Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo determina que no es necesario un proceso criminal, daño corporal o atención médica para validar un despido

Supremo determina que no es necesario un proceso criminal, daño corporal o atención médica para validar un despidoDescarga el documento: Torres Álvarez v. Centro de Patología Avanzada de Puerto Rico

En el año 2005, la Dra. Elba Torres Álvarez comenzó a trabajar en el Centro de Patología Avanzada de Puerto Rico, CSP (Centro de Patología), como una de las patólogas a cargo de la institución. La Dra. Delba I. Garrastegui Carde, directora de la institución., y su entonces esposo, el Dr. Francisco J. Vizcarrondo Terrón, eran los dueños del Centro de Patología.

El 10 de diciembre de 2010, la Dra. Garrastegui Carde cumplía años y varios empleados del Centro de Patología decidieron hacerle una sorpresa. La Dra. Torres Álvarez salió de la oficina para comprarle un regalo a la doctora Garrastegui Carde y le pidió a la Sra. Johanna Reyes Millán, asistente administrativa de la empresa, que no empezaran la celebración hasta que ella regresara. Debido a que varios empleados que ya habían terminado su jornada de trabajo, pidieron cantarle cumpleaños a la doctora Garrastegui Carde y se efectuó la celebración sorpresa sin la presencia de la doctora Torres Álvarez.

Cuando la Dra. Torres Álvarez se enteró de la situación, se enfureció y le indicó a la Dra. Garrastegui Carde que estaba molesta con la señora Reyes Millán debido a que esta no siguió sus instrucciones el día anterior. Por esa razón, solicitó una reunión. En la reunión, la Dra. Torres Álvarez comenzó a reclamarle a la Sra. Reyes Millán por lo acontecido y exigió reunir a los empleados que decidieron cantar cumpleaños sin su presencia para corroborar la explicación ofrecida por la Sra. Reyes Millán. La Sra. Reyes Millán manifestó que eso era una “ignorancia”. Cuando la Dra. Torres Álvarez escuchó eso, mencionó: “qué bueno que me fui ayer temprano porque si llego a verte no sé lo que sería capaz de hacerte”. Posteriormente la Sra. Reyes Millán comenzó a llorar y se retiró a su oficina.

La Dra. Torres Álvarez insistía en terminar la reunión y la Dra. Garrastegui Carde intentó disuadirla. No obstante, la Dra. Torres Álvarez decidió dirigirse hacia la oficina de la Sra. Reyes Millán. Al abrir esta la puerta, la Dra. Torres Álvarez agarró fuertemente a la Sra. Reyes Millán por el brazo y comenzó a halarla hacia afuera de la oficina. La Dra. Garrastegui Carde se colocó entre ambas empleadas y le dijo a la doctora Torres Álvarez que soltara a la señora Reyes Millán. Esta última logró zafarse y corrió fuera del Centro de Patología ya que temía por su seguridad. Es importante señalar que la Sra. Reyes Millán se encontraba en estado de embarazo.

Ante lo ocurrido, la Sra. Reyes Millán acudió a un cuartel de la Policía en el municipio de Bayamón para presentar una querella en contra de la Dra. Torres Álvarez. No obstante, decidió no continuar con la querella ni presentar una demanda civil porque estaba embarazada y no quería involucrarse en asuntos en los tribunales.

Luego de dos consultas legales, los directivos del Centro de Patología le indicaron a la Dra. Torres Álvarez que estaban en disposición de aceptar su renuncia en lugar de despedirla pero esta no aceptó. Por consiguiente, decidieron despedirla.

Ante lo suscitado, la Dra. Torres Álvarez, su esposo, la sociedad de gananciales compuesta por ambos y los hijos de ambos, presentaron una demanda sobre despido injustificado, libelo, difamación, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en contra del Centro de Patología, la doctora Garrastegui Carde, el doctor Vizcarrondo Terrón y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.

Luego de un litigio que duró aproximadamente cinco años, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda en su totalidad. El foro primario también le impuso a la Dra. Torres Álvarez el pago de $6,000 en honorarios de abogado por incurrir en temeridad por esta presentar una causa de acción de libelo y calumnia.

Inconforme, la Dra. Torres Álvarez acudió al Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia, excepto lo relacionado a la causa de acción por despido injustificado. El Tribunal de Apelaciones determinó que la Dra. Torres Álvarez no incurrió en una falta tal y por tanto, no se justificaba su despido ante una primera falta. Por otro lado, el foro apelativo intermedio destacó que la señora Reyes Millán desistió del proceso criminal en contra de la Dra. Torres Álvarez.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Fue justificado el despido de una empleada que amenazó y agredió a otra empleada, en el sector privado, a pesar de que esa fue su primera ofensa?

El Hon. Rafael Martínez Torres emitió la opinión del Tribunal Supremo. Reiteró que el concepto justa causa es uno dinámico y que las causales de despido de la Ley Núm. 80-1976, según enmendada, no son taxativas y únicas. Recalcó que la Ley Núm. 80 no favorece el despido de un empleado ante la primera falta. No obstante, los patronos están en libertad de adoptar reglamentos y normas razonables para el buen funcionamiento de la empresa que definan las faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como sanción inmediata.

Esbozó que el análisis que deben realizar los tribunales cuando un patrono decide despedir a un empleado por una causal no enumerada por la Ley Núm. 80 es si el despido fue por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Indicó que para que proceda un despido ante la primera ofensa del empleado, la acción debe ser de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría una imprudencia esperar a que se repita la conducta, para entonces proceder con el despido.

Adujo que en el caso Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499 (1990), se validó un despido ante la primera falta del empleado por agresión en el sector público. No obstante, argumentó que no hay razón para no extender la misma protección a los patronos y empleados agredidos en el sector privado.

Arguyó que en casos como este, donde ocurre una agresión, no se requiere que la persona agredida sufra un daño corporal que requiera atención médica. El simple hecho de utilizar fuerza física e iniciar un forcejeo en contra de otro empleado, particularmente cuando se trata de una mujer embarazada, es más que suficiente para despedir al empleado agresor.

Por otro lado, mencionó que erró el foro apelativo intermedio al no brindarle deferencia a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia.

La Hon. Mildred Pabón Charneco emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Hon. Edgardo Rivera García. Destacó que sus expresiones son meritorias ante la tendencia de los jueces de actuar como jefes de recursos humanos del patrono querellado en los casos de despido injustificado.

Señaló que el único análisis y aquilatamiento que le corresponde a los tribunales a la hora de analizar un despido, amparado en la causal de la Ley Núm. 80-1976, según enmendada, que valida el despido por violación reiterada a los reglamento del patrono, es el siguiente: (1) analizar si la conducta está prohibida por el reglamento de personal; (2) si las disposiciones reglamentarias que el empleado conocía e infringió son razonables; (3) en casos de una primera ofensa, si la conducta es tan lesiva que afecta el funcionamiento ordinario del negocio. En otras palabras, que el despido no es el resultado de una actuación caprichosa y arbitraria del patrono y que la decisión fue con miras a proteger la buena marcha de la empresa.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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