Cámara de Delegados de 1899 a 1904. Winthrop, amigo del presidente republicano Teddy Roosevelt y protegido de William Taft, se distanció de la conducta de su antecesor, William H. Hunt, enemigo declarado de los federales y luego del emergente unionismo que había gobernado en cerrada complicidad con el Partido Republicano. Bolívar Pagán asegura que el presidente Roosevelt designó a Winthrop, que había sido secretario de Taft mientras éste se desempeñó como gobernador de Filipinas, con la misión expresa de “aplacar las protestas contra la administración norteamericana en Puerto Rico”.[16] Una propuesta como la de la Unión que se presentaba como una instancia de consenso, parecía un buen comienzo en la campaña de pacificación. Fernando Bayrón Toro acota que Winthrop “rompe los lazos que desde el cambio de soberanía unen a La Fortaleza y a los republicanos”.[17] (F.B. p.123)

El resultado en las primeras elecciones bajo Winthrop fue inequívoco: 89,713 a favor de la Unión frente a 54,092 votos por el Partido Republicano. Cinco distritos fueron ganados por la Unión mientras Ponce y Aguadilla permanecieron republicanos. Los unionistas ganaron 28 municipios y los republicanos, 18. Cabe señalar que estas elecciones se celebraron bajo una nueva ley electoral que garantizaba el sufragio universal masculino a mayores de 21 años. En 1906, el triunfo unionista sería aún más contundente: obtuvo 98,406 votos frente a 543,932 de los republicanos; 43 municipios frente a 12 y coparía los escaños de la Cámara de Delegados. Al inaugurarse la primera legislatura correspondiente al período 1904-1906, Winthrop dirigió un mensaje en el que sentaba unas pautas de entendimiento entre poderes y algunas líneas de gestión que merecen destacarse.

Para el gobernador y así lo expone en el Mensaje Inaugural de la Legislatura de 1905, las ramas legislativas debían proceder “con deliberación marcada, preclaro juicio y conservatismo progresivo…” pues “a nosotros corresponde, estando todavía en la época constructiva de nuestro gobierno, el evitar todo paso inseguro o radicalmente peligroso y amoldar nuestras acciones no tan solo al presente sino también el futuro..”. El acoplamiento sutil con la prédica de la Unión se advierte también en recomendaciones que hace el gobernador sobre asuntos que habían sido denunciados por el Partido Federal. Entre éstos se encontraba la necesidad de depurar las listas electorales. Las mismas elecciones de 1904 eran la mejor evidencia. Si bien había 225, 262 inscritos sólo se depositaron 143, 056 votos. El desfase no podía obedecer a que los votantes se inhibieron de ejercer su derecho, más bien se trataba de listas inexactas e infladas; además las elecciones resultaban demasiado caras y difíciles de administrar. Winthrop propuso en su Mensaje la derogación de la consolidación forzosa de municipios por razón de economías llevada a cabo en 1902 y que había significado una carga para los municipios pequeños que tenían que contribuir al sostenimiento de los mayores sin mayores beneficios a cambio. En paralelo, Winthrop recomendó una simplificación de la administración de los municipios pequeños y el relevo de algunas de obligaciones como la salud pública y la atención a los pobres que serían asumidas por una nueva unidad administrativa en forma de condados o distritos.

El gobernador dedicó la parte final de su mensaje al tema de la seguridad pública que había estado en el candelero público debido al aumento de crímenes contra la propiedad y la vida pero también de la violencia política en la forma de partidas sediciosas y de las turbas. Le preocupaba sobre todo la costumbre generalizada de portar armas ocultas lo cual considera “un incentivo a crímenes violentos que con demasiada frecuencia perturban a esta pacífica Isla. No hay necesidad de ir armado entre este pueblo que ama la paz”.

La sintonía entre el unionismo y la administración colonial se sostuvo durante los dos años de la Tercera Asamblea Legislativa sin mayores contratiempos, culminando con la visita a Puerto Rico del presidente Roosevelt en 1906. El viaje de Roosevelt fue el primero que hacía un presidente norteamericano fuera de los límites continentales. Tuvo un recibimiento entusiasta en Ponce, bastión de los republicanos, a cuyo puerto llegó el 21 de noviembre. En el comité de recepción se encontraban Pedro de Castro (el padre del arquitecto del mismo nombre) y su esposa Mima Besosa, que había cosido la bandera puertorriqueña para el Comité Revolucionario de Nueva York en 1895; ambos eran entusiastas partidarios de la anexión. De Ponce, el presidente partió para San Juan donde sería recibido por el gobernador Winthrop. Entre sus recuerdos del breve viaje a la posesión insular, Roosevelt distinguiría el clima agradable de Cidra donde la comitiva presidencial hizo una breve parada.

De vuelta a la capital federal, el presidente solicitó al Congreso que se expeditara el proceso de concesión de la ciudadanía a los puertorriqueños aunque guardaba reservas sobre la capacidad de los puertorriqueños de asumir un entendimiento cabal de lo que eran los principios de gobierno:

It has not been easy to instill into the minds of people unaccustomed to the experience of freedom the two basic principles of the American system, the principles that the majority must rule and the principle that the minority has rights which must not be disregarded or trampled upon. [18]

Para Rosendo Matienzo Cintrón, quien había obtenido el mayor número de votos en las elecciones de 1906, la decisión de Roosevelt colmó la copa. Lo que el presidente estaba diciendo era que la ciudadanía y la servidumbre eran compatibles. Era como si todo el proyecto de la Unión quedara vaciado de sentido: “Si tal cosa imposible llegara a suceder, será llegada la hora de decir: Puerto Rico, prepárate seriamente para conquistar tu libertad con las armas en la mano…”[19]

Al afirmar que “la ciudadanía sin gobierno propio, no vale nada”, [20] Matienzo Cintrón cruzó un cierto Rubicón. Sus compañeros legisladores no lo apoyaron para revalidar en la presidencia de la Cámara de Delegados. Aunque pueda hablarse de una rivalidad soterrada con Luis Muñoz Rivera, flamante delegado electo por Arecibo, como la causante de la caída de Matienzo, lo cierto es que el unionismo prefirió en ese momento adherirse al pragmatismo de la real politik, que dictaba acomodos con la administración republicana.

II Las jornadas legislativas

No le arruino a los lectores el placer de examinar las Actas haciendo relación de los debates y de la suerte que corrieron los proyectos en este bienio legislativo. Más bien, compongo a manera de embocadura un listado comentado de temas que protagonizan las jornadas de la Cámara de Delegados de 1905 y 1906 y que puede dialogar con las lecturas personales de estos valiosos textos.

  1. Los lideratos en competencia. Un lugar común de nuestra historiografía política es que los republicanos presentan una mayor consistencia y homogeneidad ideológica que sus contendientes habituales llámense federales, unionistas o liberales. Ciertamente, en las Actas de estos años se advierten diferendos legislativos con los republicanos que dominan la cámara mayor, el Consejo Ejecutivo, y que deben resolverse en comités de conferencia pero también divergencias internas que responden más a la composición ideológicamente heterogénea de la Unión. Estén muy pendientes de de Diego, por mucho el personaje más complejo en este tablado.
  2. La impronta de Rosendo Matienzo Cintrón. Aunque subordinado en los relatos históricos sobre el periodo frente a las figuras de Luis Muñoz Rivera, José Celso Barbosa, y José de Diego, Matienzo Cintrón es el timón político y legislativo indiscutible durante estas sesiones de la Cámara de Delegados. Para conocer mejor al personaje, para muchos la eminencia gris de la Unión, recomiendo la lectura de los volúmenes sobre su vida y pensamiento político del historiador Luis Manuel Díaz Soler.
  3. Los mensajes del gobernador Winthrop. Al gobernador le corresponde la apertura de cada sesión legislativa. Durante el período que nos ocupa, Beekman Winthrop inaugura dos legislaturas ordinarias y una extraordinaria para discutir legislación con relación al puerto de San Juan. Hay varias preguntas que se desprenden de inmediato. ¿Cuáles son sus énfasis en política pública? ¿Cuáles son los puntos rojos que apuntan a estancamientos o a ritmos lentos de cambio? ¿Qué nuevas direcciones metropolitanas de la Administración de Teddy Roosevelt se advierten en las prioridades que asigna Winthrop? Su interés porque arraigara en Puerto Rico una noción moderna del servicio civil que erradicara el modelo del patronazgo desafió a mucha de la cultura política, incluyendo la del propio Partido Unión . En el mensaje con el que inauguró la legislatura de 1906, Winthrop pinta un cuadro optimista en lo económico pero insiste en la extensión a Puerto Rico de la noción y prácticas de servicio civil. No se puede permitir, según el Primer Ejecutivo, que en el país tome carta de naturalización el principio de que “Los despojos pertenecen al vencedor”. El acta de la sesión extraordinaria de 1906 posee un atractivo especial. La convocatoria del gobernador enumera los temas a discutirse: dos tienen que ver con la administración, regularización y financiamiento de los puertos, en particular el de San Juan y el tercero con la asignación de fondos para la Policía Insular. La discusión sobre los puertos reaviva viejas diferencias entre San Juan y las ciudades de Mayagüez y Ponce. En la sesión del 10 de julio se da lectura a un memorándum de la Cámara de Comercio de Ponce en la que cuestiona el favoritismo del gobierno con San Juan. Entre otras cosas, el documento plantea que el puerto de San Juan cuenta ya con ventajas que los demás puertos no gozan. Pero, a mi juicio, lo más jugoso del cuestionamiento de los ponceños tiene que ver con su apología de la libre empresa por sobre el intervencionismo del Estado: “ Como principio general…nos manifestamos abiertamente contrarios a la intervención del Gobierno en materia de empresas públicas…” y su admiración del individualismo como el factor que explica “el asombroso progreso de la nación americana”. Sobre la Extraordinaria, hay que resaltar que el Secretario de Estado, Elihu Root estuvo presente en el hemiciclo el quinto día de la sesión. Durante su estadía en Puerto Rico, Root recibió un mensaje de la Cámara de Delegados para el presidente Roosevelt en la que se le pedía que ejerciera sus buenos oficios con el Congreso para que se le concediera la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños. En términos generales, es interesante complementar la lectura de las Actas (las dos ordinarias y la extraordinaria) con el examen de los informes anuales del gobernador correspondientes a 1905, 1906 y 1907.
  4. Ley y orden. En 1905, abundan los temas de organización y administración de la entidad política -indicativos de una preocupación metropolitana persistente por la viabilidad de un régimen de ley y orden en Puerto Rico-. No pocas veces este ademán codificador genera dificultades al tratar de acoplar tradiciones distintas de crimen y castigo. Igualmente, se nota mucha reserva en torno al comportamiento del cuerpo policíaco. Aunque se aprecian algunas mejoras en su profesionalización, todavía hay cuestionamientos sobre sus protocolos de intervención y su maleabilidad con respecto al poder político de turno. Para la sesión legislativa de 1906 se presentó un proyecto para abolir la pena de muerte en el país, objetivo que no se lograría hasta dos décadas después. Otros proyectos radicados se ocupaban de reglamentar la profesión de abogado y la de notario; de reorganizar el sistema judicial incluyendo los juzgados de paz y de definir, legitimar e inscribir el matrimonio natural. Por otro lado, preocupaba la limpieza en las elecciones y a medida que se acercan los comicios de 1906 se planteó la posibilidad de confeccionar una nueva ley electoral.
  5. Las preocupaciones de los ciudadanos. Como celosía de casa antigua, las Actas nos permiten atisbar cambios en las mentalidades de los ciudadanos, a tono con los nuevos inventarios materiales, prácticas cotidianas recién llegadas y valores oficiales. Se nota en las peticiones que se elevan a la Cámara de Delegados un acortamiento de las distancias y un incipiente empoderamiento de los ciudadanos respecto a los poderes públicos. Algunas de las peticiones tienen que ver con la pobreza de los servicios públicos en las áreas más urbanas, de caminos y escuelas en la ruralía, que constituía la mayor parte del país, mientras que otras delatan la novatada con relación a nuevas experiencias sociales como la legislación para reglamentar las licencias de automóvil.
  6. Los trabajadores y los pobres urbanos. Es la bancada socialista que ha entrado a la Cámara en la papeleta de la Unión la que invariablemente presenta legislación para atender cuestiones relativas a derechos de los trabajadores y de asistencia a los desfavorecidos. Romero Rosa presentó un proyecto para establecer un Instituto Obrero de Conferencias para fomentar que los obreros puertorriqueños se asocien y para “mejorar moral e intelectualmente a la clase obrera en general, y especialmente la campesina”. Otros proyectos atendían el descanso dominical y perseguían mayores niveles de protección para los trabajadores vis a vis los comerciantes y otros patronos. A este respecto, el Obispo, Monseñor Blenck y asociaciones de católicos solicitan de la Legislatura que apruebe la ley sobre descanso dominical. Insiste Romero Rosa en la legislatura de 1906 en la presentación de proyectos para aliviar las condiciones de trabajo de los obreros agrícolas, para reglamentar el peso que un bracero puede soportar y para determinar por ley el horario de trabajo.
  7. Educación: Este es uno de los temas que recibe más atención en las dos legislaturas. Se debate la Ley Escolar Compendiada y una de las enmiendas presentadas es dividir las escuelas entre rurales, intermedias y graduadas. Se hace claro que aunque la instrucción pública avanza como principio, el sistema y el financiamiento son totalmente inadecuados. A Winthrop le preocupa los bajos salarios que reciben los maestros y la escasez de maestros certificados. Los que más ganan son los principales y los maestros de inglés que ganan $75 mensuales; los peor retribuidos son los maestros rurales que apenas devengan $35 al mes. No hay dinero ni para pagar las jubilaciones que son sufragadas por los municipios. El proyecto para organizar la Alta Escuela Central de Puerto Rico presentado por Matienzo Cintrón sufre tantas enmiendas por el Consejo Ejecutivo que su propio autor pide que se posponga su consideración por tiempo indefinido. No resulta extraña la discrepancia entre ambos cuerpos en relación con el establecimiento de la “Alta Escuela” pues el propio gobernador era de la opinión que “es mucho más necesario que un gran número de jóvenes tengan la oportunidad de obtener conocimientos profesionales en las varias industrias de manera que estén seguros de ganarse la vida en todo con preferencia a que haya unos pocos sobresalientes en literatura o arte”. Sobre la Universidad de Puerto Rico hay varios proyectos para enmendar la ley de 1903 que fundó la institución especialmente en lo que se relaciona a las granjas agrícolas. En la sesión de 1906 se aprueba la creación de una Escuela Correccional para jóvenes delincuentes, a tono con el credo progresivista de que el joven que delinquía podía ser rehabilitado mediante la educación.
  8. La salud pública: Al igual que en el caso de la educación, la ausencia de reglamentos sanitarios, la multiplicidad de jurisdicciones y la escasez de personal médico, de enfermería y de estructuras hospitalarias entorpecen la dotación de servicios de salud a la población. Las campañas contra la uncinariasis están encaminadas y se presentan informes de progreso. Se radica un proyecto en 1906 para fundar un Laboratorio de Bacteriología e Instituto de Vacunación Antirrábica.
  9. Las cuitas del café. De manera reiterada se proponen medidas de socorro para los propietarios de fincas de café y para encontrar mercados para el producto puertorriqueño. José de Diego consigue que se eleve una petición al Congreso para que proteja al café de Puerto Rico, descobijado a partir de 1898 por el nuevo régimen tarifario. Otro proyecto radicado exime a los cafetaleros del pago de contribuciones. En uno de sus mensajes a la Cámara, el gobernador Winthrop informa sobre el establecimiento de una agencia comercial de Puerto Rico en Nueva York que tiene como función prioritaria promocionar la venta de café puertorriqueño en Estados Unidos.
  10. La vida misma: A lo largo de las Actas encontramos situaciones y personajes que escapan de los trámites acostumbrados de gobierno y que forman una trama de ocurrencias, algunas de ellas graciosas, otras más tristes. Hay un maestro a quien se le ha despojado de su certificado profesional por haber abandonado por su mujer cuando según el peticionario fue ella quien lo abandonó ; unas trabajadoras puertorriqueñas varadas en St. Louis a donde fueron a trabajar en una fábrica de cordelería quieren volver a la isla y la Cámara tiene que intervenir para gestionar su regreso. Hasta uno de los delegados, el señor Carrión, presenta un proyecto “Para prohibir la importación de frailes a Puerto Rico”. Otro que pide una prohibición es un tal Román Hoyos Delgado, oriundo de México, a los efectos de que se detenga la inmigración de puertorriqueños a su país.
  11. La guerra de los símbolos: Los cuerpos legislativos suelen ser espacios donde contienden simbologías. En los hemiciclos y aún en las fachadas de sus sedes discurren justas entre símbolos culturales y políticos diversos. Durante este período se presenta una resolución para que la Cámara compre un retrato del General Brooke que es contestada por otro delegado que solicita que se compre un retrato de Betances que vende su viuda ; se adopta un escudo de armas para la isla y se ordena trasladar a la sede el cuadro El Velorio de Francisco Oller que está en la Biblioteca al recinto legislativo. Algunos delegados seguramente consideraron excesiva la asignación de cinco mil dólares para comprar un regalo de boda a Alice Roosevelt, la hija del presidente, mientras que en otro acto con carga simbólica, una comisión de alumnos de la Escuela Industrial hizo entrega de una silla presidencial de madera hecha por los estudiantes con vigas que estaban en el antiguo cuartel de San Francisco y que databan de 1581. En más de un sentido, el debate sobre las peleas de gallos que ocupa a los legisladores involucraba visiones divergentes sobre la identidad cultural del puertorriqueño. En 1902 habían sido prohibidas por crueles. En la sesión de 1905 se introducen enmiendas a la ley que tenían el efecto de restituir la legalidad de las peleas aduciendo que eran costumbre en el país, que eran inevitables por más que se prohibieran, que aportaban a la felicidad inocente del campesino y que en España eran legales las de toros y en Estados Unidos el boxeo, ambos eventos más cuestionables. Las enmiendas no prosperaron por sólo un voto. En otra de las sesiones se discute si debía o no celebrarse por la Cámara el natalicio de George Washington.
  12. Tiempos modernos. Las Actas ofrecen de manera indirecta un panorama de cómo transcurre la modernización de las costumbres y las estructuras de vida y trabajo. Una enmienda al proyecto para el mantenimiento y policía de los caminos públicos en la Isla de Puerto Rico prohíbe el tránsito de carretas de dos ruedas tirados por bueyes a menos que esté cargando alimentos, ladrillos, cal o aparejos para la agricultura so pena de una multa de $50. La importancia creciente de las vías y caminos se patentiza en la aprobación de una emisión de $1 millón para carreteras insulares. En una de las sesiones, la Cámara le solicita al Consejo Ejecutivo que investigue a la Compañía de Ferrocarriles de PR por las múltiples quejas que recibe del público. En la sesión del 25 de febrero de 1905 se informa de la solicitud de un vecino de Manatí para que se decrete una ley que obligue a todo dueño de bohío o casa a construir letrinas en un plazo de sesenta días.
  13. ¿Qué somos y para dónde vamos? La Ley Foraker había dejado más dudas que certezas en lo tocante a asuntos tales como la ciudadanía, la condición estatutaria del país y los límites de aplicabilidad de la Constitución de Estados Unidos en la nueva posesión. El bienio legislativo evidencia ese estado de indeterminación y la preocupación de la Cámara de Delegados con relación estos temas que ya habían provocado más de un contencioso legal en las cortes federales. En el Memorial #1 de la Cámara de 1905 se le pide al Congreso que Puerto Rico sea admitido como estado aunque queda claro que diferentes delegados entienden la palara estado de manera distinta. Preocupa también la opinión de los cuerpos legislativos norteamericanos, entre otras cosas por la campaña de los republicanos locales contra el emergente partido Unión. A ese respecto, de Diego presenta una resolución para protestar por “las falsas versiones publicadas por la prensa que le atribuye a la Cámara sentimientos de hostilidad hacia el pueblo americano que se aprueba por unanimidad. Inaugurada la sesión de 1906, la Resolución Conjunta No. 1, a los efectos de que se le trasmita al presidente Roosevelt y al senador Joseph Foraker la aspiración de que se le concediera la ciudadanía a los puertorriqueños, es aprobada por todos los delegados y el gobernador la firma de inmediato

Coda

En el año en que escribo estas líneas se han cerrado las puertas y ventanas del restaurante La Mallorquina en el Viejo San Juan. Hay algo de justicia del recuerdo en el hecho de que las actas correspondientes a los años 1905 y 1906 concluyan con la aprobación del pago por servicios prestados a la Cámara de Delegados al restaurant que se convertiría en un clásico sanjuanero con los años. Como celosías de casa antigua, las actas, de manera discreta e indiciaria, abren a paisajes, personajes y mundos que insuflan aires nuevos a la siempre frágil memoria pública.

[1] Carlo Ginzburg es el autor, entre otros textos de El queso y los gusanos (1976) en el que, a partir del testimonio de un molinero italiano del siglo 16 traza la cosmovisión de las clases populares.

[2] Véase su libro Discurso legal y orden poscolonial. Los abogados de Puerto Rico ante el 1898, San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas, 1999.

[3] Cayetano Coll y Cuchí, Historia del gran partido político puertorriqueño: Unión de Puerto Rico, San Juan: Tipografía La Democracia, Tomo I, 1930.

[4] Bolívar Pagán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños (1895-1956), San Juan: Librería Campos, 1959, Tomo I, p.93.

[5] Citado en Coll y Cuchí, op.cit. p. 67.

[6] Ibid. p.75.

[7] El escritor uruguayo José Enrique Rodó es testigo de la crisis latinoamericana de fin de siglo 19 dramatizada por la Guerra Hispanoamericana y el triunfo del expansionismo norteamericano. En Ariel (1900), Rodó censura el utilitarismo materialista de Estados Unidos.

[8] Luis M. Díaz Soler, Rosendo Matienzo Cintrón: Orientador y guardian de una cultura, San Juan: Ediciones del Instituto de Literatura Puertorriqueña/Universidad de Puerto Rico, 1960, Tomo I, p.311.

[9] Ibid. p.266.

[10] “Tengamos fé”, La Correspondencia, 7 de enero de 1903.

[11] José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan: Editorial Universitaria, Vol.2, Cap.XIV.

[12] Jackson Lears, Rebirth of a Nation. The Making of Modern America (1870-1920), New York: Harper Collins, 2009.

[13] Sobre el urbanismo City Beautiful véase William H. Wilson, The City Beautiful Movement, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

[14] Para una crónica de los momentos iniciales del movimiento obrero en Puerto Rico, véase Gervasio L. García y A.G. Quintero Rivera, Desafío y solidaridad. Breve historia del movimiento obrero puertorriqueño, Río Piedras: Ediciones Huracán, 1986.

[15] Véase Arturo Bird Carmona, A lima y machete: La huelga cañera de 1915 y la fundación del Partido Socialista, San Juan; Ediciones Huracán, 2002.

[16] Bolívar Pagán, op.cit. p.118.

[17] Fernando Bayrón Soto, Elecciones y partidos políticos de Puerto Rico, Mayagüez: Ediciones Isla, 1989, p.123.

[18] Citado por Trías Monge, op.cit.Vol.2, p. 17.

[19] Ibid.

[20] Citado por Díaz Soler, op.cit. p. 340.

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