El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha comenzado a recibir recursos de diversos grupos y estados en oposición a las recientes directrices del presidente Joe Biden para fomentar la vacunación contra el COVID-19, esto en momentos en que el Sexto Circuito federal del Tribunal de Apelaciones diera el pasado viernes luz verde -por el momento- a la orden que hace obligatoria la vacunación en empresas.
El Supremo le dio a la administración Biden hasta el 30 de diciembre para defenderse de las alegaciones en su contra por el mandato de vacunación en empresas de más de 100 empleados. El gobierno federal tiene hasta ese mismo 30 de diciembre para expresarse sobre los argumentos en su contra y responder a las alegaciones de las personas que se oponen a la directriz para que personas empleadas en el sector médico tengan que vacunarse.
«La batalla no ha terminado, le queda un último ‘round’, que es el Tribunal Supremo federal, van a ir en alzada y veremos si lo acogen o no, la batalla no ha terminado pero el estado de derecho hoy es que el Emergency Testing Standard (ETS) es válido», dijo María Judith «Nani» Marchand-Sánchez, socia fundadora del bufete Ferraiuoli LLC, abogada y mediadora certificada y quien se especializa en la representación de patronos en casos laborales.
La orden judicial más reciente en esta controversia es del viernes pasado cuando en una opinión de 57 páginas de la jueza Jane B. Stranch, del Sexto Circuito, disolvió la orden que paralizaba el mandato de Biden, y que había sido emitida por el panel del Quinto Circuito.
La controversia pasó del Quinto Circuito al Sexto Circuito cuando llegaron a diversos tribunales apelaciones sobre la vacunación obligatoria, por lo que se activó la herramienta de un sorteo y todos los casos quedaron consolidados ante el Sexto Circuito, que ayer apoyó la directriz de Biden.
“La pandemia del COVID-19 ha creado caos por todo Estados Unidos, causando la pérdida de más de 800,000 personas, cerrando lugares de trabajo y empleos a través de todo el país y amenazando nuestra economía”, dice parte de la opinión de la jueza, que advierte que “la vieja normalidad” no va a regresar.
Bajo la orden de Biden, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) impuso que a empresas de más de 100 personas empleadas deben obligar a sus empleados y empleadas a vacunarse contra el COVID-19, o solo podrán regresar a trabajar presencialmente si entregan resultados semanales de laboratorio de que no tienen la enfermedad.
En el extenso escrito del viernes, el apelativo entiende que cualquier posible daño de los demandantes, que incluyen grupos religiosos, empresas y estados como Texas, no supera el interés público de salvar vidas.
“En una estimación conservadora, OSHA encuentra que el ETS (sistema de emergencia de pruebas) ‘salvará a más de 6,500 trabajadores’ y previene más de 250,000 hospitalizaciones en solo seis meses. Una paralización pone en riesgo estas cifras, indiscutiblemente un perjuicio significativo para el público. El daño al gobierno y al interés público supera cualquier daño irreparable a los peticionarios individuales que pueden estar sujetos a una política de vacunación», lee la orden del apelativo.
El sábado, a pocas horas de la opinión del Sexto Circuito, OSHA emitió varias órdenes administrativas, y estas aplicarán a empresas en Puerto Rico, según Marchand-Sánchez, conocedora de temas laborales.
La abogada explicó que todos los patronos tienen hasta el 10 de enero para implementar la nueva política federal, seis días adicionales al término original que era hasta el 4 de enero, y tienen hasta el 9 de febrero para tener el programa ya en operación. Para ese periodo, la empresa debe tener constancia del estatus de vacunación de sus personas empleadas y haberles provisto adiestramientos en un lenguaje que puedan entender sobre las nuevas directrices.
Antes de esas fechas, dijo Marchand-Sánchez, OSHA ha indicado que no se darán citaciones por violaciones al ETS. Las posibles sanciones van desde la multa al cierre del negocio, medidas que «fortalecen aún más el llamado a la vacunación».
Marchand-Sánchez reiteró que en Puerto Rico las empresas tienen que cumplir con estas nuevas órdenes de OSHA. Dijo que hay patronos que pudiesen estar esperando ver qué resolvían los tribunales apelativos, pero su orientación a sus clientes es que deben seguirse preparando para el inicio de estas políticas.
«Si lo ponemos en el contexto histórico, sobre todo en Puerto Rico donde tenemos una orden nueva, entran nuevas restricciones, con una tasa de positividad de 12%, se convierte en más relevante que nunca este tipo de recomendación, que todos los patronos con más de 100 personas empleadas o más tiene que hacer que todos y todas se vacunen, aunque la determinación provee una alternativa de ‘testing’ semanal para las personas que no culpan con la vacunación», agregó Marchand-Sánchez.