Conversan sobre despenalización de marihuana en la Escuela de Derecho UPR

Conversan sobre despenalización de marihuana en la Escuela de Derecho UPREl pasado 27 de septiembre de 2013, se celebró en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico un conversatorio sobre la despenalización de la marihuana, tema que está en boga a partir de las múltiples medidas que se han presentado relacionadas con la sustancia controlada.

Como ponentes estuvieron los senadores Miguel Pereira Castillo y Ramón Luis Nieves, co-autores del Proyecto del Senado 517; el representante Carlos Vargas Ferrer, co-autor del Proyecto de la Cámara 1362, que propone la medicalización de la marihuana; el licenciado Luis R. Viera, abogado de la Sociedad de Asistencia Legal; y el profesor y criminólogo Gary Gutiérrez.

A partir de la moderación del profesor de derecho penal de la institución, Oscar Miranda Miller, los ponentes presentaron información sobre los proyecto y su visión respecto al controvertido tema.

“Sobre cien años de prohibición de sustancias demuestran que lo único que se logra al prohibir acciones que no tienen víctimas, o que no le causan daño a otros, es el surgimiento de fuertes y lucrativos mercados clandestinos. Esos ilegalizados mercados a su vez tienen como resultado lógico el desarrollo de la violencia, criminalidad y corrupción como mecanismo de protección y de solución de los conflictos inherentes a todo el quehacer humano”, aludió el profesor Gary Gutiérrez, quien tuvo a su haber el inicio de las ponencias.

El criminólogo trazó la historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y los males que esto provocó para aleccionar sobre el porqué el uso de la marihuana debe ser descriminalizado. Entre sus argumentos, Gutiérrez expresó que la intensa corrupción de oficiales de la ley, las muertes causadas por personas que ingerían alcohol adulterado, la aparición de un aparato administrativo costoso y no eficiente y el desarrollo de empresas criminales que aún perduran es el saldo de aquella prohibición que describió como “terrible”. Además explicó que el peor legado de la prohibición es la cultura política que impera, de que el Estado tiene derecho a ejercer su poder para controlar lo que cada persona como ser libre, decida o no consumir.

“Si algo está claro tras el fallido intento prohibicionista con el alcohol, es que la violencia, el deterioro social y la corrupción que hubo en Estados Unidos en la década del 1920, parecida a la que se experimenta hoy en diversos lugares del mundo por el narcotráfico, no fue producto del uso de una u otra sustancia. La raíz del problema ha sido la propia política prohibicionista y de los mercados ilegales que de ella se derivaron”, subrayó.

Gutiérrez también criticó que quienes apoyan la visión prohibicionista no la defienden con argumentos serios o ejemplos históricos, sino que lo hacen a partir del desconocimiento y los tabúes. Añadió que ante la falta de pruebas se utilizan argumentos salubristas sobre los peligros y efectos del uso de la sustancia, algo que “desincentiva el manejo salubrista de los posibles problemas vinculados al uso de las sustancias”.

“La realidad es que lo que debe estar en discusión tras cien años de fracasadas políticas prohibicionistas, si aprobar o mantener leyes que convierten en criminales a las personas que libremente deciden vender, comprar o poseer una u otra sustancia, es una estrategia efectiva para controlar, reducir o eliminar el uso, los daños y los peligros que se pueden relacionar con la misma”, cuestionó.

En su primera intervención, el profesor Miranda Miller aludió a que “estamos en un momento de cambio”. Según el profesor, los estados de la nación americana han estado estableciendo cambios para aminorar las penas de personas arrestadas por la posesión de la sustancia. Este trajo el ejemplo de Texas, donde se han acortado las sentencias por la posesión, y se han ampliado los servicios para las personas que utilizan sustancias controladas. Algo que criticó fue que el gobierno federal “ha llegado tarde al baile”.

El senador Miguel Pereira, en su alocución, explicó la propuesta del Proyecto 517, a la vez que expresó que las cárceles no funcionan, que laceran y eliminan vidas.

“Las cárceles están diseñadas para lastimar… Queremos sacar gente de la cárcel que no tiene que estar allí y cuyo castigo es mayor que su conducta”, expresó emocionado.

Según el otrora Secretario de Corrección, Puerto Rico posee la tercera tasa más alta de confinados con un total de 13,000. Ello, antecedido por Holanda y Estados Unidos.

Este indicó que la necesidad que impera es la de redistribuir recursos hacia el tratamiento contra la adicción y hacia otras actividades criminales más violentas. Subrayó la importancia del tema y de no despachar el asunto de la criminalidad con más materiales ni más fondos sino con medidas que realmente atiendan el problema quitándole poder al narcotráfico.

Al final de su alocución, Pereira contó la historia de una joven que fue arrestada con dos “pitillos” de marihuana y que luego en la cárcel fue asesinada. También habló de la historia de otro joven que fue condenado a seis años de prisión al encontrársele fumando en un parque.

“No vamos a poder descansar hasta que establezcamos una solución justa a esto”, culminó.

Por su parte, el representante Carlos Vargas expresó que apoya la medicalización que propone su proyecto a partir del estudio del manejo del tema en otros países y ante una experiencia personal con un ser querido, cuyo cáncer causaba mucho dolor. Luego de ese ponderado análisis, el representante concluyó que “lo mejor era el enfoque salubrista”.

Según Vargas, su proyecto propone crear las bases para poder establecer que la marihuana sea recetada por médicos autorizados. Además propone que todas las instituciones que la vendan, sean instituciones sin fines de lucro para que no se beneficien individuos particulares de la venta de la sustancia.

Durante su presentación, el representante aclaró que una controvertida cláusula de su proyecto que penaliza fuertemente a los que posean la sustancia será eliminada del mismo. Este anuncio provocó los aplausos de los presentes.

A votación en octubre

Según anunciado hace unos días, el proyecto 517, presentado por Miguel Pereira y otros dos senadores, pasará a votación antes de que finalice el mes de octubre. Pereira reiteró que el proyecto se atenderá con enmiendas que de seguro irán dirigidas a reducir las penas por la posesión de marihuana.

Argumentos de la campaña de descriminalización, promovida por el profesor Gary Gutiérrez:

1. Desarrollando un enfoque no punitivo que busque respetar y garantizar nuestros derechos humanos. En repetidas ocasiones la criminalización hacia el usuario de drogas menoscaba los derechos y libertades humanas donde las clases sociales marginadas sufren el peor embate.

2. Al quitar la carga criminal el gobierno dejaría de despilfarrar miles de millones de dólares en la fallida “guerra contra las drogas”. En cambio, los recursos podrían ser destinados a desarrollar programas de reducción de daños utilizando recursos científicos para la educación, prevención y el tratamiento.

3. Mientras países con políticas anti-prohibicionistas han controlado sus problemas de hacinamiento carcelario, en Puerto Rico las cárceles no dan abasto. Y a pesar de que se gasta unos cien dólares diarios por reo, la población penal es altísima. Por consiguiente, las condiciones y servicios continúan siendo precarias.

4. Eliminando las cargas criminales por el uso de drogas podríamos establecer una verdadera “diferenciación” entre tipos de sustancias, los patrones de uso y determinar cuáles son los verdaderos riesgos del consumo en nuestra sociedad. Con esta información se podría determinar las cantidades que son para “uso personal” y establecer que cantidades serían lo suficientemente altas para catalogarlas con fines comerciales.

5. La descriminalización podría ser un primer paso a una “regulación responsable” de sustancias como la marihuana donde se garantice un control de producción y consumo con verdaderas normativas sociales. Con la carga criminal, los estándares al producto seguirán siendo inciertos y se continuará imposibilitando un tratamiento adecuado.

6. El desarrollar una regulación de la producción y consumo bajaría los costos de las sustancias y el usuario se sentiría más confiado a buscar tratamiento, si lo considera necesario. El bajar el costo, incrementar los servicios de tratamiento y la regulación de las drogas contraería el mercado del narcotráfico y debilitaría la economía subterránea y, con ello, podríamos reducir los problemas sociales que acarrea la prohibición y criminalización de las drogas.

7. La descriminalización y regulación podría reducir la adversa alianza del narcotráfico con la corrupción política y gubernamental que tanto ha lacerado la confianza de los pueblos.

8. La descriminalización podría dar paso a un Plan Nacional Estratégico que pueda integrar múltiples sectores de nuestra comunidad donde se puedan desarrollar servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños y una integración social del individuo. Quitar el carácter punitivo cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida del usuario, reduciendo los riesgos para la salud individual y colectiva.

9. Quitar la demonización a las drogas conllevará a que nuestras comunidades aprendan a convivir con los usuarios como lo han sabido hacer con el que utiliza alcohol o tabaco. Asimismo, aprenderá a darle los servicios necesarios como se supone se haga con cualquier persona que necesite ayuda. La solución no puede seguir siendo ignorar y criminalizar al usuario. Es tiempo de que en Puerto Rico se desarrolle un debate público, serio y amplio sobre la descriminalización de las drogas. Ya basta de darle más vidas a una guerra innecesaria.

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