Empleados públicos no podrán ser disciplinados luego de vista informal mediante sanciones no notificadas

Empleados públicos no podrán ser disciplinados luego de vista informal mediante sanciones no notificadas

Descarga el documento: Ex-Agte. José Torres Rivera v. Policía

I. Síntesis circunstancial
El policía Torres Rivera fue notificado de una suspensión de empleo y sueldo por un término de 120 días. Luego de celebrada la vista informal y, luego de haberse efectuado un cambio de administración, el nuevo Superintendente le impuso como sanción la expulsión del Cuerpo de la Policía. El señor Torres Rivera acudió ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA revocó la expulsión y determinó que la Policía le violó el debido proceso de ley al señor Torres Rivera porque la Policía de Puerto Rico no puede variar los castigos sin previo aviso. Inconforme, la Policía de Puerto Rico acudió al Tribunal de Apelaciones y la determinación de la CIPA fue revocada. Inconforme, el señor Torres Rivera acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

II. Controversia
La controversia de presente caso es la siguiente: ¿Puede el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, luego de celebrar una vista administrativa informal, imponer como medida disciplinaria contra un agente de la Policía una sanción mayor a la que le había notificado previamente?

III. Opinión
El Hon. Erick Kolthoff Caraballo emitió la opinión del Tribunal. Reiteró que los empleados de carrera poseen un interés propietario sobre sus plazas, de manera que son acreedores de un debido proceso de ley. Acentuó que las exigencias mínimas de un debido proceso de ley, en su vertiente procesal, son las siguientes: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente. El Supremo enfatizó que, en cuanto al requisito de notificación adecuada, el empleado de carrera tiene el derecho de saber los cargos en su contra y de la consecuencia que podrían acarrear éstos.

En síntesis, el Tribunal Supremo manifestó que se le violó el debido proceso de ley al señor Torres Rivera, en su vertiente procesal, cuando la Policía no le notificó en la resolución de cargos de la posible expulsión. El Supremo sostuvo que el señor Rivera Torres sólo fue notificado de la suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días. Pero luego de la vista administrativa informal, fue castigado con la expulsión del cuerpo de la Policía. El Hon. Erick Kolthoff Caraballo coligió que un empleado de carrera tiene derecho a conocer el cuadro claro de su situación particular antes de tomar una decisión en cuanto a la estrategia legal a seguir. El aludido juez mencionó “No se trata de lo que el Estado tiene derecho a hacer, sino de lo que el Estado le anunció al empleado que haría”.

El Tribunal también mencionó que, una vez el empleado acepta las condiciones de lo que constituirá el proceso en su contra, no puede el Estado variar tales condiciones so color de que un reglamento en particular o de que un acuerdo de reforma policial lo permita.

Por consiguiente, el Tribunal Supremo ordenó la celebración de una vista formal ante la CIPA. No obstante, de la CIPA concluir que procede una sanción disciplinaria, tendrá que imponer una medida que no exceda de una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días.

La Jueza Presidenta, Hon. Maite Oronoz Rodríguez, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez y el Hon. Ángel Colón Pérez, concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

IV. Expresiones del Hon. Rafael Martínez Torres
El Hon. Rafael Martínez Torres emitió unas expresiones, a las cuales se unió la Hon. Mildred Pabón Charneco y el Hon. Roberto Feliberti Cintrón. Las expresiones son las siguientes: “Estoy conforme con la Opinión que hoy emite este Tribunal porque le garantiza al Sr. José L. Torres Rivera un proceso justo que cumple con las garantías del debido proceso de ley. Lo resuelto no impide que el Superintendente de la Policía, comience un nuevo proceso disciplinario, independiente del anterior, que de conformidad con lo expuesto en la Opinión del Tribunal, cumpla con las exigencias del debido proceso de ley. Véase Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70 (1992)”.

V. Suplemento fáctico
El señor Torres Rivera se desempeñaba en un puesto de carrera como agente de la Policía de Puerto Rico (Policía) para el año 2003. Como resultado de unos hechos ocurridos el 26 de junio de 2003 en el Centro Médico en Río Piedras, la Policía realizó una investigación administrativa sobre la conducta del señor Torres Rivera.

El 28 de octubre de 2010, el Superintendente de la Policía, el Lcdo. José E. Figueroa Sancha, le notificó al señor Torres Rivera una resolución de cargos y le indicó que se proponía a imponerle como castigo una suspensión de empleo y sueldo por el término de 120 días. También se le notificó al señor Torres Rivera su derecho a solicitar una vista administrativa informal ante un Oficial Examinador dentro del término de 15 días laborables, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución de cargos. Se le advirtió que no solicitar la aludida vista equivaldría a renunciarla, que el despido sería uno final y entonces tendría derecho a apelar dicha determinación ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA).

El 24 de octubre de 2013, luego de celebrada la vista administrativa informal, un nuevo Superintendente de la Policía, Héctor M. Pesquera, le notificó al señor Torres Rivera una resolución final en la cual le impuso como sanción la expulsión de la Policía de Puerto Rico. En otras palabras, una sanción mucho mayor a la recomendada en la primera resolución del 28 de octubre de 2010.

Inconforme con dicha determinación, el señor Torres Rivera acudió ante la CIPA. La CIPA emitió una resolución el 20 de noviembre de 2013 en la cual dictaminó que la Policía le violó el debido Proceso de Ley al policía expulsado porque la Policía de Puerto Rico no puede variar los castigos sin previo aviso. El foro administrativo destacó que no existe una notificación que las actuaciones imputadas pueden conllevar la expulsión. Consecuentemente, la CIPA revocó la expulsión y ordenó a la Policía el pago de salarios, haberes y otros beneficios dejados de percibir por el señor Torres Rivera durante su suspensión.

Inconforme, la Policía de Puerto Rico, el 14 de marzo de 2014, acudió al Tribunal de Apelaciones a través de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. El 30 de abril de 2014, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen de la CIPA. El Tribunal de Apelaciones coligió que nada en nuestro ordenamiento jurídico impide que el Superintendente de la Policía pueda modificar la sanción, luego de la vista informal, siempre que el empleado fuera adecuadamente notificado de los cargos en su contra, así como de la oportunidad de ser escuchado y de presentar alguna prueba a su favor. Inconforme, el señor Torres Rivera acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

por Joel Pizá Batiz