Los representantes oficiales del Departamento de Justicia son las únicas personas autorizadas a escuchar el contenido de las vistas que se celebraron el 25, 26 y 31 de marzo de 2021, cuando Andrea Ruiz Costas buscaba una orden de protección contra su expareja.
Así lo ordenó el juez superior Ricardo Marrero Guerrero, cuando decretó una orden protectora para proveer acceso exclusivo a las personas que trabajan en el Departamento de Justicia.
De lo contratio, la orden advierte que se les podría señalar por desacato.
«Se prohíbe, bajo apercibimiento de desacato, a cualquier persona que no sea representante oficial del Departamento de Justicia en la descargue de sus responsabilidades oficiales, el escuchar o divulgar el contenido de las mismas, para cualquier propósito ajeno al sumario fiscal», expone la orden.
Según la orden protectora, el fin es evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar de Ruiz Costas.