El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó una petición de amicus curiae o amigo de la corte en el caso del Consejo de Titulares del Condominio San Patricio II v. MAPFRE Insurance Co. para —según explican— evitar que se creen dos categorías de abogados y abogadas.
La controversia planteada en el recurso trata sobre la implementación e interpretación de los Cánones de Ética Profesional y el Reglamento del Tribunal Supremo para que personas no admitidas a la práctica de la abogacía en Puerto Rico puedan válidamente ejercer la profesión en el archipiélago.
El CAAPR sostuvo en declaraciones escritas que, como portavoz de los miles de abogadas y abogados que voluntariamente permanecen colegiadas, tiene un deber moral, institucional e histórico de hacer pública su posición sobre la controversia.
El Colegio llamó al Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) a que investiguen y analicen el carácter ético de los profesionales involucrados en el pleito para que no conviertan el Canon 33 del Código de Ética Profesional y la Regla 12 del Reglamento del Supremo en una puerta ancha que permita la existencia de dos clasificaciones para la abogacía en el archipiélago.
Para el Colegio, es importante que no se cree una categoría de abogadas y abogados sometidos al poder disciplinario del Tribunal Supremo y otra de profesionales que pueden ejercer la profesión sin licencia local porque no acuden a procedimientos ante los tribunales.
«Nuestra comparecencia, más bien, persigue ilustrar al tribunal sobre lo que nuestra casi bicentenarios experiencia nos ha enseñado que es la abogacía. El ejercicio de una honrada profesión de ninguna manera está limitada a la exclusiva práctica de comparecer ante los tribunales en pleitos contenciosos o a procedimientos de arbitraje o mediación. La práctica de la abogacía tiene diversas manifestaciones», señalan.
Sin embargo, el Colegio aclaró que su comparecencia no debe interpretarse como una a favor o en contra de alguna de las partes en el pleito. También aclararon que su comparecencia tampoco pretende que se impongan sanciones disciplinarias a los abogados involucrados en la controversia.
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