Ley de Puerto Rico

Sanciones por malicia y frivolidad en reclamaciones laborales

Sanciones por malicia y frivolidad en reclamaciones laboralesDescargar documento: Enmienda la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales. Atempera las disposiciones relacionadas a las sanciones por malicia y frivolidad, conforme a la Ley de la Judicatura.

Las sanciones establecidas en la ley cuando un querellado ha actuado con malicia, o ha utilizado el procedimiento apelativo para atrasar el cumplimiento de la sentencia, no se actualizan desde el 1961. La Sección 9 de la Ley Núm. 2, de 17 de octubre de 1961, establece una sanción de cincuenta dólares ($50.00) para el querellado malicioso, y la Sección 11 establece una sanción de cien dólares ($100.00) para el querellado que atrasa el cumplimiento de la sentencia mediante la imposición frívola de recursos apelativos.

La intención legislativa -al establecer las sanciones descritas- era un disuasivo para evitar el abuso del derecho apelativo y para penalizar al querellado que haya actuado maliciosamente durante el proceso. En cuanto al concepto de “malicia”, el Tribunal Supremo ha establecido que “[u]n patrono inescrupuloso puede dilatar los procedimientos de diversas maneras. Es decir, éste puede entorpecer maliciosamente los procedimientos luego de contestar oportunamente la querella, y antes de comparecer al juicio. Por ejemplo, el patrono podría no producir documentos solicitados por el querellante, no contestar interrogatorios, no cumplir oportunamente con órdenes del tribunal, ausentarse a reuniones con los otros abogados, pedir prórrogas injustificadas, etc. El legislador expresó claramente su preocupación por este tipo de prácticas dilatorias por parte de algunos patronos, en especial mediante el abuso de los mecanismos de descubrimiento de prueba.” Rodríguez Aguiar v. Syntex Puerto Rico, Inc., 148 DPR 604, 615 (1999). Nadie puede negar que, actualmente, las cuantías de dichas sanciones no son un disuasivo real para los propósitos que la Asamblea Legislativa había previsto. Es por ello que al revisarse las mismas, mediante la presente legislación, se establecen unas sumas mayores a las impuestas en el 1961. De ese modo, nos aseguramos de que el procedimiento sumario -y su intención original- permanezca incólume ante el paso del tiempo, y se cumpla con la política pública de brindar toda la protección necesaria al obrero en la tramitación de las reclamaciones laborales en contra de su patrono.

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