Fiscales del PFEI podrán presentar cargos criminales contra individuos particulares

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó en Pueblo v. Muñoz Noya que los fiscales especiales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) cuentan con autoridad para presentar cargos criminales contra individuos particulares.

La presentación de los cargos deberá surgir tras los hallazgos de una investigación debidamente encomendada por panel, donde se plantee que los individuos particulares presuntamente participaron como autores o coautores en la alegada conducta delictiva que involucraba a un funcionario público, que inicialmente estaba siendo investigado bajo la jurisdicción del PFEI.

La opinión del Tribunal Supremo la escribió el juez Roberto Feliberti Cintrón.

Descargue Pueblo v. Muñoz Noya

“Decretamos que la figura del Fiscal Especial posee jurisdicción exclusiva, circunscrita a la encomienda asignada por el PFEI, para encausar a individuos particulares que, de acuerdo con los hallazgos de sus investigaciones, aparentemente delinquieron en concierto y común acuerdo con un funcionario público, a la luz del lenguaje expreso de la Ley del PFEI y de una interpretación razonable de la intención legislativa que motivó sus enmiendas”, plantea la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Consistentemente, en el caso de autos, los fiscales especiales ejercitaron legítimamente su autoridad al investigar y denunciar al imputado, a base de la facultad estatutaria concedida y la encomienda recibida”, continuó el juez asociado Feliberti Cintrón.

¿CÓMO SURGE EL CASO?

El caso comenzó en diciembre de 2016, cuando el entonces secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, remitió al PFEI una misiva junto con una investigación preliminar de las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.

Miranda señalaba que —tras realizar la investigación preliminar— entendían que existía causa suficiente para concluir que el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, había cometido delito grave.

Por eso, recomendaba la designación de un fiscal especial para una investigación de ciertos individuos para evaluar si incurrieron en conducta delictiva asociada a la del expresidente.

El PFEI acogió la recomendación del secretario de Justicia y el 20 de enero de 2017 emitió una resolución que ordenó la designación de varios fiscales especiales para que investigaran a fondo las posibles actuaciones delictivas del expresidente y los otros individuos.

En concreto, el panel determinó que existía causa suficiente para creer que los individuos particulares pudieron haber cometido en concierto y común acuerdo con el expresidente los delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos e infracción a la ley para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico.

La resolución del PFEI especificaba que:

“Atendida la recomendación del Secretario de Justicia y, luego de analizar los hechos presentados en el informe de investigación preliminar, el Panel considera que debe realizarse una investigación a fondo sobre los hechos que se le atribuyen al señor Perelló Borrás y los alegados coautores, según dispone el Art. 5, inciso (3) de la Ley 2, supra. El Panel determina[,] además, consolidar este caso con el que se encuentra bajo investigación de la exsenadora [María Teresa González López]. En vista de ello, se determina adicionar dos fiscales especiales independientes a los previamente designados en el caso de la exsenadora (fiscales Ramón Mendoza y Manuel Núñez). En consecuencia, se designa a los Fiscales Emilio Arill y Leticia Pabón para que, en conjunto, realicen la correspondiente investigación a fondo sobre ambos casos (…) En este mandato queda expresamente incluida la encomienda —de así justificarlo la investigación que se realice por los Fiscales mencionados—, de presentar ante los tribunales de justicia las correspondientes acciones penales que procedan en derecho”.

Luego de culminar la investigación de los casos consolidados, los fiscales especiales citaron para entrevista al licenciado Ángel Muñoz Noya.

Como parte de la citación, se le indicó que podía presentarse acompañado de abogado y que su incomparecencia podría conllevar la petición de imposición de desacato ante un tribunal competente.

El abogado contestó que no comparecería.

Luego de varios trámites y ya durante la vista de causa probable para arresto contra el licenciado Muñoz Noya, su representación legal argumentó que los fiscales especiales carecían de jurisdicción para procesarlo criminalmente.

El foro primario les concedió a las partes un término de 15 días para presentar memorandos de derecho sobre el particular.

En cumplimiento con la referida orden, el imputado presentó un memorando de derecho en apoyo a solicitud de desestimación por falta de jurisdicción [y] argumentación suplementaria.

Sostuvo que el Fiscal Especial carecía de jurisdicción para presentar la denuncia en su contra porque, en resumen, no solicitó por escrito al panel la ampliación de la investigación para incluirlo, privándolo de este modo de la notificación de la investigación que exige el debido proceso de ley y de la oportunidad para oponerse ante el PFEI.

El Tribunal de Primera Instancia continuó la vista.

Luego, emitió una resolución por la cual encontró causa probable para arresto.

De igual forma, denegó la solicitud de desestimación. Detalló que “no procede la desestimación de los cargos según presentados toda vez que [los fiscales especiales] insta[n] su acción como resultado de una investigación y su jurisdicción se deriva específicamente de la designación realizada en la resolución del 20 de enero de 2017”.

Ante esto, el imputado apeló.

El Tribunal de Apelaciones —por votación mayoritaria del juez Roberto Sánchez Ramos y la jueza Giselle Romero García— emitieron una sentencia revocando el dictamen recurrido y ordenando la desestimación de la denuncia.

Como fundamentos relevantes, decretó que las únicas dos vías estatutarias para los fiscales especiales pudiesen asumir jurisdicción sobre el imputado eran:

  1. si el secretario de Justicia hacía determinaciones de conflicto de interés que justificara el referido
  2. que el panel procesara simultáneamente al funcionario público y a individuos particulares no enumerados en la ley.

Concluyeron que, “al no estar presente aquí alguna de ellas, […] [los fiscales especiales] actu[aron] sin autoridad al presentar la denuncia.

Mientras, en esa misma determinación, la jueza Irene Soroeta Kodesh argumentó que la Ley del PFEI le otorga a los fiscales especiales la potestad de instar las acciones criminales que estime procedentes, luego de culminar las investigaciones de los asuntos que le fueron encomendados, tanto de funcionarios públicos como individuos no enumerados en el estatuto.

La jueza Soroeta Kodesh enfatizó que el artículo 13 de la Ley del PFEI le concede a los fiscales especiales la jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda asignada.

AL TRIBUNAL SUPREMO

Ante esto, los fiscales especiales presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, señalando como único error que el foro apelativo incidió al desestimar la denuncia presentada contra el imputado, tras concluir que carecían de jurisdicción para procesarlo.

¿QUÉ ANALIZÓ EL TRIBUNAL SUPREMO?

El Supremo repasó en su análisis la Ley del Panel del Fiscal Independiente.

“En Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27 (2019), explicamos que, como norma general, la responsabilidad de investigar y procesar las causas criminales recae sobre el Secretario del Departamento de Justicia (Secretario de Justicia) y los fiscales adscritos a esa dependencia gubernamental del Poder Ejecutivo. Íd., págs. 35-36. Ahora bien, aclaramos que, cuando se pretende investigar y posteriormente encausar a funcionarios públicos que incurran en actividades delictivas, el mecanismo correspondiente es el instaurado por la Ley del PFEI“.

“La instauración del PFEI se cimentó en la necesidad de “provee[r] un foro neutral e independiente para dilucidar palpablemente ante el pueblo supuestos o reales actos indebidos atribuibles a funcionarios gubernamentales [para…] prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictuoso o indebido”, indicó el tribunal.

El Tribunal analizó también que para 2012, la Ley del PFEI fue enmendada en varias ocasiones por la Asamblea Legislativa para, entre otras consideraciones, realizar una revisión integral del estatuto que asegurara la coherencia en su aplicación e interpretación.

También se atemperaron las disposiciones a los pronunciamientos emitidos hasta entonces por el mismo Tribunal y a las nuevas responsabilidades delegadas al PFEI.

Esto conllevó que se ampliara el alcance del estatuto para:

  1. garantizar el ejercicio pleno de la jurisdicción concedida al Panel y a los Fiscales Especiales
  2. aumentar el marco de acción de los referidos recibidos por el PFEI y sus investigaciones
  3. conceder al Panel la prerrogativa para, a su discreción, incluir o no en sus investigaciones y procesamientos a individuos particulares que hayan sido autores o coautores en cualesquiera de los delitos imputados a funcionarios públicos bajo su jurisdicción
  4. adicionar otras enmiendas de índole administrativo con el objetivo de aclarar y ampliar el alcance de la autonomía administrativa del organismo

De hecho, repasaron la exposición de motivos de las enmiendas a la Ley del PFEI, que expone las razones por las que se confirió al panel la prerrogativa de determinar si incluía la investigación y procesamiento de los autores y coautores, como parte de la encomienda que haga al fiscal especial, de cualesquiera de los delitos imputados a los funcionarios públicos bajo su jurisdicción.

Antes de las enmiendas, el panel no tenia jurisdicción sobre estas personas y esto había presentado inconvenientes al momento de procesar a un funcionario de alto nivel, cuando de la prueba obtenida en la investigación surge que hay un autor o coautor del delito sobre el cual el Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción.

La Asamblea Legislativa buscó establecer un balance jurisdiccional para evitar la duplicidad y la desintegración de los esfuerzos. Por ellos atendió la legislación de la siguiente forma:

“Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en la sec. 99k de este título participó, conspiró, indujo, aconsejó, provocó, instigó, o de algún otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los delitos a que se hace referencia en la sec. 99k de este título, efectuará una investigación preliminar y rendirá un informe conforme los criterios establecidos en la sec. 99k de este título, sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial Independiente. Una vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad de determinar si investiga y procesa al autor o los coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial Independiente de conformidad con el inciso (2) de la sec. 99r de este título. Si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinación será final y firme y no podrá presentarse querella nuevamente por los mismos hechos”.

El Tribunal destacó que la legislación deja meridianamente claro el ámbito de jurisdicción que posee el fiscal especial con respecto a la encomienda delegada por el PFEI frente a posibles intervenciones del secretario o secretaria de Justicia.

Todo Fiscal Especial tendrá jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se le asigne. El Secretario de Justicia, sin embargo, podrá intervenir como amicus curiae en relación con cualquier aspecto legal planteado en cualquier procedimiento en que un Fiscal Especial participe en su capacidad como tal o en cualquier apelación de dicha acción. (Énfasis suplido). Art. 13, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99t.

CONCLUSIÓN DEL SUPREMO

El Supremo concluyó que la figura del Fiscal Especial posee jurisdicción exclusiva para encausar a individuos particulares que, de acuerdo con los hallazgos de sus investigaciones, aparentemente delinquieron en concierto y común acuerdo con un funcionario público, a la luz del lenguaje expreso de la Ley del PFEI y de una interpretación razonable de la intención legislativa que motivó sus enmiendas.

Señalaron que la determinación es cónsona con el propósito que persigue la Asamblea Legislativa al crear un balance jurisdiccional ágil y eficiente en los procesamientos criminales bajo ese estatuto, sin inconvenientes procesales, duplicidad ni desintegración de esfuerzos que minimicen las probabilidades de éxito del Estado.

DISIDENCIA EN EL SUPREMO

El juez asociado Ángel Colón Pérez discrepó de la opinión del Tribunal Supremo y presentó una opinión disidente.

La jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y la jueza asociada, Anabelle Rodríguez Rodríguez, se unieron a la opinión disidente del juez Colón Pérez.

“El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), al amparo de su ley orgánica, únicamente puede asumir jurisdicción sobre un individuo particular y por ende procesar criminalmente al mismo, solo bajo dos supuestos, a saber: (1) el procesamiento coetáneo de un funcionario público que el PFEI tenga jurisdicción para procesar, en relación al mismo núcleo de hechos, o (2) emitida una determinación de conflicto de interés por parte del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, según pautado en el Artículo 5 del precitado estatuto”, plantea la opinión disidente que escribió Colón Pérez.

“Se comete una grave injusticia en contra del licenciado Ángel Muñoz Noya al ordenar el procesamiento criminal de éste, sin el PFEI tener base legal para ello”, continúa la disidente.

¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris?Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.

A %d blogueros les gusta esto: