Impugnaciones de cuarentenas por ébola: ¿a la sombra de Korematsu?

por Joel Pizá Batiz

Impugnaciones de cuarentenas por ébola: ¿a la sombra de Korematsu?Uno de los casos más importantes en la jurisprudencia federal es Korematsu v. United States. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó que ciudadanos con descendencia japonesa fueran detenidos y aislados en un tipo de campo de concentración. El argumento utilizado era que civiles con descendencia japonesa podían ser espías y tener lealtades con el imperio japonés. Fred Korematsu se negó a la detención involuntaria, fue arrestado e impugnó la orden ejecutiva del Presidente. El Tribunal Supremo federal validó la acción presidencial. El juez Hugo Black esbozó que el Estado probó un interés apremiante como la seguridad nacional y que la protección en contra del espionaje prevalecía sobre los derechos individuales de los detenidos. Aunque el contexto de este caso es la guerra y a pesar de ser uno de los caso más criticados en la historia del Tribunal Supremo federal, es un precedente que avala las restricciones de movimiento de civiles en emergencias nacionales.

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El gobierno federal no ha ordenado una cuarentena compulsoria a todo civil que haya tenido contacto con algún infectado o haya provenido de los países infectados del continente africano pero los estados de Nueva York y Nueva Jersey llenaron el vacío de acción federal haciendo valer su poder de razón de estado y ordenando la cuarentena compulsoria por 21 días a todos los profesionales de la salud que hayan estado ayudado a combatir la epidemia del ébola en África.

El estado de Maine posee unas directrices para una cuarentena voluntaria. Recientemente, la enfermera Kaci Hickox regresó del país de Sierra Leona y decidió no continuar con su cuarentena voluntaria al no tener sintomatología. El estado de Maine acudió al Tribunal para restringir su libertad de movimiento por 21 días, el cual es el periodo de incubación del virus. El 31 de octubre de 2014, el juez estatal Charles C. LaVerdiere, denegó la petición del estado por ser una restricción onerosa. El juez sí validó el monitoreo diario para detectar posibles síntomas, pero ante la ausencia de estos, impidió la restricción de movimiento. Esta decisión es importante porque traslada la crisis del ébola a una controversia legal. También es un dictamen persuasivo para que otros tribunales estatales dictaminen lo mismo.

No podemos olvidar que el Tribunal Supremo federal expresó que el derecho a libertad de movimiento es uno fundamental en Crandall v. Nevada, 73 U.S. 35 (1868) y reiteró que el derecho a viajar libremente entre los estados es uno fundamental en Shapiro v. Thompson, 394 U.S. 618 (1969). Por ser un derecho fundamental que le pertenece a los individuos, los estados y el gobierno federal deben demostrar que poseen un interés apremiante y preponderante para impedir dicha libertad de movimiento.

La pregunta jurídica en esta crisis es la siguiente: ¿poseen los estados y el gobierno federal el interés apremiante de seguridad nacional para impedir la libertad de movimiento, aún antes de que los ciudadanos demuestren la sintomatología de la enfermedad?

Un tribunal estatal de Maine dictaminó lo contrario.

Este tipo de controversias no son noveles en el ordenamiento constitucional de EEUU. Ante una crisis de gran jerarquía como la guerra, el debate entre derechos individuales y la seguridad nacional han tenido que ser aquilatadas en múltiples ocasiones. Ejemplo de esto fue la inconstitucionalidad de la suspensión de Habeas Corpus por parte del presidente Abraham Lincoln en Ex parte Milligan, 71 U.S. 2 (1866); la inconstitucionalidad de que el presidente nacionalice una fábrica de acero en tiempo de guerra como resultado de una huelga laboral en Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952); el que se le debe otorgar el debido proceso de ley a los ciudadanos americanos detenidos en la guerra contra el terrorismo en Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004); el se le debe otorgar el derecho a los detenidos en Guantánamo a impugnar su detención a pesar del país estar en guerra en Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008). En dicho caso, el juez Anthony Kennedy expresó: “…to hold that the political branches may switch the Constitution on or off at will would lead to a regime in which they, not this court, ‘say what the law is’”.

El gobierno federal sí ordenó la privación de movimiento por 21 días a los militares que hayan prestado servicio en los países del continente africano infectados por ébola. Algún militar sin sintomatología podría oponerse e impugnar la constitucionalidad de la rama ejecutiva. También un ciudadano que haya sido privado de su movimiento como resultado de una legislación estatal, podría acudir al tribunal federal y alegar que viola su derecho fundamental de movimiento protegido por la constitución federal.

Los contornos de la divergencia en razonamiento jurídico serán los siguientes:

(1) Algunos jueces determinarán que es una violación al derecho fundamental de movimiento el imponer la cuarentena a ciudadanos que no muestren sintomatología y no sean un riesgo de contagio. Expresarán que dicha acción es una excesiva y no es la menos onerosa. Sí validarán otros cursos de acción como el monitoreo constante. Los disidentes en el caso de Korematsu indicaron que era inconstitucional detener a una persona sin evidencia o justificación. ¿Aplicaría en este tipo de casos ese racionamiento?

(2) Otros jueces dictaminarán que el estado posee un interés apremiante en promover la salud y la seguridad nacional. Esbozarán que la libertad de movimiento debe ceder ante dicho interés preponderante, aunque el ciudadano no posea síntomas de la enfermedad.

Un factor que puede influir considerablemente la decisión judicial es el volumen de contagiados en la nación.

A pesar que el caso de Korematsu v. United States trataba de una impugnación ante la cláusula de igual protección de las leyes por un discrimen por raza, estableció las bases para enajenar y aislar a ciudadanos en escenarios donde la seguridad nacional estaba en riesgo. ¿Prevalecerá dicho racionamiento en las cortes estatales y federales, aunque sea un precedente despreciado por una cantidad considerable de académicos y juristas?

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