La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) expresó su preocupación ante la propuesta de la Junta de Supervisión fiscal anunciada hoy de reducir la jornada laboral del gobierno. «Tenemos reservas serias sobre esta propuesta no solo por el impacto social, sino por el impacto que tendría en la economía», anunció Rodrigo Masses, presidente:
Aunque el gigantismo gubernamental y el costo que ello implica, han sido denunciados consistentemente por la AIPR, en estos momentos una reducción en la nómina gubernamental tendría un impacto negativo en la economía. Además, en los últimos años el tamaño del gobierno se ha reducido. Según los datos disponibles la fuerza laboral del gobierno se ha reducido de 310 mil en el 2004 a unos aproximados 200 mil en el 2017 Por otro lado, el gobierno tiene como herramienta la Ley del Empleados Único que provee al gobierno la flexibilidad de mover al personal entre agencias para aumentar su productividad.
La Junta debe entender que, en una economía como la nuestra, las medidas de corrección fiscal no pueden pasar por alto el impacto económico y social. Se ha mencionado en distintas ocasiones que el ejemplo de California, en que se implantaron medidas similares, provee las bases para optimismo en cuanto a que, de aplicarse dichas medidas, la economía resurgirá. Es un error pues la situación de California es muy distinta a la nuestra. Su economía crecía y su población aumentaba, contrario en ambos casos con la situación en Puerto Rico. Además, su nivel de ingreso per cápita es varias veces el nuestro y su nivel de desocupación muy inferior.
Un estimado hecho para Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en el 2016, y resumido en un diario local hace pocos días, sugiere que por cada reducción de $200 millones en nómina el impacto en el empleo sería de unos 7,000, directos, indirectos e inducidos si se logra reduciendo la plantilla. Si esa reducción se logra reduciendo la jornada de trabajo, el impacto sería menor pero aun así será significativo pues reduce el ingreso disponible, reduce el consumo, reduce el ingreso por concepto de IVU y tiene dos impactos adicionales. Promueve la emigración y estimula la economía informal o subterránea.
Además del señalamiento anterior, a la AIPR le preocupa inmensamente que el Gobierno y la Junta tengan posiciones en conflicto, como parece ser el caso con respecto al recorte de jornada de trabajo. Lo menos que necesita la economía de Puerto Rico en este momento es un mayor nivel de incertidumbre que es lo que el conflicto entre ambas partes genera.
«Hacemos un llamado a la Junta y al Gobierno a que busque los medios para lograr acuerdos sobre las medidas necesarias para enderezar las finanzas públicas. El bienestar económico y social de Puerto Rico está en la balanza», concluyó Masses.