El recién juramentado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el lunes la firma de las primeras seis órdenes ejecutivas de su gestión.
La primera orden ejecutiva, OE-2017-001 fue presentada para decretar medidas de Control Fiscal y Reconstrucción Económica. Según la orden, el gobierno tiene un déficit presupuestario de cerca de 7,000 millones de dólares. Ante este panorama, el gobernador se comprometió a trabajar junto a la Junta de Control Fiscal de forma colaborativa. Asimismo, declaró un estado de emergencia fiscal, por lo que ordenó a todas las agencias a tomar medidas necesarias para reducir gastos operacionales sin afectar servicios directos que son esenciales para proteger la salud, seguridad y bienestar de la ciudadanía. De igual forma, se congelan los puestos vacantes de forma indefinida (solo podrán llenarse con la aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto) y se prohíbe la creación de nuevos puestos. A partir de la fecha de la aprobación, ninguna agencia podrá crear puestos nuevos regulares de carrera, transitorios o irregulares o renovar nombramientos de puestos transitorios, cada agencia debe eliminar hasta el 20% de sus puestos de confianza autorizados y reducir sus gastos operacionales. La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá aprobar las excepciones.
La segunda orden ejecutiva, OE-2017-002 tiene como propósito crear el Centro de Oportunidades Federales para «fortalecer la obtención, maximización y fiscalización del uso de los recursos federales mediante la coordinación entre agencias gubernamentales, municipios, agencias federales, el tercer sector, el sector cooperativo y privado, etc. El centro asesorará al personal de los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios, instrumentalidades públicas del gobierno, así como organizaciones comunitarias y sin fines de lucro en relación con asuntos, gestiones y desarrollos de interés para Puerto Rico.
La entidad será dirigida por una persona designada por el gobernador que proveera información, coordinación, seguimiento, evaluación y capacitacion en relación a la participación de todos los componentes del gobierno; proveerá asistencia técnica para obtener y maximizar las subvenciones federales mediante adiestramientos y seminarios; y mantendrá a la oficina del gobernador informada sobre los cambios en los programas federales, entre otras funciones.
La tercera orden ejecutiva, OE-2017-003, declara una emergencia en torno a la infraestructura de la prestación de servicios, al amparo de la Ley 76 del 2000 y ordena la utilización de un proceso expedito, al amparo de la Ley 76 para el desarrollo de proyectos que fomenten una nueva o mejorarda infraestructura para la prestación de servicios de la ciudadanía. Entre estos, proyectos de energía, proyectos de acueductos, proyectos de transportacion o puertos, entre otros.
La cuarta orden ejecutiva, OE-2017-004, va dirigida a la creación de un grupo interagencial de Proyectos Críticos para la Infraestructura del Siglo 21, adscrito a la Oficina del Gobernador con el propósito de coordinar los esfuerzos y labores de las entidades gubernamentales en la evaluación y concesión de los permisos y otros trámites necesarios para el desarrollo de los proyectos críticos y estratégicos de infraestructura, presentados de acuerdo a PROMESA, a los fines de asegurar que los mismos cumplen con los requerimientos legales aplicables utilizando las mejores prácticas de gerencia de proyectos.
VISITA: TODO SOBRE LA LEY PROMESA Y LA JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL
Este comité deberá manejar los proyectos emblemáticos, críticos y de carácter urgente, utilizando las mejores prácticas de gerencia de proyectos y manejar proyectos de gran impacto en nuestro desarrollo económico. También facilitará y colaborará con asesoría a entidades gubernamentales en el desarrollo de sus procedimientos expeditos y en sus relaciones con la Junta de Control Fiscal.
La quinta orden ejecutiva, OE-2017-005, ordena a las instrumentalidades, departamentos y agencias del gobierno, a realizar un presupuesto Base Cero.
Y por último, la sexta orden ejecutiva, OE-2017-006, reconoce que el por ciento representativo de la mujer en los puestos o cargos directos es muy bajo en comparación con el del hombre, aún cuando la mujer ocupa un 43% de la fuerza laboral de la isla. Por tal razón, esta orden dispone que será política pública de la administración actual el aumentar la participación de la mujer en puestos directos dentro de la Administración del Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios. De esta forma, se orden a todas las agencias e instrumentalidades del gobierno a establecer medidas en el reclutamiento de puestos.