Ley de Puerto Rico

Reemplazo y/o reparación de aditamentos prescritos por CFSE para casos de incapacidad permanente

Reemplazo y/o reparación de aditamentos prescritos por CFSE para casos de incapacidad permanenteDescargar documento: Enmienda la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

Extiende el beneficio de recibir aditamentos especiales a todo trabajador con incapacidad parcial permanente. Permite que los aditamentos especiales prescritos por la CFSE en casos de incapacidad permanente, sea ésta parcial o total, puedan ser reparados o reemplazados por causa justificada. Aumenta la cuantía del beneficio económico a concederse al trabajador con incapacidad total permanente que interese construir una vivienda habilitada para facilitar su ambulación, o adaptar la que posee con tal objetivo.

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, es una legislación de protección social que reconoce e instrumenta el derecho constitucional de todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir protección contra riesgos a la salud e integridad personal en sus talleres de trabajo. El referido derecho está garantizado en la Sección 16 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Ley antes mencionada es una de carácter remedial y ofrece ciertas garantías y beneficios al trabajador o trabajadora que sufre un accidente del trabajo o una enfermedad asociada a su profesión u oficio. A tal fin, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene la responsabilidad de proveer diversos servicios y beneficios, entre los que se encuentran asistencia médica, servicios hospitalarios, medicamentos, declaración de incapacidad, rehabilitación y compensación por incapacidad o muerte.

En el caso de incapacidad total y permanente para el trabajo, la Ley Núm. 45 faculta al Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a proveerle al paciente aquellos aditamentos especiales prescritos por facultativos de la Corporación, que le permitan reducir sustancialmente las limitaciones producidas por su impedimento. Sin embargo, dicho estatuto no dispone sobre los aditamentos en casos de incapacidad parcial permanente, aunque el referido beneficio se concede administrativamente como parte del tratamiento de los lesionados que así lo necesitan. Además, prohíbe la sustitución de los aditamentos especiales, lo que resulta en un contrasentido, en el contexto de un estatuto de naturaleza reparadora y de marcado contenido social.

Ciertamente, los aditamentos especiales prescritos mediante orden médica permiten mejorar la calidad de vida de los lesionados y promover su independencia para su funcionamiento y movilidad, promoviendo así el cabal cumplimiento con el mandato constitucional dirigido a proteger a nuestros trabajadores de riesgos a su salud e integridad personal en sus talleres de trabajo. Es lamentable que aditamentos especiales indispensables para el bienestar de trabajadores lesionados que sufren de incapacidad permanente, y que son objeto de deterioro aunque se utilicen con el mayor cuidado, no puedan ser reemplazados, por causa alguna, por la entidad gubernamental que tiene el deber ministerial de velar por dichos ciudadanos.

Esta Ley que tiene como uno de sus objetivos principales permitir que los aditamentos especiales prescritos por médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en casos de incapacidad permanente, ya sea parcial o total, puedan ser reparados o reemplazados por causa justificada. También se dispone que la reparación o reemplazo de tales aditamentos especiales se hará sin tomar en cuenta la fecha de la reclamación del trabajador. De esta manera, todos los trabajadores incapacitados permanentemente tendrán derecho a que se les reemplace o repare los aditamentos especiales que necesitan por su condición de incapacidad, independientemente si su reclamación ocurrió antes de la aprobación de esta medida o posterior a ésta.

De otra parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 45, antes citada, ordena al Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado concederle una suma no mayor de $1,300 a todo trabajador con una incapacidad total permanente que se propusiere construir una vivienda para su uso especialmente diseñada para facilitar su ambulación o adaptar la que posee o acondicionar sus accesos con tales objetivos, de manera que pueda realizar dichas obras. La Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de aumentar el tope del referido beneficio económico a la suma de $2,000, como una forma de promover la calidad de vida de nuestros trabajadores lesionados; sin embargo, entiende meritorio establecer normas adicionales para la concesión de dicho beneficio.

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