La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico —que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén— investigará las medidas y protocolos que se han implantado en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de Tribunales para atender los crímenes motivados por la identidad de género u orientación sexual de las víctimas de delito.
La Resolución del Senado 78 es una iniciativa multipartidista e independiente, de la autoría de las senadoras y senadores como la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rivera Lassén y Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el senador independiente, José Vargas Vidot, y Ada García Montes y Rubén Soto del Partido Popular Democrático (PPD).
La medida destaca que la Fundación Human Rights Campaign (HRC) expuso un aumento dramático en asesinatos de personas LGBTTIQ+ en Puerto Rico.
Según la organización, en los últimos 15 meses se han reportado 10 muertes violentas de personas identificadas como LGBTTIQ+.
Este es el mayor número de asesinatos de personas identificadas como LGBTTIQ+ en Puerto Rico en los últimos diez años.
Cinco de estas muertes han ocurrido solo en los últimos dos meses.
Los autores afirman que si la policía, las fiscalías, la judicatura y las personas empleadas en el sistema de justicia no cuentan con los adiestramientos necesarios o no ejecutan protocolos efectivos, podrán reconocerse agravantes en nuestro ordenamiento, pero no servirá de nada a la hora de investigar y el consecuente ejercicio de la justicia.
¿Cuándo presentarán la investigación?
En menos de 90 días, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse.
Es decir, deberán presentar el informe antes del 6 de junio de 2021.
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