Un grupo de ciudadanos, entre los que figuran un periodista, una activista por la lactancia, y una entrenadora física, presentaron una demanda en contra del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), para detener la implementación de la alerta presidencial.
Este nuevo sistema, que se activó por primera vez el pasado 3 de octubre de 2018, es un sistema de alerta de emergencias nacional, que puede ser activado por el presidente Trump. Los demandantes arguyen que este sistema de emergencias viola los derechos constitucionales de los ciudadanos contenidos en la Primera y Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Específicamente, estos arguyeron que como ciudadanos tienen derecho a no tener que escuchar el alerta gubernamental de forma obligatoria, así como la invasión sin autorización y sin consentimiento de sus dispositivos celulares.
«Los demandantes no pueden convertir sus celulares en bocinas gubernamentales que les obliguen a escucharlos. Los demandantes tienen un derecho sustantivo, bajo la Primera Enmienda, a no ser compelidos por el gobierno a escuchar», expresa la demanda.
Los demandantes compararon el sistema de alerta con «el secuestro de su propiedad privada, con el fin de colocar un altavoz controlado por el gobierno en el hogar y en la persona de cada estadounidense». Esta nueva alerta presidencial se distribuye a nivel nacional y solo se usa para advertencias anticipadas de crisis nacionales.
De acuerdo a FEMA, la alerta no es un mensaje de texto o SMS, sino un audio y alerta en forma de texto, que se despliega como una notificación en la pantalla del teléfono del usuario. Los residentes de Puerto Rico pudieron experimentar la alerta en sus teléfonos el 3 de octubre en horas de la tarde. La misma estaba pautada para llevarse a cabo hace varias semanas, pero fue pospuesta por el paso del huracán Florence.
En la demanda se solicita que el tribunal declare que el sistema en cuestión es inconstitucional pues no le permite a los ciudadanos optar por no escucharlo. De igual forma, solicitaron un interdicto para que el tribunal le impida al gobierno, tanto de forma preliminar como permanente, la implementación del sistema de alerta presidencial. Finalmente, estos solicitaron el reembolso de los gastos del pleito presentado.