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Los 5 casos federales (relacionados a Puerto Rico) más importantes del 2020

Por Daniel Rivera Vargas

Los tribunales federales han tomado varias decisiones importantes para Puerto Rico en los últimos 12 meses, según observadores y conocedores de estos procesos que entrevistó Microjuris.com.

1. El Seguro Social Complementario

Para Federico De Jesús, analista y presidente de la firma de consultoría en Washington D.C., FDJ Solutions, las decisiones más significativas se encuentran a las puertas del Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU).

De acuerdo con De Jesús, esos casos son José Luis Vaello-Madero y Peña Martínez, pleitos que podrían significar más ayuda para personas que reciben algún tipo de beneficiencia en Puerto Rico.

«Se trata de miles de millones de dólares, y el argumento que suscriben es discrimen», comentó De Jesús, quien no es abogado.

En el caso de Vaello-Madero, la controversia tiene que ver con el Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés). En este caso, una persona que recibía esta ayuda estando en Nueva York se muda a Puerto Rico y continúa recibiendo la ayuda, pero cuando el gobierno federal se entera de la mudanza, detiene los pagos y le pide al ciudadano que devuelva $28,081.

El juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, en una decisión federal que fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, resuelve que negarle esta ayuda a Puerto Rico era discriminatorio.

Hon. Gustavo A. Gelpí desestima cobro de dinero de EEUU contra puertorriqueño; trona contra el trato dispar que padecen los ciudadanos | Microjuris Al Día

En septiembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, alegando en parte el costo de extender esa y otras ayudas a la Isla.

United States v. Vaello-Madero | Microjuris Al Día

Luego de Vaello-Madero, en una nueva demanda conocida como Peña Martínez, un grupo de nueve ciudadanos hizo reclamos similares en SSI y sobre otras ayudas, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP) y el Low Income Subsidy Program bajo Medicare, también alegando en parte que ciudadanos americanos reciben menos dinero en ayudas, sencillamente por ser residentes en Puerto Rico.

El licenciado José Bagué Soto, del bufete Del Toro & Santana, explicó que «el tribunal correctamente resolvió que es arbitrario y discriminatorio que los puertorriqueños que pagamos Seguro Social recibamos, sin embargo, menos beneficios que un estado. Nunca encontré eso bien y ahora».

«Esto puede aliviar la situación en Puerto Rico donde hay una gran cantidad de personas con incapacidad y pobres», afirmó Bagué Soto.

En agosto pasado, el juez federal de distrito William Young falló a favor de los demandantes y el pleito se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones, aunque han sometido un escrito ante el Supremo de Estados Unidos para expresarse en el caso Vaello-Madero.

Aunque portavoces demócratas en Puerto Rico han expresado que el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoya la paridad en ayudas federales para Puerto Rico, De Jesús puntualizó que ese posicionamiento no necesariamente afectará si el Supremo de Estados Unidos decide o no intervenir en el caso Vaello-Madero.

Asimismo, el asesor dijo que habría que ver cómo el resultado final de estas controversias afectan futuras acciones relacionadas a otros beneficios que recibe Puerto Rico en la actualidad.

2. La constitucionalidad de los nombramientos de la JSF

De Jesús señaló que otro caso significativo a nivel federal fue Aurelius Investments v. Puerto Rico, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó en junio pasado la legalidad de los nombramientos de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Supremo Federal declara de forma unánime la constitucionalidad de nombramientos de Junta Fiscal | Microjuris Al Día

«Ese era el caso que más se había acercado a potencialmente romper el esquema de la Junta», sostuvo De Jesús.

De forma relacionada, dijo De Jesús, que un grupo de acreedores acudió al tribunal federal para alegar que la deuda multimillonaria del gobierno de Puerto Rico es en parte responsabilidad del gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, en noviembre pasado un juez declaró no ha lugar este pleito amparado en que el Supremo federal resolvió en Aurelius que la JSF era una entidad del gobierno territorial y por lo tanto no procedía reclamarle compensación al gobierno de Estados Unidos.

Para el licenciado Bagué Soto, la decisión más importante fue la de Aurelius, en el que se ratifica la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF.

«Es importante porque había esta percepción de algunos grupos de que la junta era inconstitucional y por lo tanto no había razón para cooperar con ella. Y ahora el Supremo resolvió que está debidamente constituida y ahora lo que procede es que el gobierno coopere y establezca presupuestos balanceados por cuatro años y así eliminar la necesidad de una junta. Esa siempre debió ser la estrategia, pero por las razones que sean, nunca quisieron tomar esa ruta», sostuvo Bagué Soto.

3. La declaración unánime en los juicios por jurado

El licenciado Juan Matos de Juan, abogado litigante con 28 años de experiencia federal, explicó a Microjuris.com que hay que recordar Ramos v. Louisiana, que resolvió el 4 de abril de 2020 que los veredictos en casos criminales deben ser unánimes, esto bajo la sexta enmienda de la constitución de Estados Unidos.

Decano opina que Ramos v. Louisiana tendrá eficacia inmediata | Microjuris Al Día

«A base de ese caso, en Puerto Rico se decide… que tiene que haber unanimidad en el veredicto», dijo Matos de Juan.

«Si un caso huge, es ese, tiene consecuencias rectas sobre el archipiélago de Puerto Rico porque era una de las pocas jurisdicciones que efectivamente tenía el 9-3″, continuó el abogado.

Matos de Juan aclaró que el requisito de unanimidad tiene implicaciones tanto para fiscales como para defensa, porque si no se logra unanimidad en el veredicto absolutorio, la fiscalía puede presentar el caso contra el acusado.

«Si no consigues los 12 para absolver es un ‘hung jury’ y hay que ver el juicio de nuevo», sostuvo.

Ahora, ante el Supremo federal, dijo que se discutió Edwards vs. Vannoy, argumentado el 30 de noviembre, se discute si es retroactivo o no.

Si se resolviera que es retroactivo, las personas confinadas que fueron declaras culpables sin un veredicto unánime podrían solicitar nuevo juicio, indicó el abogado.

El licenciado Bagué Soto destacó que este caso tiene un gran impacto en Puerto Rico porque «aquí los veredictos se estaban haciendo por voto mayoritario. Hay que estudiar a ver como aplica de forma retroactiva, o no»

4. Título VII y la comunidad LGBTIQ+

Bagué Soto destacó que hubo otras decisiones importantes a nivel federal, pero que no impactan a Puerto Rico, como por ejemplo el fallo del Supremo que extiende la protección del título 7 de derechos civiles sobre discrimen en el trabajo a la comunidad LGBTTIQ+, un tema que ya estaba legislado a nivel estatal en Puerto Rico.

Supremo Federal reconoce protecciones en el empleo a trabajadores LGBTIQ | Microjuris Al Día

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en una decisión de 6 a 3 que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los trabajadores LGBTIQ+ de la discriminación en el lugar de trabajo.

El Supremo Federal decidió que las protecciones del Título VII en la categoría protegida de sexo incluye la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas del discrimen en el empleo.

5. El COVID-19

Aunque no es una decisión judicial, Matos De Juan resaltó que las medidas tomadas en la corte federal y las cortes estatales para prevenir el COVID-19.

Para el abogado, estas medidas han afectado los procesos judiciales.

Recordó que dentro de la Ley federal para Alivio por el Coronavirus (Cares Act), se incluyeron provisiones para que las personas imputada puedan renunciar al derecho a la presencia en algunos procedimientos, excepto el juicio.

«Yo he tenido clientes sentenciados mediante videoconferencia, claro el imputado tiene que consentir», dijo Matos.

Eso tiene unas implicaciones que afectan los derechos de los acusados, sostuvo Matos.

«Ver una vista de supresión por teléfono, sin que este se pueda voltear y decir en medio del testimonio de un testigo, que esa persona no estaba allí. ¿Cómo tú haces eso por videoconferencia? Ese contacto con el cliente esta limitado”, sostuvo.

Mas allá de los casos penales, Matos resaltó el caso de Vaello-Madero porque “reconoce la desigualdad de trato basado en el lugar donde vives”.

“Como te mudaste, eres un poco menos ciudadano americano, y desde el punto de vista de igualdad de los ciudadanos americanos, ese es un caso importantísimo”, sostuvo.

“Los obliga a definir si tu ciudadanía es más o menos meritoria dependiendo de dónde te pones los zapatos por la mañana, si te los pones en Georgia o te los pones en San Juan”.

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