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Realizan importantes recomendaciones al nuevo proceso de clemencias ejecutivas

La catedrática auxiliar de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Iris Yaritza Rosario Nieves, analizó en detalle para Microjuris la nueva Orden Ejecutiva 2021-83, que crea por primera vez en la historia un proceso de otorgación de clemencias ejecutivas.

La creación de un Comité Asesor sobre las Clemencias Ejecutiva, que responderá directamente al gobernador, y fijará unas guías procesales para la evaluación que deberá seguirse, es una iniciativa de avanzada, sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi debe reconsiderar el periodo de evaluación en el caso de las clemencias denegadas.

Esta fue la opinión la catedrática auxiliar de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Iris Yaritza Rosario Nieves, quien analizó en detalle para Microjuris la nueva Orden Ejecutiva 2021-83, que crea por primera vez en la historia un proceso de otorgación de clemencias ejecutivas.

Una mirada profunda al nuevo proceso de clemencias ejecutivas

“Hay una parte en la cual el gobernador dice que el indulto debe ser evaluado en dos años, y si no es evaluado, la persona tiene que creer o presumir que no se le concedido. Antes de trascurrir dos años adicionales, la persona no puede solicitar el indulto de nuevo, al menos que existan unos cambios sustanciales que muevan la discreción del gobernador de manera distinta a como ya se había realizado la determinación previa”, expresó la licenciada durante una entrevista.

La Orden Ejecutiva establece, entre otras cosas que, en el caso de las clemencias denegadas, la persona deberá esperar dos años desde que recibió la decisión final para poderla solicitar nuevamente. De la clemencia ejecutiva ser denegada porque la información ofrecida fue falsa, el solicitante no podrá volver a pedir una clemencia ejecutiva por un periodo de cuatro años.

“El gobernador puede decirle a una persona que le solicitó en diciembre de 2021, y no le concedió nada, ‘no me solicites nada dentro de los años siguiente que yo esté aquí’. Pero, el gobernador, no puede autolimitar al próximo gobernador con ese término. Si yo en el 2021 consideré un indulto, y en el 2023 ya se dijo que no se le iba a conceder, el gobernador no le puede decir a la persona confinada ‘tienes hasta el 2025 para volverla a presentar, porque él no sabe si va a ganar las próximas elecciones’”, destacó.

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En torno a las clemencias ejecutivas presentadas ante los pasados gobernadores, y que están pendientes de examinar, el Comité deberá, en un periodo de dos años posteriores a la Orden Ejecutiva, evaluar esos casos y emitir una recomendación. De haber transcurrido este término y el gobernador no conceder la clemencia ejecutiva se entenderá que la misma fue denegada y archivada.

Conoce el procedimiento regular de clemencias ejecutivas tras la nueva Orden Ejecutiva

De igual forma, la Orden Ejecutiva, además, establece que la próxima solicitud deberá ser acompañada con un sello o sellos de rentas internas para un valor total de $100 para el fondo general. Para solicitar nuevamente deberá demostrar cambios sustanciales desde la denegación.

“El sello en los $100 es una barbaridad porque eso perjudica a las personas que son indigentes”, opinó la licenciada, quien de todas formas reconsidera que la Orden Ejecutiva es una de avanzada y representará los mejores intereses de la ciudadanía.

El Comité Asesor sobre las Clemencias Ejecutivas, como parte de los trabajos, junto al Programa de Comunidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) recibirán, tramitarán y supervisarán todo lo relacionado a la concesión de clemencias ejecutivas.

El ente será presidido por el asesor legal del gobernador y estará integrado por personal de la oficina del primer mandatario, entre otras que sean designadas.

Sin embargo, la creación de este comité y sus recomendaciones no menoscaban los poderes constitucionales otorgados al gobernante de alterar o conmutar determinaciones judiciales, disminuir la pena y otorgar clemencias ejecutivas. Estos poderes son exclusivos, absolutos, ilimitados y no pueden ser interrumpidos, abolidos o limitados por actuación legislativa o judicial alguna.

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