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En vilo el derecho al aborto, tras nuevos intentos de revertirlo en el Supremo federal

Por Daniel Rivera Vargas

Una ley firmada en Arkansas hace dos semanas para impedir el aborto. Su gobernador directamente reconoce la ley es inconstitucional. Un proyecto de ley radicado en Arizona cataloga el aborto como asesinato en primer grado. Son diversos los nuevos retos que enfrenta el derecho fundamental a terminar un embarazo en el 2021.

Uno de los proyectos de ley más recientes surge desde Arizona y se presentó en 2021. Establece que los abortos deben procesarse como asesinato y que puede ser hasta en primer grado. En este estado, este tipo de crimen se puede castigar con la pena de muerte.

Curiosamente, el proyecto dispone que los funcionarios del estado deben hacer cumplir esta ley, independientemente («regardless») de lo que diga la ley o la jurisprudencia federal.

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En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó en el caso Roe v. Wade las terminaciones de embarazo, lo que lo le otorga fuerza de ley federal a los abortos en todos los estados y en territorios como Puerto Rico.

Mientras la iniciativa en Arizona se trata de un proyecto de ley de la autoría de 10 legisladores estatales, en Arkansas han ido un paso más allá, y ya se trata de una ley.

Específicamente, se trata de la Ley para Proteger al Niño no Nacido, que se presentó en noviembre como el Proyecto del Senado 6 ante la Asamblea General de ese estado. El gobernador Ara Hutchinson la convirtió en la Ley 309 el pasado 10 de marzo.

«Ya es hora de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos atienda y corrija la grave injusticia y el crimen contra la humanidad que se perpetua con las decisiones de Roe v Wade, Doe v. Bolton, y Planned Parenthood v. Casey», indica el primer artículo de la ley.

Se trata de actuaciones que coinciden con lo que algunos juristas anticiparon a Microjuris.com en septiembre, de que con la muerte de Ruth Bader Ginsburg y su sustitución con una jurista con una visión conservadora, derechos como el del aborto serían desafiados.

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La icónica jueza liberal fue sustituida por Amy Coney Barret, una jurista de visión conservadora, que fue oficial jurídico del fallecido juez conservador Antonin Scalia, fue jueza del Tribunal Federal de Apelaciones nombrada por Donald Trump y ejerció como profesora en la Universidad de Notre Dame.

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El aborto ha tenido un variado desarrollo jurisprudencial en el que en Roe v. Wade fue reconocido como un derecho fundamental, aunque se reconoce un interés estatal en la vida potencial del feto y establece un estándar de trimestres.

Pero decisiones judiciales posteriores lo afectaron, como la decisión en Planned Parenthood, que acoge el concepto de cargas indebidas al derecho fundamental y coloca en las mujeres en peso de probar que ciertas restricciones que impongan los estados son deliberadas para limitar el derecho a interrupción de embarazos, y finalmente en la decisión González v Carhart, de 2007, que permitió al Congreso prohibir abortos en el segundo y tercer trimestre y excluir el factor de protección de la salud, explicó la profesora Migdalia Fraticelli, quien imparte cursos de familia en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Aunque no tiene el detalle de nuevas leyes que atenten contra el derecho al aborto, Fraticelli explicó a Microjuris.com que sí conoce de intentos de establecer restricciones al aborto que pudieran llegar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Como ejemplo de «cargas indebidas» posibles a ese derecho que podrían culminar en el tribunal, estarían:

  • establecer más requisitos
  • imponer más tiempo de espera
  • intentos del estado de manejar anímicamente a las mujeres

No cree que el derecho al aborto sea revocado

A pesar de las decisiones que ya han debilitado el precedente, y reconociendo que hay nuevos intentos en contra del aborto, Fraticelli no cree que el derecho al aborto vaya a ser revocado en su totalidad por varias razones.

Por un lado, es un precedente que ya tiene décadas de existencia y «está tan cimentada en la sociedad estadounidense que incluso se me hace difícil que un tribunal conservador revoque Roe v. Wade».

Además, la profesora sostuvo que en sectores conservadores se reconoce que revocar ese derecho abriría la puerta a la realidad previa a Roe v Wade, en la que las mujeres se hacían los abortos pero en condiciones insalubres y con personas no capacitadas, arriesgando sus vidas.

«Mi opinión personal es que esa doctrina difícilmente va a ser revocada. Quizá se creen algunas cortapisas, se le dé más importancia a la viabilidad del feto, pero el derecho fundamental de interrumpir el embarazo, lo que se llama por ahí es derecho al aborto, no creo que lo revoquen», dijo la profesora.

Mientras, la profesora Esther Vicente, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), dijo que sectores fundamentalistas, en parte asociados con las religiones, «llevan unos cuantos años, unas décadas, en las que el movimiento antimujer y antiaborto se ha organizado para atacar ese derecho, los derechos reproductivos y a las mujeres».

Esta práctica no se limita a Estados Unidos, sino que a América Latina, e incluso en Puerto Rico, indicó.

La ley más reciente es la de Arkansas, puntualizó la profesora.

Comentó que también hay una medida similar en otro estado, donde se pretende autorizar a nivel estatal que el presunto padre de un no-nacido vaya a un tribunal y solicite una paralización de un aborto.

Vicente destacó que se trata de algo que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que no se puede hacer, pero que se radica con la intención de que intervenga el Supremo, que en la actualidad tiene una mayoría conservadora.

«La intención siempre ha sido llevar al Tribunal Supremo de Estados Unidos a que revoque Roe v Wade. No lo han logrado. De hecho, las últimas decisiones del Tribunal Supremo han revisado leyes restrictivas de Louisiana y Texas y han sostenido el derecho fundamental a terminar embarazos», indicó la profesora.

Explicó que en las terminaciones de embarazo no solo se tratan del derecho a la intimidad, sino también del derecho a la vida, de la calidad de vida de la mujer, o el derecho a la igualdad y de que no se discrimine contra las personas gestantes.

La profesora piensa que algunos proponentes de proyectos antiaborto radican las medidas no solo para revocar el derecho, sino para cumplir con promesas de campaña, porque muchos de sus electores sí apoyan esas restricciones o incluso porque hay segmentos de esos grupos fundamentalistas que financian campañas políticas.

Vicente señaló a Microjuris.com que algunos intentos de reducir el acceso a las terminaciones de embarazo han fracasado, como el Proyecto del Senado 950 presentado en Puerto Rico el pasado cuatrienio y que no fue convertido en ley.

La medida imponía, entre otras cosas, nuevas condiciones para las clínicas que realizan abortos en Puerto Rico.

Estos sectores han logrado que en algunos estados no hayan clínicas para realizar abortos, obligando a las mujeres a trasladarse de jurisdicción para terminar un embarazo no deseado.

«Las mujeres tenemos el derecho de terminar un embarazo no deseado, pero el estado no tiene que proveer las condiciones para hacerlo realidad. Por lo tanto, se han impuesto en algunos estados tantos requisitos que las clínicas han cerrado. Como usted sabe, han matado médicos también. Todo eso ha redundado en que, en algunos estados de Estados Unidos, mujeres que viven en zonas apartadas, zonas rurales, pueblos pequeños, tiene que movilizarse por horas y algunas ir a otros estados a buscar ese servicio», sostuvo Vicente.

Pero, ante la nueva composición del Supremo federal, ¿podrán revocarse Roe v Wade?

Al igual que Fraticelli, Vicente piensa que no.

«Yo lo dudo. No es tan fácil revocar un derecho constitucional fundamental, derecho a la intimidad, después de tantas décadas. Roe v Wade es de 1973, para los jueces no sería fácil. Es un derecho que ya es parte de la cultura jurídica de Estados Unidos. Creo que el juez (presidente John) Roberts, (el juez asociado Neil) Gorsuch, incluso (el juez asociado Brett) Kavanaugh, son juristas que conocen la obligación de ellos como jueces de adjudicar. Me parece que no va a ocurrir, y por qué lo digo, porque a pesar de la nueva composición del tribunal, los jueces del Tribunal Supremo tienen todos sus valores, sus creencias, sus posturas sobre diversos aspectos, pero operan en un estado de derecho, y en una sociedad y cultura, y observan lo que está ocurriendo en el país, y saben, o deberían saber que esto es un sector fundamentalista, no es ni siquiera todas las personas religiosas, ni todos los estados. No creo que Estados Unidos haya perdido su norte a este extremo», sostuvo.

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