Por Daniel Rivera Vargas
Una de las delegadas por acumulación del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Zoé Laboy, explicó a Microjuris.com que espera que la administración de Joe Biden no se oponga ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) a que los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se apliquen en Puerto Rico y expresó preocupación en que la decisión final recaiga en los jueces asociados de la corte, que en su mayoría pertenecen al ala conservadora.
La preocupación surge luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que acogió el pedido de certiorari presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Vallejo-Madero.
En este caso, un ciudadano logró que tanto el juez federal Gustavo GelpÍ como el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito determinaran que no procedía quitarle el dinero que había recibido del SSI solo porque se mudó de Nueva York a Puerto Rico.
Ambos tribunales determinaron que la exclusión de residentes de Puerto Rico de beneficios del SSI viola la igual protección de las leyes. Uno de los argumentos en este caso reconocidos por el juez Gelpí es el discrimen contra las personas que residen en Puerto Rico.
Ante las determinaciones en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Donald Trump acudió al Supremo federal.
Aunque ahora el nuevo presidente es Joe Biden, el procurador general no ha anunciado un cambio de postura por lo que ahora el caso, con la expedición del certiorari, queda formalmente ante la consideración del más alto foro estadounidense.
«La verdad es que desde noviembre del año pasado estamos esperando la determinación del Supremo», dijo Laboy.
Agregó que aunque el caso Vallejo-Madero en términos específicos habla del Seguro Social Suplementario, «en términos generales atenderá el significado de la relación que existe entre Puerto Rico y los Estados Unidos continentales».
La letrada, exsenadora, exsecretaria de la Gobernación y del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) explicó que coincide con la apreciación de los jueces Gelpí y el fenecido juez apelativo Juan R. Torruellas en que el caso Vallejo-Madero revela discrimen porque se le quiere negar esa ayuda a un ciudadano americano solo porque vive en Puerto Rico.
Para la abogada, es incorrecta y discriminatoria la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que señalan que el archipiélago no debe recibir esta ayuda porque no aporta al fisco federal como lo hacen otros estados, porque Puerto Rico ciertamente aporta a las arcas del gobierno federal, aunque sea de una manera diferente a los estados.
«Lo que sí me sorprende y me preocupa es que ya fue acogido el certiorari y la posición del presidente Donald Trump no ha sido variada por la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris«, puntualizó.
Una promesa de campaña
Laboy recordó que Biden se comprometió en su programa de gobierno a favor de la paridad de ayuda Puerto Rico y en varias ocasiones durante la campaña se expresó en redes sociales sobre el trato discriminatorio de Trump contra el archipiélago.
El hoy presidente de Estados Unidos llegó a favorecer de forma específica que los puertorriqueños de escasos recursos y con discapacidades, al igual que los ciudadanos americanos en los estados, pueden disfrutar de la ayuda del SSI.
Se trata de entre $436 y $571 mensuales a cada puertorriqueño que caiga en las definiciones del SSI.
«Eso es una gran ayuda a personas de escasos recursos», dijo Laboy.
La expectativa de Laboy es que la administración Biden opte ahora por no oponerse a que los ciudadanos americanos en Puerto Rico reciban la ayuda y que de esa forma se confirmen las decisiones de Boston y de Gelpí.
Laboy espera que el hecho de que el Departamento de Justicia no haya cambiado la posición no se deba a que estaban esperando la confirmación en el senado del juez Merrick B. Garland como nuevo secretario de Justicia, porque el nominado está facultado a tomar decisiones aún cuando no haya sido confirmado.
«Él tiene todos los poderes sin ser confirmado para establecer que la posición de la administración Biden es de decirle no al discrimen», indicó.
Asimismo, la licenciada expresó preocupación en que el Departamento de Justicia bajo Biden decida mantener en este caso el curso de acción iniciado por la administración Trump en contra de las decisiones de Torruella y Gelpí, porque entonces la decisión recae en qué quiera hacer una mayoría de los jueces y juezas del Supremo de Estados Unidos.
«La posición de la mayor parte de los justices, de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, es bien conservadora, de no darle espacio a la diversidad», expresó Laboy.
Sobre el proyecto de estatus
En otros temas, Laboy celebró que hoy se presente un nuevo proyecto para la admisión de Puerto Rico como estado. La presentación de la medida será en el Congreso de Estados Unidos.
La delegada demócrata explicó que el proyecto pretende que se celebre una nueva votación a favor de la estadidad, pero contrario a la votación de noviembre pasado, con el aval del Congreso.
La exfuncionaria señaló que, en esta ocasión, el proyecto de la autoría del congresista Darren Soto, no solo será impulsado por la comisionada residente Jenniffer González, sino que por el gobernador Pedro Pierluisi, quien es muy respetado en Washington DC por sus 8 años como comisionado.
Para la abogada, el proyecto da seguimiento a una votación en la que una mayoría de las personas que residen en Puerto Rico respaldaron la estadidad.
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