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Retiro de la Judicatura está cerca de enmiendas

Llegará pronto a La Fortaleza.

Durante la recién concluida sesión ordinaria, se aprobó el Proyecto del Senado 188 con el fin de enmendar la Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. 

La medida está próxima a pasar a la consideración del gobernador, Pedro Pierluisi, para su firma o veto.

Esta pieza legislativa presentada por la senadora Marially González Huertas dispone que la Administración de los Sistemas de Retiro realice un estudio actuarial para determinar la aportación compulsoria para la compra del seguro por incapacidad y la posibilidad de ofrecer dos o más opciones de aseguradoras que provean el seguro por incapacidad.

En el 2013, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reformó el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos mediante la aprobación de la Ley 3 de 2013 que entre otras cosas, eliminó las pensiones por incapacidad y estableció un seguro por incapacidad obligatorio para todos los empleados públicos.

A estos fines, se enmendó la Ley 447 de 1951 conocida como Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la cual se estableció que:

El Administrador, con la aprobación de la Junta, establecerá un programa de beneficios por incapacidad, el cual proveerá una anualidad temporera en caso de incapacidad total y permanente. Los beneficios por incapacidad podrán ser provistos a través de uno o más contratos de seguro por incapacidad con una o más compañías de seguro autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. La determinación de si una persona está parcial o total y permanentemente incapacitada será hecha por la compañía de seguros que emita la póliza de seguro cubriendo a la persona. Todos los participantes del Programa que sean empleados se acogerán al programa de beneficio por incapacidad en la manera y forma que establezca el Administrador.

Posterior a la aprobación de esta ley, en el 2014, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura determinó implantar una deducción fija a todos los empleados públicos en sus cheques, para el pago de un seguro por incapacidad.

Sin embargo, esta determinación la hicieron sin que las y los empleados públicos conocieran quién sería el proveedor de dicha póliza ni los beneficios que ofrece la aseguradora.

En conformidad con la Ley 3 de 2013, la ASR determinó utilizar una sola compañía aseguradora para proveer el seguro por incapacidad.

Según plantea el proyecto, ocasionó que cientos de empleados públicos no recibieran una póliza de seguro lo más competitiva posible, generando mucha preocupación en aquellos empleados públicos que no cuentan con beneficios de una pensión de incapacidad provista por el Seguro Social.

Legislación anterior

En el 2014, la Asamblea Legislativa presentó la Resolución de la Cámara 1147, del exrepresentante Carlos Bianchi Angleró, con el propósito de investigar el otorgamiento de la póliza del beneficio por incapacidad a una sola compañía.

Como resultado de la investigación, en conformidad con dicha Resolución, Bianchi Angleró junto con la entonces representante y ahora Comisionada Residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, radicaron el Proyecto de la Cámara 2902, para facultar al empleado público de escoger la póliza de seguro por incapacidad que más le convenga al empleado entre las opciones presentadas.

Posteriormente, la medida fue vetada y no se convirtió en ley.

Por su parte, la pasada Asamblea Legislativa en el 2017, presentó y aprobó el Proyecto de la Cámara 249 del entonces representante Félix G. Lasalle Toro, a los fines de que la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura pudiera proveer más de una opción de seguro por incapacidad y proveer mecanismos que pudieran garantizar la libre selección del proveedor por parte de los empleados públicos. Sin embargo, la medida tampoco se convirtió en ley.

En la exposición de motivos del proyecto de la Cámara antes mencionado, se resalta a modo de ejemplo, cómo la competencia alegadamente logró mejores precios y cobertura de pólizas de seguro que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Vehículos, desde el 1995 hasta el 2012, que tenía como único proveedor del seguro obligatorio a la Asociación de Suscripción de Vehículos.

La medida añade que, durante ese periodo, no se mejoró la cobertura, ni se redujo el costo, y su servicio fue deficiente, por lo que en el año 2012 se legisló para abrirlo a competencia y desde entonces, han entrado otras aseguradoras que han mejorado la cobertura y la oferta de servicios que proveen.

La autora de la medida entiende que es necesario realizar un estudio actuarial recurrente, que vele porque a pensionados y empleados participantes del Sistema de Retiro se le ofrezcan mejores beneficios sin que se afecte negativamente el costo de la prima.

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