Vistas anteriores a juicio en casos penales serán por videoconferencia, dice el Supremo

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó en Pueblo v. Santiago Cruz que —en ausencia de una situación excepcional o una razón de peso que justifique una vista presencial— toda vista anterior al juicio se celebrará por videoconferencia mientras dure la emergencia por COVID-19.

La opinión la escribió la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

Descargue la opinión en Pueblo v. Santiago Cruz

La validez del mecanismo —de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo— dependerá de que el Estado y los tribunales tomen las medidas que garanticen la vigencia de los derechos constitucionales que asisten a los imputados y menores en esa etapa, a saber: el derecho a un debido procedimiento de ley y el derecho a tener una representación legal adecuada.

De acuerdo con la opinión que escribió la jueza presidenta, salvaguardar los derechos en esa etapa implicará asegurar:

  • que el imputado o menor y su abogado puedan ver y escuchar sin dificultad a las personas que participen en la vista, y viceversa
  • que se cumplan con todas las garantías procesales que establece la Regla 23 de Procedimiento Criminal, en casos de adultos y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y la Ley de Menores de Puerto Rico, en casos de menores de edad
  • que el imputado o menor tenga disponible una línea telefónica directa, un salón virtual o un mecanismo análogo mediante el cual se pueda comunicar con su representante legal de forma confidencial durante la vista y viceversa

En cuanto a los planteamientos relacionados al debido proceso de ley, el Tribunal Supremo resolvió que el acto de comparecer virtualmente a estas vistas no niega a las personas imputadas la oportunidad de defenderse, debido a que mediante la videoconferencia podrán ver y escuchar a las personas que participen de la vista, y viceversa, de una manera razonablemente similar a lo que ocurriría en una vista presencial en la sala del tribunal.

Igualmente, se determinó que celebrar la vista mediante videoconferencia no impide que el abogado(a) brinde una representación legal adecuada o efectiva al imputado(a) y no despoja al imputado(a) de la oportunidad de colaborar con su propia defensa.

El juez asociado Ángel Colón Pérez concurrIó con la opinión a través de una opinión escrita.

“La forma más acertada de armonizar los intereses aquí en conflicto es dando paso a la celebración de los procesos judiciales antes mencionados a través de los mecanismos de videoconferencia”, plantea la opinión concurrente del juez Colón Pérez.

El juez asociado Rafael Martínez Torres concurrió con el resultado al que llega la opinión mayoritaria e hizo constar la siguiente expresión:

“La norma es clara. No había necesidad de intervenir en los procesos que se estaban llevando a cabo en los foros inferiores. Al hacer esto, se le quita discreción al Tribunal de Primera Instancia sobre cómo llevar a cabo los procedimientos. Otra vez, este Tribunal establece una regla absoluta sin tomar en consideración la totalidad de las circunstancias que pueda presentar cada caso […] Peor aún, la Opinión del Tribunal, muestra una inclinación peligrosa a favorecer el uso indiscriminado y automático de la videoconferencia en la etapa del juicio”, explica el juez Martínez Torres.

El juez asociado Erick Koithoff Caraballo concurrió sin opinión escrita.

El juez asociado Luis Estrella Martínez presentó una opinión disidente.

“No podemos equiparar a una persona que enfrenta un proceso criminal al tratamiento de una mera persona testigo u otras figuras del procedimiento criminal. Ello, pues la Constitución de Puerto Rico provee una serie de protecciones y garantías fundamentales a favor de la persona imputada de delito que exigen necesariamente su presencia física en el tribunal, con acceso adecuado y efectivo a su representación legal, enfrentándose cara a cara a las personas testigos que declaren en su contra y participando activamente de su defensa”, señala la opinión disidente de Estrella Martínez.

De acuerdo con la disidente del juez Estrella Martínez, “toda renuncia que haga una persona imputada a estos derechos debe ser voluntaria, inteligente, consciente y debidamente consultada con su representación legal“.

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