La Jefa de Fiscales, Olga B. Castellón Miranda, informó que una resolución de 35 páginas emitida por el juez Jorge Díaz Reverón del Tribunal de Primera Instancia de Caguas rechaza los fundamentos del Tribunal de Apelaciones, en la que una sentencia reciente declaró inconstitucional el Artículo 5.04 de la Ley de Armas.
En un caso resuelto por el Tribunal de Apelaciones de la región de Bayamón y Aibonito se acusaba a varias personas de vender a agentes encubiertos armas de fuego adquiridas en el bajo mundo. Resolvió que el caso de Sánchez-Valle impide que el gobierno de Puerto Rico regule la tenencia y posesiones de armas de fuego, aún cuando se adquieren ilegalmente. Dicha decisión es persuasiva y no obliga a los demás tribunales.
En su resolución, el juez Díaz Reverón resuelve que el caso de Sánchez-Valle, al igual que los casos del Tribunal Supremo, Federal District of Columbia v. Heller y McDonald v. Chicago, no le quitan la autoridad a los estados, incluyendo a Puerto Rico, para regular el comercio de armas de fuego.
En su extensa discusión, el magistrado analizó la Segunda Enmienda de la Constitución federal y su interpretación por la mayoría de los estados de la nación estadounidense y Puerto Rico.
“La base o el ‘core’ del derecho a tener y poseer un arma es que los ciudadanos responsables y respetuosos de la ley puedan usar las armas en defensa de la familia y el hogar”, reza la resolución del juez Díaz Reverón, citando la jurisprudencia federal.
“Se rechaza firmemente cualquier noción de que un individuo tiene un derecho constitucional de tener y poseer cualquier arma de cualquier tipo y en cualquier manera”, agregó el juez en su resolución.
Esta opinión del Tribunal de Primera Instancia de Caguas es la última de varias opiniones emitidas por diferentes jueces en varias jurisdicciones ante planteamientos de inconstitucionalidad de la Ley de Armas.
El Tribunal de Apelaciones tiene ante su consideración una moción de reconsideración presentada por el Departamento de Justicia, en defensa de la constitucionalidad de la Ley de Armas.
“El Departamento de Justicia seguirá defendiendo la constitucionalidad de la Ley de Armas ante los diferentes foros judiciales como una cuestión de política pública”, sostuvo Castellón Miranda.