Durante una extensa vista de cerca de seis horas, la jueza Laura Taylor Swain escuchó hoy casi todos los argumentos de cierre en las vistas que comenzaron el pasado 8 de noviembre donde se discute si se acepta el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) negociado entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los acreedores de la multimillonaria deuda del gobierno de Puerto Rico, que ha llevado a la bancarrota las finanzas públicas del país.
Junta de Supervisión sigue adelante con el Plan de Ajuste
La jueza terminó de escuchar a decenas de abogados que representaban a acreedores a favor y en contra del plan, pero al filo de las 5:30 p.m., ordenó recesar y que quede pendiente un turno de refutación por parte de la JSF, que duraría unos 25 minutos. Luego, la jueza evaluaría dos vistas adicionales relacionadas al caso. Concluidas las argumentaciones, la jueza celebraría vistas adicionales relacionadas al caso.
“No he llegado a una decisión definitiva en nada”, sostuvo la jueza al principio de la vista.
Toda la sesión de la madrugada se enfocó en los deponentes que apoyan el PAD, comenzando por la junta. La JSF tendría 65 minutos para su argumentación final, e informó que tres abogados se repartieron la exposición. La jueza durante el fin de semana, en una orden escrita, les había comisionado explicar “las bases legales y de hecho” en las que alegan que el plan cumple con los requisitos de la ley federal que establece este mecanismo de quiebra y crea la junta, la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016).
Resumen los desafíos que ha pasado Puerto Rico
El primer turno le tocó a Brian Rosen, quien repasó los numerosos desafíos que ha enfrentado la isla desde la década pasada, como el huracán María, como la pandemia y las protestas que llevaron a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
Rosen dijo que fue en medio de ese ambiente que se comenzó a negociar la deuda, y agradeció el trabajo de los mediadores de la corte en el proceso, lo que llevó a numerosos acuerdos con grupos de acreedores, y que finalmente se tenga un octavo plan enmendado de la deuda.
Michael T. Mervis, otro abogado en representación de la JSF, dijo que el plan fue votado, y la mayoría de los acreedores aprobó el PAD.
Aunque reconoce que hay objeciones al PAD, trató de contextualizarlas usando ejemplos como al decir que, si se elimina el gasto en publicidad, esto incapacita la promoción turística de Puerto Rico, y si se elimina el gasto en recreación, esto reduce las posibilidades de que personas se muden a la Isla.
“Es un órgano vivo”, dijo Mervis.
Martin Bienenstock, otro abogado de la JSF, dijo que se cumple con el estándar para aprobar un plan a pesar de las objeciones de una de las clases. En cuanto al rechazo de los maestros, dijo que quedan en mejor posición que el promedio de los acreedores de su clase.
También cuestionó las acciones de la Asamblea Legislativa en sus expresiones en defensa a los pensionados.
“Es como si dijeran ‘gracias por cuatro años de trabajo, pero así es como trataremos a los pensionados’… eso es completamente contrario a las facultades de la JSF”, criticó Bienenstock.
Insisten en la aprobación del PAD
La jueza no tuvo preguntas, concedió un receso, tras el cual Peter Friedman, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, dependencia del gobierno, defendió las acciones recientes relacionadas a las leyes 80 a 83, e insistió en la aprobación del PAD.
“Lo más importante es que marca el fin de la junta en Puerto Rico”, dijo Friedman.
La jueza pasó a escuchar otro grupo de abogados, que representan a acreedores, elogiando el acuerdo. Los clientes de estos letrados ya habían negociado y avalado en negociaciones con la junta el PAD.
Contrario a los 65 minutos a los abogados de la JSF, estos letrados recibieron cuatro minutos cada uno para expresarse. Algunos reconocieron fallas del plan, pero que los beneficios superan estos obstáculos porque, como dijo uno de los letrados, “pavimenta el camino a Puerto Rico para salir de la quiebra.
“No hay duda de que el resultado de estos acuerdos es razonable”, dijo Martin Sosland, de la aseguradora FGIC.
“Hay aspectos antidemocráticos de la junta… es un plan impopular, pero pone las bases para una reactivación de la economía”, afirmó Mark Ellenberg, de la aseguradora Asure.
“El plan es en el mejor interés de los empleados públicos de Puerto Rico”, dijo Ken Pasquale, cuyo grupo American Federation of State, County and Municipal Employees, que dice representar a 9,000 empleados públicos en la Isla.
Asimismo, Robert J. Gordon, abogado del Comité Oficial de Retirados, elogió el plan y recordó que, contrario a la oposición de algunos, no se debe afectar el pago a los pensionados porque ese dinero fomentará la economía en áreas como reducir la migración, y ya los jubilados han sufrido recortes en sus pensiones por los errores fiscales del gobierno.
Gordon elogió el comité por su sabiduría en la toma de decisiones y su valentía porque enfrentaron años de críticas, algunas con motivaciones políticas “que no tienen nada que ver con los pensionados”.
“Los objetores quieren un plan perfecto”, sostuvo Nayuan Zouairabani, quien dijo que “las estrellas se han alineado…no es perfecto, pero entendemos que es la mejor opción para salir de la quiebra”.
Los elementos del plan “no tienen ningún sentido”, según bonista
En la sesión de la tarde, el primero en deponer fue el bonista Peter C. Hein, que destacó que elementos del plan «no tienen ningún sentido», que es contrario a disposiciones de la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos como las cláusulas de «taking» y de obligaciones contractuales, y que Puerto Rico desde 2016 se ha mantenido pagando sus obligaciones, con miles de millones de dólares en efectivo en sus arcas pero sin cumplir con los bonistas.
«No ha habido ni un centavo para los acreedores», dijo Hein.
El bonista enumeró diversas partidas, incluyendo algunas que dijo emanan de expertos de la Junta, de cómo Puerto Rico puede mejorar sus finanzas y cumplir con sus obligaciones. «El superávit es diez veces más grande», aseguró.
Asimismo, Hein puso en duda que con el PAD se lograra uno de los objetivos de Promesa, y es que Puerto Rico pueda regresar a los mercados.
Otro bonista, Arthur Samodovitz, criticó la poca participación en la votación del PAD, que se violó la constitución y aseguró que el plan no es en el mejor interés de los bonistas.
Advierten sobre el efecto del PAD al sistema educativo público
Mientras, José Barrios Ramos, abogado de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, planteó cómo afecta el PAD a los educadores, aseguró que se están usando disposiciones de ley que no aplican a Puerto Rico y en contra del debido proceso de ley.
Ramos también mencionó que solamente algunos maestros pueden ahora beneficiarse de seguro social. Advirtió que los maestros podrían tener una causa de acción por daños porque tienen una expectativa de ingreso, que le está siendo injustamente quitada.
«Los maestros no están obteniendo nada», aseguró Ramos.
Concluyó relatando testimonios vertidos en las vistas de cómo maestros se están viendo afectados, incluyendo una educadora que dijo que tendría que elegir entre pagar medicinas o su comida.
«Le pedimos que miren la realidad del maestro», leyó en español, antes de traducirlo.
Por su parte, el abogado de la unión SEIU/UAW, que agrupa a numerosos empleados públicos, Peter Chiara, objetaron nuevo lenguaje propuesto por la Junta en sus recientes mociones del fin de semana en contra de alzas en las pensiones, y cuestionó el alcance del poder de la JSF.
«La junta no es una Junta de Control Fiscal», indicó Chiara.
En la vista también se leyó la ponencia del licenciado Charles Cuprill, quien no pudo estar presente por razones médicas, y en representación de la Sucesión Pastor Mandry Mercado, quien tiene una demanda cuya compensación está pendiente en la corte estatal, objetó la constitucionalidad del PAD.
El abogado Alex Fuentes planteó que se debe crear una nueva clase para incluir a su representado porque «no estamos en el mismo bote» que otros acreedores.
Mientras, la abogada María Figueroa pidió a la jueza que «no certifique el plan» y le pidió que emitiera una orden que expresara que reclamaciones como la de su cliente deben pagarse «en su totalidad» por las protecciones constitucionales que le aplica contra el «taking».
«La junta alega que la confirmación del plan es la única forma de evitar el caos», dijo irónicamente la letrada.
Luego, Eduardo Capdevila, por el acreedor Finca Matilde, sostuvo que este caso del PAD no es uno de supervivencia del más fuerte, y para evitar eso está la Carta de Derechos de la Constitución, que establece que la propiedad privada no se puede quitar sin debida compensación, y citó las disposiciones de ley estatal que establecen que una vez el dinero en una reclamación legal ha sido separado, ya pertenece a la otra parte.
«El plan no tiene que ser perfecto. Tiene que ser legal», afirmó.
En uno de los pocos momentos en que la jueza hizo preguntas a los deponentes, ya sea a favor o en contra, fue con un abogado de Suiza Dairy, Rafael González Valiente, a quien le pidió que citará las disposiciones específicas de ley en relación a su reclamo.
Aseguradora muestra su oposición al PAD
La aseguradora Mapfre, representada por su abogado, también se opone al PAD, bajo la premisa de que dinero ya consignado en un pleito le pertenece a ellos, y le
Mientras, Enrique Almeida, en representación de un grupo de cooperativas, dijo que también estas entidades son víctimas de «taking» por demandas pendientes, no han sido justamente compensados, y el gobierno coaccionó a las cooperativas en una transacción.
«El plan no es confirmable», dijo Almeida.
Previo a los argumentos de cierre, hubo diversas mociones sometidas durante el fin de semana que consumieron parte del debate entre los representantes legales de las partes.
La JSF ha expresado confianza que la jueza apruebe el PAD, objeto de numerosas críticas por personas que entienden que es impagable, porque representaría el fin de la quiebra para Puerto Rico, coloca a Puerto Rico a comenzar a pagar una deuda que fue reducida a la mitad, y que podría conllevar en unos cinco años al fin del régimen de la Junta en Puerto Rico.