Presidente del Colegio de Abogados solicita intervención del Supremo con compañía que promociona servicios legales prepagados

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Alejandro Torres Rivera, solicitó a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, su intervención sobre compañía de telefonía que actualmente promociona servicios legales prepagados.

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La compañía de telefonía Claro anunció en varios periódicos del país la creación de un nuevo servicio de asistencia legal que puede ser añadido por $9.99 a las cuentas de telefonía de sus clientes. La solicitud del Presidente del Colegio se llevó a cabo a través de una misiva en la que este argumentó que el ofrecimiento de Claro puede constituir práctica ilegal de la abogacía, ya que la compañía no se dedica al ofrecimiento de servicios legales. De igual forma, arguyó que el pago por los servicios legales ofrecidos, de acuerdo al anuncio publicado, no cumplen con la reglamentación ética ni con la ley notarial vigente.

“En el caso que aquí presentamos nos preocupa un anuncio publicado por la empresa de telecomunicaciones Claro en donde anuncia que mediante un plan prepagado de $9.99 al mes, al añadir la asistencia legal de esa empresa en su plan telefónico, recibirá una amplia variedad de servicios legales. El hecho de que una empresa de telecomunicaciones está ofreciendo servicios legales mediante un plan prepagado podría constituir práctica ilegal de la abogacía”, escribió.

Torres Rivera citó a Sección 7 de la Ley Núm. 17 del 10 de junio de 1939, que establece que “ninguna persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos propios, ningún asunto judicial o cuasi judicial ante cualquier tribunal judicial”.

Torres Rivera solicitó que el asunto fuese referido al Departamento de Justicia para que investigue si el anuncio y la práctica anunciada por Claro constituyen práctica ilegal de la abogacía.

 

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